EL PAíS › UNA INTEGRANTE DE LA TUPAC PROTESTA POR LAS CONDICIONES DE SU PRISIóN
La Tupac señaló que el juez Pullén Llermanos utiliza a personas privadas de su libertad para que denuncien a integrantes de la organización. A María Molina le negó hasta el traslado a la cárcel.
Una integrante de la Tupac Amaru comenzó ayer una huelga de hambre para denunciar las condiciones de detención en la que se encuentra en la Comisaría de la Mujer de Jujuy. Se trata de María Molina, quien fue detenida hace poco más de un mes en el marco de una causa por un enfrentamiento entre grupos ocurrido en 2007.
Según denunció la organización Tupac Amaru, “los techos tienen varias goteras y llueve dentro de la celda” en la que permanece encerrada Molina, quien, “a pesar de haber llevado su propio colchón, es obligada a dormir en el piso cuando sufre una hernia de disco”. La organización advirtió también que las personas que permanecen detenidas en el establecimiento “no cuentan con agua caliente ni calefacción”. La Comisaría de la Mujer había sido denunciada en enero pasado debido a las carencias en sus condiciones de habitabilidad por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, Julia Perié, quien visitó allí a la líder de la Tupac, Milagro Sala, cuando todavía se encontraba alojada en ese lugar. Sala fue trasladada al penal de Alto Comedero tras la presentación de Perié, donde lleva casi cinco meses de prisión acusada de distintos delitos para justificar su privación de libertad.
“En la Comisaría de la Mujer, y tal como lo denunció en su momento la diputada Julia Perié, no están garantizadas las condiciones mínimas de reclusión. El maltrato y las condiciones inhumanas a las que someten a las personas detenidas violan sistemáticamente los tratados internacionales con rango constitucional suscriptos por nuestro país”, denunció la Tupac a través de un comunicado en el que el colectivo exigió “la inmediata libertad de la compañera, que se respeten las condiciones mínimas de detención de todas las personas privadas de su libertad en la provincia y el cese de la persecución política”.
En el mismo texto, desde la organización social señalaron que hacen “directamente responsables de la integridad física” de Molina “al gobernador (jujeño) Gerardo Morales, al Presidente Mauricio Macri y a su ministro de Justicia Germán Garavano” por el estado habitacional en el que se encuentra detenida Molina y “al igual que en el caso denunciado sobre las condiciones inhumanas de detención de Milagro Sala y las internas del penal donde se encuentra alojada”.
La causa por la que se encuentra detenida la integrante de la Tupac Amaru tiene que ver con un confuso hecho con arma de fuego entre dos bandas, sucedido el 27 de octubre de 2007, en el Barrio San Francisco de Alava, de la capital jujeña, tras el cual se abrió una causa por “homicidio en grado de tentativa” en la que se imputó inicialmente a Jorge Rafael Páez y Fabián Ávila. Páez permaneció prófugo hasta mediados de febrero de este año, cuando fue capturado en Salta, luego trasladado a Jujuy y alojado en el Servicio Penitenciario provincial. Por estos días, no obstante, Páez no está preso en una celda, sino que goza de prisión domiciliaria. El juez a cargo de la investigación, Pablo Pullen Llermanos, le otorgó ese beneficio luego de que el hombre vinculara a Sala en la situación.
En el marco del mismo expediente, Pullén Llermanos también imputó a Molina por “encubrimiento agravado” y ordenó su detención. Según afirmaron desde la Tupac, la “única prueba” en su contra es una declaración testimonial que ofreció la hija de Páez, Yésica Páez, quien la habría vinculado con Fabián Avila, quien aún permanece prófugo.
“El juez Pullen Llermanos utiliza a personas privadas de su libertad con elevadas penas para que denuncien a integrantes de la Tupac Amaru a fin de tener argumentos –aunque absolutamente endebles– para detener a éstos últimos”, denunció la organización. Por otro lado, la Tupac Amaru afirmó que “a pesar de llevar Molina más de un mes detenida, y no mediar razón, el juez le negó el cese de detención primero y el pedido de traslado al penal de mujeres después”.
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