Pese a que un juez federal consideró que el fuero Penal Económico debe investigar el delito de contrabando y la posible connivencia de funcionarios públicos, cerca de Mauricio Macri ya analizan reincorporar a Juan José Gómez Centurión como director general de la Aduana, cargo del que había sido desplazado en agosto por una denuncia presentada desde el propio gabinete del Presidente, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dentro de la disputa interna que generó el caso en el macrismo, el regreso de Gómez Centurión es promovido con el argumento de que el juez Ariel Lijo, al declararse incompetente para seguir al frente del expediente, asentó que hasta el momento no había encontrado pruebas que vinculen al ex carapintada con el delito.

Gómez Centurión está acusado en una causa por el presunto pedido de coimas a importadores. El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por Bullrich ante la Justicia, sobre la base de una serie de escuchas que involucraban al entonces titular de la Aduana en supuestos pedidos de coimas y otros ilícitos. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó imputar a Gómez Centurión y al ex dueño de Lo Jack, Oldemar Barreiro Laborda, quien también aparecía en los audios y era señalado como quien pagaba las coimas para poder ingresar mercadería en forma ilegal. El militar se defendió diciendo que las escuchas eran ilegales y que podrían haber sido editadas, tomando diversos mensajes de voz suyos.

Después de ordenar una serie de medidas de prueba, el juez Ariel Lijo se declaró anteayer incompetente para seguir a cargo del expediente. Entendió que las maniobras de ingreso de mercaderías subfacturadas, extorsión, contrabando de estupefacientes y abuso de autoridad deben ser investigadas por el fuero Penal Económico. También pidió que la causa se envíe a sorteo. Aunque no dispuso el sobreseimiento del imputado Gómez Centurión, Lijo sostuvo que “el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas”.

No obstante, el juez consideró que “se puede establecer que las maniobras, por sus características y habitualidad, serían las propias de una organización dedicada al contrabando de mercaderías”; es decir, de ninguna manera desestimó la existencia de los delitos denunciados ni el involucramiento de funcionarios públicos. Todo eso deberá determinarse en la investigación judicial.

Al confirmar el desplazamiento de Gómez Centurión, el presidente Mauricio Macri había dicho que iba a esperar la definición de la Justicia para resolver si correspondía o no reponer al militar en la Aduana. Desde entonces, interinamente, la Dirección de Aduanas quedó bajo la responsabilidad del subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Javier Zabaljáuregui.