EL PAíS › BULLRICH Y LOMBARDI FUERON DENUNCIADOS PENALMENTE POR EL USO DEL PREDIO PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
La presentación por “peculado” la hizo Adrián Albor, de Abogados por la Justicia Social. Usó argumentos de Poder Ciudadano, la ONG que presidió Laura Alonso. La causa recayó en Arroyo Salgado.
El ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, fueron denunciados por peculado por haber cerrado Tecnópolis el sábado pasado para uso exclusivo de sus hijos. El escrito de Adrián Albor, de Abogados por la Justicia Social (AJUS), recuerda que según Poder Ciudadano (ONG que presidió la ex legisladora PRO y titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso) “lo esencial de esta figura radica en que los pagos por dichos trabajos deban ser realizados por la administración pública y no por el funcionario que se beneficia”. La denuncia recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro, e incluye al jefe de gabinete de Bullrich, Diego Marías, al director de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenechini, y al secretario de Deportes, Carlos Mac Allister. Corresponde al fiscal Fernando Domínguez impulsar (o no) la investigación.
La creación de Tecnópolis en el bicentenario de la Revolución de Mayo apuntó a “promover un sentir de pertenencia, integración y creciente participación” y “desde su fundación es de ingreso libre y gratuito”, recordó Albor. Para contrastar con el presente ironizó en base a una cita de Perón: “Los únicos privilegiados son los niños pero algunos son más privilegiados que otros”. Luego repasó la habilitación exclusiva para funcionarios e hijos, la apertura anticipada para garantizarles “acceso restringido”, el cierre de algunas áreas para acondicionarlas en los días previos y “un servicio de catering especialmente contratado para ellos”.
“Emplearon en provecho propio y de terceros, efectos, trabajos y/o servicios pagados por el Estado”, citó la figura del peculado, que amplió con una explicación de Poder Ciudadano de 2014, cuando lo consideraba “una forma agravada de malversación de caudales públicos”. “Lo esencial y determinante es el quebranto de la confianza, del vínculo que unía al funcionario con los caudales o efectos que le habían sido oportunamente confiados”, señalaba la ONG de Alonso.
El denunciante pide que se allane el Sistema de Medios Públicos del que depende Tecnópolis, que se analicen grabaciones de cámaras de seguridad y registros de actividades del 1 de octubre, y que se tome testimonio a los trabajadores para que cuenten si ese día debieron cambiar su horario de trabajo y asistir exclusivamente a funcionarios e hijos. También que se informe de la causa a la OA a cargo de Alonso.
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