Mar 07.06.2016

EL PAíS  › LA INVESTIGACIóN POR ESPIONAJE

La causa sigue

La Fiscalía de Casación Penal N°1, a cargo del fiscal Javier De Luca, presentó ayer un recurso de queja ante la Corte Suprema contra el sobreseimiento de ex agentes de inteligencia periodistas acusados de “pinchar” las cuentas de correo electrónico de distintos dirigentes políticos y figuras del espectáculo, entre ellos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Para la fiscalía, la Sala III del tribunal de Alzada incurrió “en un exceso de jurisdicción” al sobreseer a periodistas y ex agentes de inteligencia acusados ya que “debía ceñirse a analizar la admisibilidad del planteo, es decir, si el recurso contaba con fundamento suficiente para dar sustento a la causal invocada y no decidir como lo hizo”.

En un fallo emitido el 24 de mayo de 2016, la Sala III de Casación resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de los procesados bajo la invocación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. La medida benefició a Juan Bautista Yofre, Héctor Alderete, Pablo Carpintero, Carlos Pagni, Daniel Reimundes, Roberto García, Néstor Ick y Edgar Mainhard, a quienes había procesado la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien luego se arrepintió de su propia investigación. Los involucrados habían sido procesados por los delitos de asociación ilícita, espionaje y encubrimiento.

Para la fiscalía, la Sala incurrió “en un exceso de jurisdicción”, así como también consideró que era “arbitrario” el sobreseimiento dictado por todos los hechos bajo cualquier calificación, ya que, “aun cuando se considerase que no se configuró el delito de espionaje (art. 2 ley 13.985), de todas maneras subsistía la imputación por el delito de asociación ilícita para cometer violaciones de secretos”.

Arroyo Salgado procesó a Yofre, Pagni y el resto de los acusados por de asociación ilícita, espionaje y sustracción de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público y la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos. El fallo que fue revertido por la Sala III de Casación Penal, aunque días antes de esa decisión, la misma jueza dictó un fallo, que fue cuestionado por Casación, con el que dio marcha atrás en su propio expediente.

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