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Como parte del plan de seguridad que va a extender los operativos policiales a otras villas del país, el Gobierno impulsará reformas legales que permitan “juzgamientos más rápidos”. Así lo anunció ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien dijo que el tema, en el que trabajan junto al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, está “en las puntadas finales”.
El jefe de Gabinete habló de la necesidad de “terminar con los mecanismos perversos que hacen que muchos casos que son juzgados deriven rápidamente en la libertad de los sentenciados, por imperio de normas internacionales”. “No estoy de ningún modo pretendiendo echar atrás esas normas, pero sí intentando hacer más ágil la Justicia para no ser presa de ellas”, señaló el funcionario.
El anuncio de las reformas legales fue formulado por el jefe de Gabinete al confirmar el lanzamiento del nuevo plan de seguridad sobre el que se informa en la nota de tapa de hoy. En declaraciones radiales, Fernández subrayó que la prueba piloto de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en las villas Carlos Gardel y La Cava, “ha ayudado mucho”.
“Los índices de delincuencia en esos lugares han caído estrepitosamente”, enfatizó. “Hemos desarticulado focos en los que la delincuencia se amparaba.” En esa línea consideró que “el tema de la inseguridad es importantísimo y debe ser resuelto de un modo integral, no solamente poniendo más policías en la calle y acordando con las provincias el apoyo que puedan requerir de la Nación para controlar la inseguridad en sus territorios”.
El esquema de actuación conjunta de la Gendarmería, Prefectura y la Policía Bonaerense se comenzó a implementar durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, con controles sobre los puentes de acceso a la Capital Federal y patrullajes en la franja de 20 cuadras que bordean la ciudad, del lado bonaerense. El 26 de junio de 2002, este criterio de trabajo coordinado se usó por primera vez para controlar una protesta social. Fue el día de la represión en el Puente Pueyrredón, cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Hace tres meses, efectivos de las tres fuerzas llegaron a las villas y se distribuyeron allí, rodeándolas como un cinturón. Fue una respuesta a los cacerolazos que se sintieron en algunos barrios acomodados ante la ola de secuestros extorsivos. El Gobierno dice que los resultados fueron buenos, pero muchos vecinos denuncian que están viviendo en un ghetto.
Ayer, Fernández consideró que será “de una complejidad enorme” desarticular bandas delictivas profesionalizadas como las dedicadas a secuestros express, pero afirmó que “con voluntad política” puede lograrse. Puso como ejemplo el caso de los desarmaderos de autos, porque “allí faltaba definición política, que se tuvo y se terminó (el problema); ahora también debe existir definición política para combatir otros tipos de delitos que no van a ser de tan fácil solución, pero con la decisión política uno puede hacer muchísimo para destruirlos”.
Finalmente contó que, durante la estadía de la comitiva presidencial en España, “hablamos” con el ex presidente Eduardo Duhalde sobre la superpoblación carcelaria bonaerense. “Las prisiones están absolutamente saturadas”, dijo, por lo que el tema será otra cuestión “a abordar”.