Procesado en una, sospechoso en la otra. Domingo Cavallo recibió ayer dos malas noticias provenientes de los tribunales federales justo cuando se cumplía un año de su asunción en el Ministerio de Economía. El juez Jorge Ballestero resolvió acusarlo junto a dos colaboradores por instigación al delito e incumplimiento de sus deberes, por haber ordenado a los bancos que no cumplieran con las resoluciones judiciales que los obligaban a abrir el corralito. En otra causa, el mismo magistrado lo llamó a indagatoria para el 25 de abril como sospechoso de administración fraudulenta en la implementación del megacanje, la operación de renegociación de la deuda que terminó incrementándola. Por este tema también fueron citados el ex viceministro Daniel Marx y el banquero y ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford. Consultado por este diario, un ministro resumió la posición del Gobierno: “Los organismos internacionales nos reclaman seguridad jurídica y, cada día, hay un juez que ordena medidas contra algún banquero”.
A comienzos de esta semana, Cavallo seguía pensando, insistente, su propia receta para salvar al país y se resistía a creer que podía ser procesado, contó a Página/12 un hombre de su entorno. Ayer su abogado Eduardo Oderigo –el mismo que lo patrocinó tras las peleas con el ex presidente Carlos Menem– fue el encargado de informarle por teléfono las novedades. A pesar de que los delitos que le imputan son excarcelables, “quedó amargado y está muy preocupado”, describió el vocero. Además, sigue teniendo prohibida la salida del país.
El fallo con que Ballestero procesa al ex ministro empieza con una picardía: aclara que su apodo es “Mingo”, un recurso que los jueces generalmente aplican sólo cuando el alias ha sido un dato clave para llegar a atrapar a un delincuente. En esa resolución, además, le traba un embargo de 20 mil pesos sobre sus bienes.
El expediente contra Cavallo ligado al corralito, que instruye el fiscal Gerardo Di Masi y que inició una denuncia del abogado laboralista Héctor Recalde, es un muestra de sus intentos por superar sus propios superpoderes. En diciembre, cuando todavía estaba en funciones, dictó una resolución –la 850– en la que instruía a los banqueros para que ignoraran las decisiones judiciales que les ordenaban devolver a los ahorristas montos superiores al límite de extracción de 1.000 pesos que había fijado el Gobierno. El cumplimiento de las medidas cautelares, decía entonces el ex ministro, estaba condicionado por la intervención del Estado que evaluaría “la vigencia” de la decisión del juez. Cuatro días después, evidentemente enterado de su falta, firmó otra circular en la que advertía que la anterior sólo era una sugerencia y las entidades bancarias podían elegir qué camino tomar.
“No se está en presencia de una mera manifestación imprudente de un funcionario”, sostiene Ballestero. El procesamiento también alcanza, como partícipes, a Alfredo Castañón, que era secretario Legal y Administrativo de la cartera económica además de abogado de Cavallo, y a María Ester Fanti, ex directora de Asuntos Jurídicos del ministerio. A cada uno le impuso un embargo de 10 mil pesos. “Los imputados no podían desconocer que mediante la confección y dictado de las resoluciones cuestionadas estaban provocando un serio estímulo a los directivos de las entidades bancarias para que ‘incumplieran’ o cuanto menos ‘retardaran’ el cumplimiento de una orden judicial”, dice el fallo.
Dos funcionarios de tribunales aseguraron ante este diario que un emisario del Gobierno había ido días atrás a pedirle a Ballestero que buscara la forma de complicar a Cavallo. Las mismas fuentes también dijeron que el juez “los sacó corriendo”. Ballestero, consultado por este diario, se negó a comentar la versión: “Sólo contesto cuestiones sobre la resolución”, dijo. Semejante anécdota suena paradójica en momentos en que el presidente Eduardo Duhalde busca desesperadamente ayuda financiera del Norte. Para un Gobierno ávido de ayuda internacional, el factor distractivo que pueda significar la caída en desgracia de Cavallo parece pesar mucho menos que el llamado a indagatoria por el megacanje que incluye, nada menos, a Mulford, hoy vicepresidente del banco Credit Suisse First Boston, a quien Ballestero indica como “uno de los artífices intelectuales del canje de títulos investigado”.
En base a un pedido de indagatoria que ya habían elevado los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, el juez señala que a través del megacanje “los funcionarios nacionales que representaron al país habrían obligado en forma abusiva a la Argentina con el propósito de lograr un lucro indebido para las entidades financieras”. Por eso, dice, citó a Cavallo, a Marx, al ex secretario de hacienda Jorge Baldrich y al de financiamiento Jorge Dreizzen, entre otros. El juez discrepa con el dúo de investigadores en otro punto: dice que no hay pruebas suficientes para indagar al ex presidente Fernando de la Rúa y su equipo (entre ellos Horacio Liendo y Guillermo Mondino) ni a los ejecutivos de bancos imputados por la fiscalía. Los bancos que participaron de la operación, habilitados por un decreto, fueron el Credit Suisse, el Santander, el Galicia, el Francés, el HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.
En un dictamen del 11 de marzo Freiler y Delgado argumentaron que los intereses adicionales que el Estado deberá pagar por el megacanje “totalizan 37.909 millones de dólares”, también señalaron las “altas” comisiones pagadas a los bancos por su intermediación y evaluaron que no se cumplió con los controles del Banco Central y del Poder Legislativo a los que debe someterse una negociación de este tipo. Allegados al expediente aclararon que la pesquisa sigue “y todo es posible”.