Un chico de dieciséis años que fue identificado como quien arrojó un piedrazo contra el auto oficial en el que se escabulló Mauricio Macri del acto en Mar del Plata el 12 de agosto, fue citado a indagatoria por el juez Santiago Inchausti. El menor, que es vecino del barrio Belisario Roldán, donde ocurrieron los hechos, y no tiene ninguna filiación política, llegó a tribunales con los padres y se fue con ellos en pocos minutos, sin haber sido interrogado. Lo habían visto en filmaciones los fiscales que integran una comisión designada por la procuradora Alejandra Gils Carbó por agresiones y amenazas denunciadas por el Presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Tras analizar material recopilado, el equipo (que integran Mónica Cuñarro, Alejandro Cantaro y Marcelo Molina) concluyó que no encontraron indicios ni pruebas de complot ni ningún plan para atacar o amenazar ni al Presidente ni a Vidal. En un dictamen señalaron irregularidades: en el operativo hubo 80 efectivos, aunque se había comprometido la presencia de 231 agentes, por los que se efectuaron pagos; el juez que intervino al inicio, Alfredo López, no preservó pruebas esenciales pero mandó a hacer tareas de inteligencia contra grupos opositores al PRO, prohibidas por la ley.

Los incidentes de Mar del Plata, que el Gobierno clasificaba en su momento entre un conjunto de presuntas amenazas, son investigados ahora por el juez Inchausti, quien era subrogado por López. La comisión de fiscales detectó que la policía local recién labró actuaciones a las 19.30, diez horas más tarde. Intervino la fiscal Laura Mazzaferri, quien pidió medidas, que el juez ordenó, pero a las que sumó una orden para hacer tareas de inteligencia sobre la organización “Votemos Luchar”, opositora al oficialismo. El juez López, de hecho, había acusado al dirigente Ricardo Berrozpe, de esa agrupación, sin hacer ninguna investigación, pero en pos de sumarse a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien señaló a “grupos organizados” que quieren impedir “que el Presidente acudas a los actos y al contacto con la gente”. La fiscal Mazzaferri, se opuso al espionaje, que señaló como ilegal, ya que la ley de inteligencia prohíbe perseguir por la pertenencia a organizaciones sociales o políticas. El triunvirato de fiscales que interviene también señaló que se enfocó más en discutir con la fiscal que en investigar.

El acto del 12 de agosto fue encabezado por Macri y Vidal en el barrio Belisario Roldán, donde iban a anunciar obras. Según la recolección de pruebas y testimonios que realizaron los fiscales, había unas 80 personas. A algunas cuadras hubo un corte de calle y quema de neumáticos. En el lugar del acto, había manifestantes que apoyaban al PRO y algunos de la Uocra. Los que protestaban eran vecinos descontentos y algunas organizaciones que se expresaban en rechazo al tarifazo y un grupo de familiares de desaparecidos que fue a repudiar a Macri por haber dicho que no sabía si los desaparecidos eran 30 mil. Los abucheos y el clima adverso hicieron frenar a Macri en la mitad de su discurso. Vidal habló unos diez minutos. Cuando se bajaron del escenario, la gente, al parecer, tenía vía libre para ir encima de ellos. Sus simpatizantes hicieron un cordón para que accedieran a sus vehículos. Cuando el auto se iba, el chico identificado (cuyo nombre no fue dado a conocer por ser menor de edad) arrojó una piedra contra el Chrysler que llevaba a Macri hacia el helipuerto. Impactó en la puerta del lado del acompañante. Estaba vestido con un buzo azul con vivos blancos e intentaba esconderse de la vista del personal de seguridad. No era Berrozpe, como había dicho el juez, ni era tampoco militante de ninguna organización ni partido. Simplemente lo vio la fiscal Cuñarro cuando se puso a mirar videos de aquel día.

En la presentación que elaboraron Cuñarro, Cantaro y Molina dijeron que todo el operativo policial consistió en “actos negligentes y descoordinados”. De hecho, señalaron, después de los incidentes el Gobierno cambió las reglas del servicio de protección de Estado y Custodia. El general brigadier José Luis Yofre, de la Casa Militar, que es la encargada de supervisar estos operativos, fue quien declaró que el personal que había no era el previsto y que se pidieron 800 metros de vallado y había 150, de altura media. “Se libró una orden por un total de 231 efectivos y equipamiento y solo había en el lugar “no más de 80 efectivos de la provincia de Buenos Aires, entre uniformados y civiles” y “20 de la policía municipal”, dijeron los fiscales. Pidieron que se investigue el incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos “por parte de las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

De acuerdo a los testimonios y la reconstrucción de los hechos, afirman, además que no hay “indicio o prueba alguna, ni el más mínimo, sobre la existencia de un complot, conspiración, sedición, plan armado o siquiera mínima estrategia colectiva para atacar, amenazar, incitar a la violencia, intimidar o de cualquier otro modo poner en riesgo cualquiera de los bienes jurídicos tutelados respecto a la vida, salud o libertad ambulatoria o de determinación del Presidente y mucho menos un desestabilización estatal. Lo mismo rige para la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Respecto de la actuación del juez López señalaron que no tomó medidas básicas y luego, alertaron, pidió hacer tareas de espionaje ilegal.