Diego Barralle era jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses en San Vicente. En enero, el nuevo el director de Relaciones Gremiales e Institucionales del organismo, Francisco Bosch, le notificó que lo sacarían de la jefatura. La medida era esperada por Barralle, militante de La Cámpora; sin embargo, le pidieron además que presentara la renuncia al Anses, donde integra la planta permanente, al que ingresó por concurso. Para aceitar la salida, le ofrecieron que no fuera a trabajar por tres meses en los que seguiría cobrando el sueldo. Se negó y entonces lo amenazaron con despedirlo “con justa causa”.

–¿Y cuál sería la justa causa? –preguntó el ex jefe de la UDAI que, argumentó, tenía todas las auditorías aprobadas.

–Deberíamos buscar –fue la respuesta.

Barralle presentó una denuncia a la justicia. Había tenido el cuidado de grabar la conversación –su caso no era el primero de La Cámpora–. En base a su demanda, el autor de las presiones, Bosch, y el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, acaban de ser imputados en una causa judicial que reúne otros 25 casos similares.

Los funcionarios macristas serán investigados por la presunta comisión de los delitos de coacción agravada –obligar a una persona bajo amenaza a hacer algo contra su voluntad– e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a cargo del fiscal Walter Rodríguez. En el dictamen que presentó al juez federal Sebastián Ramos, el fiscal señaló que las amenazas fueron “una práctica” que “se diagramó bajo la órbita” de Basavilbaso. El fiscal pidió además una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación.

“Lo que nos pasó está en el marco de una persecución política, ideológica”, dijo ayer el denunciante a Página/12. De 42 años, Barralle fue precandidato a intendente por el FPV en San Vicente. “Lo único que los motivó fue la intención de correr toda expresión del kirchnerismo de cualquier lugar de trabajo dentro del Estado. Esta fue la directiva para el Anses de su director ejecutivo, que en un programa de televisión manifestó que habían hecho todo lo posible para que yo me fuera y no lo lograron. Es decir, reafirmó que se trató de directivas que dio él”.

En descargo de Basavilbaso, colaboradores del titular de la Anses citados por la agencia oficial Télam dijeron que los trabajadores a los que se les pidió sus renuncias “‘no se encontraban a la altura de las circunstancias”. “Muchos de los agentes del organismo entraron directamente en puestos como el de jefes de UDAI, con la máxima categoría administrativa”, aseguraron.

Tras presentar la denuncia, que también llevó al Instituto contra la Discriminación y el Racismo (INADI), Barralle se presentó a trabajar. No insistieron con nuevas presiones de manera abierta, pero no le asignan funciones. “Sigo yendo a trabajar todos los días, ocho horas por día. Pero no me asignan ninguna función, no tengo acceso a la computadora, ni al sistema. Llego, paso por el registro biométrico, me pongo a colaborar con algún compañero, paso un expediente de un lado a otro... pero esa no es la tarea de ningún trabajador de la Anses, ni puedo solucionarle nada a nadie. Piensan que así van a desgastarme, es el modo como se manejan”.

La denuncia había sido desestimada en primera instancia por inexistencia de delito, pero la Cámara Federal reabrió el expediente porque no se le había dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que en cambio dio impulso a la investigación.