El ministro de Defensa, José Pampuro, confirmó las inhibiciones contra bienes de la Fuerza Aérea y la Armada, dictadas por un juez de Maryland, Estados Unidos, y adelantó que “el Gobierno va a apelar la medida en los próximos 30 días”. La acción judicial la inició el fondo buitre “NML”, que busca así asegurarse una posición privilegiada en la liquidación de los inmuebles, llegado el caso de que el fallo fuese adverso para la Argentina. El reclamo es por el monto de 172.153.000 dólares. El valor de los bienes afectados no superaría los 3 millones de dólares.
Pampuro admitió que “me sorprendió este fallo”. Aclaró que los galpones afectados “no tienen elementos importantes”, ya que a su tiempo fue retirado un radar de alta generación donado por el Departamento de Estado, que hoy se encuentra en la Argentina. No obstante, admitió que el hecho “complica el ingreso del personal” a los depósitos, cuatro en total.
La Justicia estadounidense contempla dos maneras de tramitar los pedidos de embargos sobre bienes por deuda soberana en cesación de pagos, una ejecutiva y otra preventiva, que difieren en los tiempos de inhibición de los activos que serían incautados. El embargo ejecutivo comienza con una presentación ante la Justicia, que debe pronunciarse primero al respecto y, a partir de un fallo favorable, se procede a la identificación de los bienes cuya incautación efectiva requiere nuevamente una decisión del juez, para luego avanzar en la ejecución. Precisamente los trámites de embargo de los fondos buitre contra la Argentina en la corte del sur de Manhattan, a cargo del juez Thomas Griesa, se encuentran actualmente en la instancia de descubrimiento de bienes embargables.
El embargo preventivo, en cambio, da curso a una inhibición preventiva de un bien juntamente con la presentación de la demanda. Ese precisamente fue el procedimiento que un juez distrital de Maryland dispuso contra los galpones de las Fuerzas Armadas. En este caso, el juzgado embargó preventivamente el bien hasta que haya sentencia efectiva, que es la que determina si el embargo finalmente se libera o se ejecuta y que quedará a cargo de Griesa.