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Por M. G.

O el subdirector de Gendarmería, Gerardo Chaumont, le mintió a Página/12, o la Gendarmería labró un acta irregular e inventó un documento público. Esa es la conclusión que se desprende de un documento interno de la fuerza de seguridad al que tuvo acceso este diario. Y otra más: si los textos son verdaderos, la actual cúpula de la Gendarmería participó hace poco más de un año en el castigo a un oficial por denunciar un acto de corrupción.
En diciembre, luego de la información sobre el polígono irregular, Chaumont se comunicó para hacer algunas aclaraciones, que fueron reflejadas fielmente aquí.
Un párrafo del comandante general Chaumont decía textualmente: “Desde junio de 2002 hasta enero de 2003 estuve ausente del país, prestando servicios en la República Democrática del Congo bajo la bandera de las Naciones Unidas. Anteriormente, presté servicios en la Dirección de Institutos, área ajena a todo tipo de contratación o licitación como la del Polígono”.
La aclaración de Chaumont se debió a que el contrato de adjudicación del polígono se produjo el 19 de noviembre del 2002.
Quiso decir: si estaba en el Congo, no pudo haber sido influyente.
Pero en la aclaración faltaban dos elementos.
El primero fue informado hace un mes: Chaumont había sido el jefe de gabinete de un director, el comandante general Hugo Miranda, que es quien comenzó a imaginar el negocio del polígono. Y un jefe de gabinete no es un valet sino la mano derecha de un funcionario.
El otro elemento surge de una pesquisa reciente.
Un acta disciplinaria que llegó a menos de este diario dice: “En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dos, siendo las once horas, en el edificio ‘Centinela’, sede de la Dirección General de Gendarmería, inicia sus deliberaciones la Junta Superior de Calificación de Oficiales, en cumplimiento de lo dispuesto por Disposición del señor Director Nacional, la que es presidida por el señor Subdirector Nacional, Comandante General D. Lázaro Mieres, e integrada como Vocales por los Comandantes Generales D. Omar Francisco Lanzoni, D. Eduardo Luis González, D. Gerardo Cristian Daniel Chaumont y D. Enrique Della Gaspera, actuando como Secretario el Director de Recursos Humanos, Comandante Mayor D. Oscar Virginio Traballoni”.
Si este documento es verdadero, eso significa dos cosas:
- Que Chaumont no estuvo todo el tiempo en el Congo.
- Que ocultó esta visita cuando fue consultado por Página/12.
- Que integró la Junta de Calificación con el actual director, Eduardo González.
Y si esos tres datos son ciertos, se abren varias hipótesis:
- Si Chaumont vino a Buenos Aires para integrar la Junta de Calificación, bien pudo haber venido por otros temas, como el polígono.
- Era suficientemente importante en la fuerza como para llegarse nada menos que desde el Congo para una reunión.
- Sólo pasó por aquí y ya que estaba lo llamaron para una reunión de la Junta.
- Sólo pasó por aquí y jamás se interesó por la suerte del polígono cuyo interés había registrado, como mínimo, como mano derecha de Miranda.
Pero lo más interesante es el motivo de la reunión que nucleó a buena parte de la cúpula de la Gendarmería, incluyendo a su rama congoleña. Debían tratar el caso del comandante del escalafón general Pablo Alberto Silveyra, que contaba entonces con 41 años de edad.
El acta es misteriosa. No explica razones. Pero registra críticas a Silveyra. El 19 de diciembre, unos días antes, el Consejo de Guerra Permanente de Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas sentenció a Silveyra a tres meses de arresto, y lo suspendió del mando, “por considerarlo responsable de la infracción esencialmente militar de ‘irrespetuosidad’”. Agregaba que el oficial contaba “con otros antecedentes negativos en su legajo personal, que han dado lugar a correctivos disciplinarios”. No los detallaba, pero esa vaguedad le bastaba para pedir que se expidiera la Junta de Calificación de Oficiales. A las 19 del 30 de diciembre, la Junta aprobó por unanimidad, según dice el acta, la propuesta de clasificar como “inepto para las funciones de su grado” a Silveyra con esta explicación: “(Es un) oficial jefe de cuyos antecedentes profesionales surge que pese a tener condiciones para desempeñarse en sus funciones ha incurrido en inconductas inadmisibles para su antigüedad y jerarquía, lo cual determina su separación del servicio activo de la Fuerza”.
El comandante quedó en disponibilidad, por lo cual se acercaría ahora al momento del retiro salvo una decisión del poder político en contrario.
Puede ser que Silveyra hubiera desplegado una carrera plena de irrespetuosidades, pero al parecer la mayor fue que en mayo de 2002 denunció ante la Justicia que unos días antes entraron a la guarnición de Campo de Mayo cuatro contenedores con dos mil cajas de cigarrillos de 50 cartones cada una para que fuesen destruidos. Pero según su denuncia, una parte no fue triturada ni quemada porque un comandante mayor, Jorge Roberto Villalba habría conseguido de Miranda una orden para recibir 110 cajas. Después empezaron a salir camiones civiles con las cajas, custodiados por gendarmes presuntamente a las órdenes de Villalba. “De acuerdo a la información que es vox populi en la guarnición, las cajas con cigarrillos se estarían vendiendo en la localidad de San Martín (Bs. As.) a un valor de entre 200 y 300 pesos por unidad”, denunció Silveyra. El comandante también dijo a la Justicia que había podido constatar la existencia de cigarrillos en un depósito del Escuadrón Seguridad Vial Autopistas. “La observación parcial pude hacerla a través de una rendija de la puerta y por el ojo de la cerradura”, escribió Silveyra. “Fue testigo de tal acto el cabo primero Lazarte, quien se desempeñaba como suboficial de turno del área operaciones.”
Y aquí viene la irrespetuosidad mayor: “Atento desconocer qué otros niveles de mando de la Institución se encuentran involucrados en la maniobra ilícita y presumiendo que los ilícitos derivados de lo expuesto contarían con la anuencia y/o participación del Director Nacional de Gendarmería y un grupo de sus colaboradores, he decidido acudir directamente a Vuestra Señoría, prescindiendo del canal jerárquico institucional”.
El juez Rodolfo Canicoba Corral confirmó la denuncia y ordenó cinco arrestos.
Pero para la Gendarmería el peor siguió siendo, igual, Silveyra. Por eso el comandante se presentó otra vez a la Justicia y denunció “un plan sistemático para expulsarme de la Institución, revestido de una aparente legalidad que encubre una manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad”, máxime “cuando los denunciados, pese a haberles sido dictada la prisión preventiva en la causa federal gozan en el ámbito de la Gendarmería de una mejor situación administrativa que el que los denunció”. Lo que Silveyra sugirió es que “estarían siendo beneficiados por una especie de protección por parte de la propia Dirección Nacional”.
Después de Miranda, ocupó la máxima autoridad de la Gendarmería el comandante general Néstor Della Bianca. Luego, González, secundado por Chaumont.
Si Silveyra tiene razón, cosa que podría determinar con facilidad el mismo Ministerio de Justicia, del que dependen las fuerzas de seguridad, significa que la cúpula actual, cuando era parte de la Junta de Calificaciones, separó a un denunciante en lugar de estimularlo a limpiar la Gendarmería del contrabando de cigarrillos. Si eso fuera cierto, significaría que mandan en la Gendarmería dos partidarios del silencio corporativo que habrían decidido privatizar nada menos que el organismo encargado de controlar las fronteras. Y uno de ellos, además, reveló ser un selectivo observador de la realidad: siguió desde el Congo el expediente de un comandante a quien había que castigar porque denunció contrabando y ni desde allí ni desde aquí le prestó atención a lo que ocurría en un polígono situado a metros del cuartel central.