Una imagen especial transformó ayer el pasillo del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, cuando un grupo de siete Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos se instaló en la puerta del despacho del juez Julián Ercolini, al llegar de sorpresa para pedirle una audiencia. “¿Por qué demora tanto la causa por la apropiación de Papel Prensa y, en cambio, avanza tan rápido la causa sobre la adjudicación de obra pública por la que fue citada a indagatoria Cristina Kirchner?”, era la pregunta que las Madres llevaban preparada y que finalmente le formuló cara a cara Hebe de Bonafini al juez. En marzo de 2015 el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió la indagatoria de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, del CEO de la empresa, Héctor Magnetto, y del director de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros. Pero el juez le dijo a Bonafini que no resolvió nada porque la causa tiene muchos cuerpos, es ardua de investigar y falta tomar declaraciones testimoniales

Ercolini primero recibió a Bonafini. Luego una secretaria le ofreció que pasaran tres Madres más, pero su respuesta, con el estilo frontal que la caracteriza, fue: “O todas o nadie”. Estaban también Evel de Petrini, Mecedes de Meroño, Visitación de Loyola, Celia de Prósperi, Elsa de Manzotti y Josefa de Fiore. Las acompañaba, como guía, el abogado Pablo Llonto. Finalmente entraron todas juntas. Tuvieron que amucharse, enredadas entre chalinas y bastones.

–No tengo ninguna animosidad contra la familia Kirchner –les dijo el juez.

–Pero los jueces están condicionados –le retrucó Bonafini.

–No es mi caso. Yo actúo libremente –contestó Ercolini.

–Sin embargo, se ve mucho apuro por condenar a la ex presidenta –insistió ella.

Papel Prensa fue fundada por el financista David Graiver, quien murió en un extraño accidente aéreo en México en 1976. Las acciones de la sociedad pasaron a manos de su viuda, Lidia Papaleo y de Rafael Ianover, querellantes en la causa. Ellos fueron secuestrados durante la última dictadura y cuando se abrió la causa por el desapoderamiento de Papel Prensa, en 2010, declararon que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad a una sociedad entre la Junta militar y los diarios La Nación, Clarín y La Razón. El supuesto precio de venta era de 8,5 millones de dólares. Pero en una pericia ordenada por Ercolini quedó claro “que el Banade (Banco Nacional de Desarrollo) dijo en 1977 dijo que la empresa valía 5 millones de dólares más de lo que decía el boleto”, explicó Luis Alén, quien impulsó la querella desde la Secretaría de Derechos Humanos hasta el final del gobierno de CFK. “La verdad es que si el juez tuviera en cuenta la pericia, que muestra que el precio de venta no se ajustó al valor de mercado, ya hubiera llamado a indagatoria. Pero sigue pidiendo testimoniales como la de un contador de los Gravier que vive en Estados Unidos y que ni siquiera intervino en este asunto”, señaló Alen, que en su momento pidió indagatorias contra los directivos de los diarios y la cúpula militar por asociación ilícita, amenazas, extorsión, privación ilegal de la libertad, torturas y muerte en el caso de Jorge Rubinstein, apoderado de los Graiver.

Bonafini dijo a la salida que no obtuvo una respuesta concreta del juez sobre por qué no hay citaciones a indagatoria a Magneto y los otros imputados en la causa. “Le dije al juez que cada vez que se vaya del juzgado y llegue a su casa se mire y no tenga que bajar la mirada”, contó Bonafini y “él me dijo que lo tomaba como un consejo para no equivocarse”. La presidenta de la Asocaición Madres remarcó que “todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedirle explicaciones a los jueces” y se esperanzó en que ojalá muchos lo hagan.