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Orden de detención decidida por un juez para una señora de casi 90 años, presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por no asistir a su propia indagatoria un día jueves, día en el cual, como es público y notorio, los miembros de esa asociación y allegados circundan caminando la pirámide de la Plaza de Mayo desde hace casi medio siglo, ceremonia que se ha convertido en un homenaje público en recuerdo de las víctimas de la última dictadura, muchas de ellas hijas o hijos de quienes caminan.

Estimo que poco interesan los razonamientos jurídicos, algunos de ellos muy acertados, otros, a mi juicio, desacertados. Esa es la razón principal por la que no pretendo aquí solucionar un problema de esa índole. Me parece, en cambio, que tras de esa desmesura se oculta un mal cálculo de poder de quien decide frente al poder de quien es objeto de esa decisión. No siempre ese cálculo es sencillo. En el caso, una gran cantidad de policías y hasta un cuerpo especial de ellos afectados al cumplimiento de la orden, todos funcionarios abarcados por el deber de realizarla, pudieron llevar a cabo la acción de someter a una señora de casi 90 años que, antes de oponerse a su detención, esperaba tranquila en el lugar anunciado de antemano en el que ella se hallaba. Las personas que por allí circulaban se opusieron a su privación de libertad, la rodearon e impidieron sin violencia la consumación del uso de la fuerza pública que, gracias a Dios, los policías no extremaron, según creo, por conocimiento de las circunstancias y mejor cálculo que el autor de la decisión. Frente a estas circunstancias, el autor de la decisión dio marcha atrás: finalmente concurrió a la oficina de la citada a cumplir las formalidades de un acto del procedimiento, pues la titular del derecho a informar no parecía tener nada que decir. He allí el intento de regreso con una decisión que pudo ser expresada de ese modo originariamente.

Más importantes pueden ser las repercusiones políticas de la incidencia. Ella parece representar un quiebre en las facultades de los integrantes del Poder Judicial para procesar supuestos delitos imputados a funcionarios del gobierno anterior o allegados políticos a él, mejor dicho en palabras comunes, para encarcelar a personas que, notoriamente, viven en sus domicilios y realizan todas actividades permitidas en nuestro país de modo público, sin ocultarse, sin ejercer violencia alguna. Incluso la misma persona objeto de la decisión se expresó de esa manera. Se extraña, en verdad, que el mismo metro, la misma reacción, no haya sido aplicada al caso de la Tupac Amaru, de la señora Milagro Sala y los cooperativistas que colaboran con ella, encarcelados lamentablemente por los jueces jujeños. ¿O también en el caso que nos ocupa se le pudo ocurrir al juez, originariamente, que la Asociación Madres de Plaza de Mayo es una asociación ilícita, para luego recapacitar sobre su actitud y decidir de nuevo? No creo que haya sido así; simplemente fue un error de cálculo.

* Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.