Lázaro Báez consiguió ayer que los jueces de la Sala II de la Cámara Federal lo escuchen en una audiencia atípica, en la que protestó por su detención y cuestionó al juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de dinero en su contra, a quien acusó de “no llevar la investigación de manera imparcial”. Un rato después estaba convocado su hijo Leandro Báez para que explique por qué pidió apartar a Casanello. Sus abogados presentaron un escrito en el que cuestionan que el juez no avanzó con medidas de prueba referidas a Cristina Kirchner y señalan que él mismo está investigado en un expediente por presunto prevaricato en los inicios de este caso. Como está a la vista, hay una avanzada fuerte para sacar al juez pero el objetivo es involucrar a la ex presidenta. La Cámara debe resolver tanto sobre la situación de Báez como la recusación.

La audiencia del empresario fue a solas con los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, más el secretario. “No comprendo por qué estoy detenido”, se quejó ante los camaristas, a quienes dijo que el expediente tiene tres años y que él siempre se presentó ante citaciones judiciales, es decir, que no habría razones para suponer su fuga, relataron allegados a la causa. También advirtió que sus abogados pidieron medidas que no fueron tenidas en cuenta por el juzgado y que Casanello tiende a perjudicarlo, actuando –a su modo de ver– de manera parcial. Se refirió al contenido mismo de la investigación, en la que está procesado por lavado de dinero, y dijo que no está demostrado el “delito precedente”, como la utilización de facturas truchas que le adjudicó el juez y que él niega.

Báez trató de defender su actividad con el argumento de que su empresa Austral Construcciones se presentaba a las licitaciones de obras públicas como cualquier otra, y hacía las obras, pero dijo que él era ajeno a los precios establecidos. “Si hubo sobreprecios o no, no es un tema mío”, señaló. Eso no es lo que se investiga en esta causa, pero su planteo va en línea con el que hizo la semana pasada por escrito, al pedir que se investigue a todos los adjudicatarios de las obras públicas y a los órganos estatales implicados que intervenían en cada caso. En un comienzo Casanello lo procesó por lavado de 5,1 millones de dólares que su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y el hijo de éste aparecían contando en una filmación de seguridad de la financiera SGI; el segundo es por una maniobra por la que se adquirieron bonos de la deuda por más de 32 millones de dólares, fueron vendidos y reingresados a través de la firma Helvetic Services Group en nueve cheques. La audiencia de Báez con los camaristas duró cerca de media hora, de las seis que estuvo en los tribunales federales. En ese lapso, lo visitó su hijo Martín, también procesado, pero en libertad.

Otro de los hijos, Leandro Báez, si bien no fue llamado a indagatoria ni fue formalmente imputado, considera que como está mencionado y tuvo allanamientos puede presentarse en la causa. Su aparición en el expediente, hace pocos días, fue muy sugestiva: lo hizo para pedir el apartamiento del juez Casanello y adjudicarle un vínculo con Cristina Kirchner. Su planteo inicial se basó en versiones periodísticas acerca de reuniones entre ambos y con Báez, que Casanello rechazó formalmente. Tanto él como la ex presidenta negaron conocerse y haber hablado entre sí.

Ayer, a la audiencia ante la Cámara, los abogados de Báez hijo, Claudia Balbín y Santiago Viola, llevaron un escrito donde aportan información que dicen haber recibido en forma anónima y que mostraría una coincidencia el 6 de agosto del año pasado en las ubicaciones de los celulares de Báez y de Casanello, que habrían estado en la “celda” correspondiente a la Quinta de Olivos. Junto con todo esto, Leandro Báez se quejó por el embargo de los autos de colección. Pero también señaló que Casanello no debería intervenir porque poco después de iniciada la causa por lavado (tras una ya célebre aparición televisiva de Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar) fue imputado por el fallecido fiscal Gerardo Di Masi ante una denuncia de Elisa Carrió que lo involucraba por falta de impulso a la causa junto al fiscal Carlos Gonella (ex titular de la Procuraduría antilavado) y a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Gonella fue procesado.

Así las cosas, la Sala II tiene dos grandes cuestiones por resolver: si confirma o no el procesamiento con prisión preventiva de Báez y del contador Pérez Gadín, más los procesamientos de sus hijos y otros imputados; y si acepta la recusación contra Casanello planteada por el otro hijo de Báez, Leandro.

En Tribunales nadie termina de definir qué relación hay entre la presentación de Leandro Báez y su padre. Lázaro, por lo pronto, no ha involucrado a la ex presidenta en sus planteos. Lo que todo el mundo da como un hecho es que detrás de la avanzada para desplazar al juez y atacar a CFK está, como escribió el periodista Raúl Kollmann, la vieja escudería que responde judicialmente al ex jefe de operaciones de la ex SIDE Antonio Stiuso. Vinculada con esa arista estuvo la aparición de la abogada Elizabeth Gasaro (del estudio del ex juez Héctor Yrimia) quien defendía a Lázaro Báez en una causa sobre la construcción del mausoleo de Néstor Kirchner. Báez la desvinculó ayer de su defensa “en virtud de los acontecimientos del dominio público ocurridos el viernes 2 de junio”, dice un escrito, en alusión a la filtración de la grabación de una conversación entre ambos, donde él alude a Casanello como un “corrupto” y ella le dice que se quede tranquilo que todo “se termina esta semana” y que “al juez le comprobaron llamadas con la señora” (por CFK).

En pos de la estrategia que apunta como objetivo central a CFK, circulan versiones de que declararía la ex esposa de Báez para decir que mantenían una estrecha relación y sugerir que ella le daba instrucciones. También hay quienes apuestan a que Báez, en busca de recuperar la libertad, declare como una especie de arrepentido a cambio de dar información.