El ministro Roberto Lavagna decidió dar vuelta el tablero de la buena fe reclamada por el FMI y el gobierno estadounidense en la negociación con los acreedores privados. “La buena fe es de doble vía”, afirmó. Sobre esto hablará con Horst Köhler este lunes en Miami, donde la discusión no pasará por las “variables objetivas del acuerdo”, las ya cumplidas metas de la carta de intención, sino por las “subjetivas”, la demanda por mayores pagos a los privados. También advirtió a los tenedores de bonos que si quieren sentarse a la mesa de la renegociación deben primero inscribirse en el registro creado al efecto. Quien quiera representarlos, deberá contar con el poder correspondiente. En otro orden, informó que existe un “mecanismo alternativo” al demorado sindicato de bancos y que las inhibiciones dispuestas por un juez estadounidense sobre bienes de la Fuerza Aérea no tendrán mayor efecto sobre la marcha de las negociaciones.
En declaraciones en el Ministerio de Economía, Lavagna sostuvo que en la relación entre la Argentina y el FMI existen “obligaciones mutuas” que están plasmadas en la carta de intención que vence a mediados de 2006. Por eso consideró que la actual discusión con el organismo abandonó los cauces de la objetividad para centrarse en “algunas cuestiones de carácter subjetivo sobre el tema de la deuda”. “Subjetivo, porque tiene que ver con el tema de la buena fe”, explicó. “Es de buena fe, por ejemplo, reconocer que la Argentina lleva en los últimos 22 meses canceladas todas sus obligaciones con los organismos multilaterales. Y por primera vez en más de una década ha bajado su exposición con los organismos. Eso es de buena fe”, insistió.
La idea de la buena fe sobrevoló todas las declaraciones de Lavagna y también alcanzó a los supuestos representantes de los bonistas. “En esto también la Argentina pide buena fe. Que demuestren que son efectivamente o los acreedores o los apoderados legalmente autorizados.” De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda rechazó los argumentos de las organizaciones de acreedores que se negaron a registrarse como tenedores. Entre ellas se destaca la liderada por el italiano Nicola Stock, un ex directivo jubilado del Banco de Roma reciclado por la Asociación Bancaria Italiana para desviar las críticas recibidas por sus socios. Stock había sostenido que “sus representados” no se anotarían en el registro creado por Economía, porque ya lo habían hecho ante el Banco Lazard Freres. Lavagna recordó que la misión encargada a dicha entidad había sido “identificar deuda, no acreedores”.
El ministro reiteró que la demora en la conformación del sindicato de bancos que debería encargarse de la colocación de los nuevos bonos con quita, los que reemplazarán a la vieja deuda en cesación de pagos, no fue responsabilidad de la cartera económica sino del retraso del FMI en aprobar la primera revisión del acuerdo de septiembre pasado. Superada la primera meta con el Fondo, la persistencia de la demora residiría ahora en la situación de los propios bancos. Concretamente, los departamentos legales de las tres entidades financieras que siguen en carrera estarían analizando problemas de “incompatibilidad legal” para ocuparse del nuevo megacanje. Según destacó el ministro, tal incompatibilidad surge “precisamente por ser bancos que están en el tope del ranking de colocadores de bonos” argentinos durante los ‘90. Esta explicación es la que llevó a la autoexclusión inicial de 5 de las 12 entidades convocadas originalmente y a la de 4 más en los últimos meses. Para el ministro, entonces, la salida de los bancos no se debería a la baja rentabilidad potencial de la operación, sino a que la tarea “puede generarles un conflicto de intereses”. Y no sólo esto, la incompatibilidad podría traducirse también en posibles embargos sobre las comisiones que les pague la Argentina. Debido a la fragilidad de esta situación, Lavagna informó que Economía cuenta con una estrategia de reestructuración alternativa que prescinde del sindicato. Si bien omitió mayores detalles, sostuvo que se trata de un “mecanismo alternativo de carácter operativo”, que “también incluye bancos” y “para nada a los organismos”.
Por último, el ministro negó que las inhibiciones conocidas ayer sobre bienes de la Fuerza Aérea en Estados Unidos por 3 millones de dólares sean embargos. “La información que nosotros recibimos es que es una reserva de prioridad para el caso de que en algún momento existan embargos.” Insistió además en el consejo dado a los acreedores en otras oportunidades: “No existe un solo antecedente en el mundo de un tema de default que se haya arreglado en los tribunales”, concluyó. Ahora resta esperar hasta el lunes.