El ex ministro menemista Antonio Erman González fue procesado ayer por el juez federal Jorge Ballestero, quien además le impuso un embargo de cinco millones de pesos. La causa: la “venta fraudulenta” de los astilleros Tandanor en beneficio de un grupo de firmas privadas, lo cual se calcula que le ocasionó al Estado un perjuicio superior a los 70 millones de dólares. Erman, quien hace menos de tres meses recuperó su libertad después de permanecer detenido más de un año y medio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, zafó de tener que volver a la cárcel porque el juez descartó la figura de asociación ilícita que pidió que le aplicara el fiscal Carlos Stornelli, para la cual correspondía que se le dictara la prisión preventiva.
Ballestero le imputó “incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación al Estado y falsedad ideológica de documento público”. A criterio del juez, esos son los delitos que el ex polifuncionario menemista cometió en su paso por el Ministerio de Defensa al vender Tandanor a un precio inferior al que correspondía al consorcio Indarsa, que por otra parte nunca pagó lo convenido. Fue también durante la gestión de Erman en esa cartera que comenzó la operación que derivó en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Ballestero ya había procesado al funcionario por su responsabilidad en el caso, pero su resolución fue revocada por la Sala II de la Cámara Federal porteña en diciembre pasado. Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi consideraron que no había evidencias suficientes para procesar a Erman y le ordenaron al juez revisar las actuaciones y dictar una nueva resolución.
“La actuación de Antonio Erman González en la totalidad del proceso de privatización tuvo por objeto procurar un lucro indebido para el consorcio adquirente”, afirmó Ballestero en un nuevo dictamen, en el cual fueron procesados también otro ex funcionario y dos miembros de la empresa compradora de los astilleros. Se trata de Alejandro Bofill, quien al momento de la operación era delegado administrador del Estado en el directorio de Tandanor y administrador de su patrimonio residual, y Andrés Vlastó y Eduardo Tesoriere, directores de Indarsa. Los bienes de todos ellos fueron también embargados hasta cubrir cada uno la suma de cinco millones de pesos.
El magistrado precisó que la maniobra en la que Erman y los demás procesados aparecen involucrados “se materializó mediante la venta fraudulenta del 90 por ciento de las acciones que el Estado Nacional poseía en Tandanor”. Al respecto, Ballestero destacó que el ex ministro de Defensa “permitió que el Estado Nacional se viera imposibilitado de percibir el producto de la venta” y subrayó: “Debe tenerse presente que de los 59.760.000 dólares representativos del monto total de la venta, la compradora sólo habría abonado 7 millones 200 mil dólares, así como también que no se ha pagado suma alguna en concepto de intereses en estos nueve años”.
La resolución de Ballestero es bastante menos dura de lo que solicitaba Stornelli. El fiscal había pedido la aplicación al caso de la figura de asociación ilícita, un delito que no es excarcelable y que hubiera obligado al juez a dictar la prisión preventiva contra Erman.
Tandanor fue pasado a manos privadas en 1991 y desde un principio se sospechó de irregularidades en ese proceso. De hecho, durante la gestión de Oscar Camilión al frente de Defensa se abrió una investigación administrativa dentro de esa cartera, pero nunca progresó ni tuvo fin. La denuncia por presunto fraude la realizó muchos años después el también ministro de Defensa menemista Jorge Domínguez.
El caso cobró mayor ritmo cuando la Alianza asumió el gobierno. La maniobra estuvo bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción y el primer titular de Defensa durante la administración aliancista, Ricardo López Murphy, amplió la denuncia penal en la causa por la cual Ballestero procesó a Erman por segunda vez.