El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, con seis condenas por delitos de lesa humanidad en el haber, podría volver con arresto domiciliario a su amplia casa de Mar del Plata. Pese a que dos dictámenes del Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmaron que sus patologías pueden ser tratadas en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde pasa sus días, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata con votos de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle consideró que por sus 87 años, su hipertensión arterial y los riesgos de un accidente cerebrovascular (ACV) corresponde concederle ese beneficio. “Cuando cada juez de una democracia republicana defiende el respeto de la dignidad de una persona longeva y afectada en su salud, lo que está haciendo es defender a la humanidad toda, como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, se citó a sí mismo Castelli. La mudanza no se concretará porque Etchecolatz tiene prisión preventiva en otras causas. “Lamentablemente era previsible ya que hay un cambio claro de orientación de política judicial”, evaluó la abogada Guadalupe Godoy, impulsora de varias de las condenas, quien recordó que la ex mano derecha de Ramón Camps “fue y es el principal investigado” por la segunda desaparición de Jorge Julio López.

Etchecolatz fue condenado por primera vez a prisión perpetua en 1986, en el segundo y último juicio antes de las leyes de impunidad. Entre 2004 y 2016 recibió sólo cinco condenas porque centenares de crímenes todavía no llegaron a juicio. El 4 de abril, luego de que su defensa adujera que no estaba en condiciones de permanecer detenido, el CMF lo evaluó y concluyó que tenía un buen estado de salud aparente y un deterioro cognitivo propio de su edad. “Puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado o en cualquier otro que preste idénticas condiciones de atención y resguardo físico”, sostuvo.

Cuando el tribunal se aprestaba a pronunciarse, la defensa y el médico José Luis Francos, del Hospital de Ezeiza, advirtieron sobre “episodios de descompensación” y riesgos de “muerte súbita”. “Si tiene otro pico de presión pueden quedarle secuelas, puede tener un accidente cerebro vascular”, señaló Francos. Citados por el tribunal, tanto el médico como Nelsy Beatriz Medina, directora del hospital, plantearon que allí puede recibir “una adecuada atención desde el punto de vista médico”, que las descompensaciones podían darse tanto en el hospital como en su casa, aunque “desde una óptica humanitaria” y “por el soporte social que requeriría su cuadro” sugirieron que se contemplara el arresto domiciliario. Pero “técnicamente está asistido”, aclaró Medina. El CMF, por su parte, ratificó su posición: Etchecolatz “se halla asistido de manera adecuada”.

Los fiscales Rodolfo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, a partir de los dos dictámenes del CMF, entendieron que “puede ser debidamente asistido y tratado” en Ezeiza, citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual el pedido de domiciliaria debía ser rechazado y advirtieron sobre “el riesgo procesal” que traería aparejado el beneficio “en orden al claro relajamiento que significa para el control del detenido”. Sugirieron “extremar los recaudos” para garantizarle las visitas de sus familiares y que se analizara la posibilidad de trasladarlo a un penal más cercano a Mar del Plata.

El juez Roberto Lemos Arias, en línea con los fiscales y los peritos, entendió que el alojamiento en el hospital penitenciario no conduce “indefectiblemente a un agravamiento de su estado de salud” ni implica” un trato degradante o inhumano”. Ante “la concurrencia de dictámenes médicos objetivos que concluyen de manera determinante que las patologías” podían ser tratadas en su lugar de alojamiento actual, concluyó que el pedido debía rechazarse.

El voto de Castelli –al que adhirió Michelle– invocó en cambio “el principio de humanidad de las penas”. Por los “incuestionables problemas de salud”, su “hipertensión arterial de larga data”, los riesgos de un ACV, se pronunció a favor del arresto domiciliario. La Constitución impone “evitar la mortificación de presos ancianos y enfermos en las cárceles”, sostuvo Castelli, que ya se había pronunciado en esa línea en los casos de Rafael Mariani (condenado por sus crímenes en Mansión Seré), Miguel Angel Almirón y Edgardo Mastandrea. “El juzgamiento en una democracia republicana de cualquier sujeto encumbrado en una dictadura de exterminio y opresión siempre será acompañado por el respeto de la dignidad que lo caracteriza como ser humano”, escribió. Más allá de los dictámenes del CMF, el Hospital de Ezeiza, con 30 camas y una sola enfermera, “lejos está de acercarse a niveles de una cárcel con alguna atención geriátrica”, sostuvo. “La dictadura sembró terror y exterminio, pero el tratamiento humanitario de las personas juzgadas debe demostrarse proactivamente –al igual que respecto de cualquier interno– como demostración del respeto del hombre y del correcto funcionamiento de las instituciones republicanas”, afirmó. Apreció que por la edad y la salud del condenado no hay “indicadores de riesgo de fuga” aunque sí correspondería que usara una pulsera electrónica.

“Lamentablemente era previsible que esto ocurriera ya que hay un cambio claro de orientación de política judicial”, evaluó Godoy. “Este fallo demuestra que Etchecolatz podría estar cerca de obtener la domiciliaria. Muchos jueces hoy están tomando resoluciones incluso contra sus propios criterios previos. No es este caso porque Castelli ha sido coherente siempre. Pero hay un clima propicio en este contexto de discurso de ‘reconciliación’”, explicó. La abogada consideró que “es repudiable porque en el mismo fallo queda claro que está en condiciones de seguir detenido en (prisión) efectiva” y opinó que los votos de Castelli y Michelle “no parecen tener en cuenta que estamos a diez años de la desaparición de Jorge Julio López y que Etchecolatz fue y es el principal investigado por esa causa”.