Los jueces federales con competencia electoral estarán obligados, desde ahora, a exigirles a los partidos políticos balances de sus finanzas. Y, si como es habitual, figuran donaciones de sindicatos o fundaciones, los magistrados tendrán que preguntarle a esas organizaciones de dónde sacaron el dinero para darle a una determinada fuerza política. Todo esto surge de un fallo que emitió ayer la Cámara Nacional Electoral y que apunta a uno de los agujeros negros de la política: el financiamiento de los partidos. La Cámara se pronunció en una causa que involucraba al derechista Partido Nacionalista Constitucional, que lidera Alberto Assef y que se negó a presentar un balance de sus finanzas argumentando que sólo participó en los comicios del ’99 en dos distritos.
El fallo de los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera es trascendente, pero no en relación con este caso concreto, sino por el efecto que tiene sobre todos los partidos. Al final de la campaña presidencial de 1999, las fuerzas políticas aceptaron ante organizaciones no gubernamentales que gastaron unos 20 millones de pesos. En la contabilidad de los partidos, apenas figuran dos millones. A esta escandalosa diferencia, que no se sabe de dónde viene, es a la que apunta la resolución de la Cámara.
El texto indica que los jueces deben someter obligatoriamente los balances que los partidos presenten al peritaje de un contador. Hasta el momento, sólo lo hacía María Servini de Cubría, pero en verdad sólo se buscaba que hubiera una especie de coherencia en las cifras, no si lo que se estaba entregando era la verdad o una mentira. La Cámara ahora indica que tiene que haber un control estricto y que se tiene que saber la verdad de lo que gastan los partidos y de dónde sale el dinero.
Un ejemplo categórico es lo que menciona respecto de lo que suele aparecer en esos balances partidarios. No es inusual que, por ejemplo, el sindicato de una u otra actividad aparezca haciendo alguna donación. Y sobre todo, los partidos tienen fundaciones que funcionan en forma paralela que también solventan gastos de las campañas electorales. El fallo de la Cámara apunta a esa estructura: el sindicato o la fundación deberán decir de dónde sacaron el dinero que después se virtió en la campaña.
El texto incluye largos párrafos de jurisprudencia europea y norteamericana sobre la importancia del control del financiamiento de los partidos. Los jueces justamente creen saber que quien aportó fondos para una fuerza política puede darle mayor claridad al votante que escuchar los discursos de los candidatos de ese partido. En general, se percibe que los magistrados consideran que el sistema de control del financiamiento de los partidos que rige en la Argentina compite entre los más ineficientes del mundo.
El fallo deja la impresión de que los grandes partidos del país, en especial el justicialismo y la UCR, no tienen control alguno y que el Estado y la Justicia no han hecho hasta ahora el menor esfuerzo por saber de dónde sacan el dinero que gastan. La Cámara trata de revertir esa situación, aunque obviamente no será fácil. Hay provincias donde el juez federal con competencia electoral no se anima a meter las narices en las finanzas de los partidos, sobre todo si es el oficialismo local.