El juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex secretario de Obras Públicas José López, a quien se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El magistrado determinó además un embargo en su contra por 200 millones de pesos y rechazó el pedido del fiscal Federico Delgado para que la causa le sea enviada al juez federal Julián Ercolini, quien lleva un expediente por presunta asociación ilícita entre funcionarios del gobierno kichnerista, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y empresarios de la obra pública. López permenece detenido desde el 14 de junio cuando fue encontrado tratando de ocultar 9 millones de dólares en un monesterio de General Rodríguez.

En su resolución, Rafecas defendió la autonomía de la investigación que lleva adelante por el presunto enriquecimiento ilícito de López por entender que, de esa forma, el expediente podrá avanzar más rápidamente, lo mismo que el recupero de bienes malhabidos. Por otro lado, el juez resolvió también aceptar la incorporación como parte querellante de la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, que días pasados había solicitado tomar parte activa en esta investigación.

Con su resolución, Rafecas hizo lugar en forma parcial a los pedidos formulados por Delgado, quien había pedido el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas pero, también, había solicitado el envío del expediente a Ercolini para que lo incluyera en la investigación por presunta asociación ilícita.

En este sentido, Rafecas dispuso remitir una copia del expediente para que se lo investigue al detenido ex funcionario en la causa por corrupción que tramita en el juzgado de Ercolini, originada en una denuncia realizada en el 2008 por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. De todos modos, el magistrado mantuvo bajo su mando la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de López y dispuso su procesamiento y su embargo por 200 millones de pesos. Para Delgado, no se debería separar el enriquecimiento ilícito de López de lo que él considera el expediente central del caso, esto es la investigación sobre la obra pública durante las gestiones kirchneristas y los presuntos sobreprecios, porque entiende que de allí provino el dinero que tenía López.

En tanto, el fiscal Delgado citó a prestar declaración testimonial a tres personas que tuvieron llamados con los celulares de López el día anterior a su detención en el monasterio, en la madrugada del 14 de junio. Según fuentes judiciales, los peritajes realizados a los celulares del ex secretario de Obras Públicas determinaron que, entre la medianoche y el momento de su detención, no había recibido llamados pero sí tráfico de datos desde esos teléfonos.

En la resolución de 350 páginas difundida por el Centro de Información Judicial, Rafecas pidió además al fiscal Pollicita un pronunciamiento en relación a la posible unificación del expediente con la causa “Rovella y Carranza” que tramita en el juzgado que ocupaba Norberto Oyarbide, que es subrogado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

También, el magistrado fundó su decisión de procesarlo bajo prisión preventiva en el hecho de que “su libertad malograría el accionar investigativo, sobre todo si atiende a la clandestinidad de las maniobras tendientes al ocultamiento de valores habidos producto de delitos” investigados.

En el marco de la investigación del detenido ex funcionario kirchnerista se encuentran también bajo la lupa la evolución patrimonial de su mujer, María Amalia Díaz, y de su suegra, Lucila Amalia Corvalán de Díaz. Por lo pronto, en su resolución, Rafecas consideró que López no justificó la posesión en su patrimonio de las sumas de casi 9 millones de dólares, 153 mil euros, 59 mil pesos y dos relojes Rolex que les fueron secuestrados el 14 de junio, cuando fue sorprendido intentando ocultarlos en un monasterio de la localidad de General Rodríguez.