Una fuerza de seguridad paralela crece en la provincia. No son policías en actividad pero tampoco vigiladores privados. Se trata de los cuerpos de “seguridad municipal” o de “vigiladores comunitarios”, integrado por personal retirado de las fuerzas de seguridad, contratado por los municipios. La iniciativa es parte del Plan Director que implementa el Ministerio de Seguridad Bonaerense y ya funciona en cuatro municipios del Gran Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay con las fuerzas parapoliciales que propusieron alguna vez Juan Carlos Rousselot, en Morón, y Luis Patti, en Escobar? “Que están sometidas al monitoreo y control del Ministerio de Seguridad”, justificó ante este diario un funcionario de esa cartera. Sin embargo, el difuso marco legal en que se encuadra su trabajo genera incertidumbre y graves cuestionamientos. Cuatro de los policías retirados contratados en Lomas de Zamora, donde el programa comenzó el 1º de este mes, son ex represores de la dictadura denunciados ante la ex Conadep. Fueron dados de baja el viernes, cuando este diario investigaba la situación.
Las fuerzas de seguridad paralelas comenzaron a funcionar en las últimas semanas en los municipios de Ezeiza –pionero en la materia–, Esteban Echeverría, San Isidro y Lomas de Zamora. Existe un proyecto, ya avanzado, para que próximamente se ponga en vigencia un plan similar en Avellaneda, donde la iniciativa comenzó a generar revuelo y permitió que el problema saliera a la luz (ver nota aparte).
En los municipios donde se puso en práctica, el programa es más o menos coincidente: el municipio contrata personal de seguridad retirado (policías bonaerenses o federales), que cumple tareas de apoyo a los efectivos de la policía regular, o bien realizan tareas de vigilancia en dependencias municipales, tarea asignada por lo general a un servicio de policía adicional o a custodios privados. “En todos los casos, la selección del personal es chequeada por el ministerio”, aclaró el funcionario de la cartera de Seguridad consultado por este diario.
De acuerdo con la fuente, los “vigiladores comunitarios” se encuadran en el Plan Director Provincial de Seguridad, diseñado durante la anterior gestión de Juan José Alvarez en esa cartera, e implementado ahora por su sucesor, Raúl Rivara, con quien se intentó, en vano, un contacto directo para dialogar sobre el tema. Los ejecutores del programa son dos funcionarios de segunda línea, heredados por el actual ministro: el subsecretario de Planeamiento y Logística, Diego Gorgal, y su par de Formación y Relaciones Comunales, Enrique Salzman. Los dos funcionarios fueron los encargados de coordinar con los intendentes la puesta en marcha de los nuevos cuerpos de seguridad.
El sistema ya generó cuestionamientos: la formación de una fuerza policial municipal violaría la ley 12.154, que lo prohíbe expresamente y centraliza la función de seguridad en la provincia. Pero desde el gobierno bonaerense replican: “No se trata de cuerpos de vigilancia municipales sino de personal contratado por la municipalidad para cumplir funciones de seguridad”.
Los interrogantes están a la orden del día, sobre todo, por el difuso encuadre legal de los nuevos vigiladores: al no ser policías, no responden a los reglamentos de la fuerza, pero como tampoco son vigiladores privados, no los alcanza la ley que regula esa actividad. “El marco legal que tienen es el del policía retirado”, aclaró la fuente del Ministerio de Seguridad. “Puede ir armado y disparar su arma, para repeler una agresión, como cualquier policía retirado. Pero no tiene atribuciones para detener a una persona que está cometiendo un delito”, precisó el funcionario. Es decir que no puede apresar a un presunto delincuente pero sí dispararle.
¿Y si el vigilador mata a una persona, quién se hace responsable? “La responsabilidad civil es del municipio que lo contrató.” Desde el ministerio aseguran que antes de las designaciones, allí se analizan los legajos de todos los policías retirados propuestos para su incorporación.“Este programa sólo puede funcionar si es supervisado por el ministerio: no podría implementarse en municipios como San Miguel o Escobar (donde los intendentes son Aldo Rico y Luis Patti, respectivamente)”, dijo la fuente. Es que fue Patti quien propuso, hace cinco años, la creación de “grupos armados” para combatir el delito, una idea similar a la que impulsó, en 1988, Juan Carlos Rousselot (ver aparte).
Según el Plan Director de Seguridad, los retirados que se incorporen al nuevo esquema actuarán como apoyo de los policías uniformados que patrullan las cuadrículas en que se dividió el territorio del Conurbano, de acuerdo con el programa diseñado por el ex ministro Alvarez y continuado por Rivara. “Así como algunos municipios aportan a la policía con la compra de un patrullero, el pago de la nafta o el alquiler o la construcción de una comisaría, otros pueden contribuir con personal de apoyo, por ejemplo, para conducir los patrulleros”, explican en el ministerio. Otra de las funciones destinadas a los vigiladores es la de custodia en edificios municipales, una tarea para la que hasta ahora “se destinaban recursos municipales para el pago de servicios adicionales, que suelen ser difíciles de controlar”.
“Me parece un plan muy interesante”, dijo a Página/12 el abogado Ciro Annicchiarico, presidente del Foro de Seguridad de Lomas de Zamora, convocado por el intendente Jorge Rossi para supervisar los antecedentes de los policías retirados que se presentaron a la convocatoria en ese distrito. “Puse como condición que me permitan consultar a los organismos de derechos humanos y difundir el listado de postulantes, para que la gente pueda hacer objeciones”, aclaró Annicchiarico.
Fue así que descubrió, después de analizar un listado de 40 aspirantes, que “dos de ellos habían trabajado en el (centro clandestino de detención) Pozo de Banfield, y figuran en el informe de la Conadep”. El propio director de Seguridad de Lomas de Zamora, Raúl Magallanes, admitió a este diario que los cuestionados son cuatro y dio sus nombres: Gerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno. Al mismo tiempo, según Magallanes, se está analizando el legajo personal de un quinto policía que también podría tener antecedentes como miembro de los grupos de tareas de la dictadura militar.
A Balmaceda se lo señaló como perteneciente al grupo que actuó en el llamado Pozo de Banfield, con posible intervención directa en los secuestros de María Eloísa Castellini, Santiago Enrique Cañas y Gabriela Carriquiriborda; Rivadeneira está acusado de tener vinculación con tareas represivas ocurridas entre 1973 y 1983 en distintos centros clandestinos del conurbano; el comisario Verdún estuvo en la Brigada de Investigaciones de La Plata desde el 30 de marzo de 1978 hasta el 19 de junio de 1978 y fue señalado como un colaborador inmediato del ex jefe de la Bonaerense general Ramón J. Camps; por último, el cabo Moreno también estuvo en el Pozo de Banfield, donde se encargaba de custodiar a los detenidos.
Estos policías fueron separados de la fuerza de vigiladores, aseguró Magallanes. Todos estaban en funciones desde el 1º de marzo y cumplían tareas de custodia en el Palacio Municipal de Lomas de Zamora.
Producción: Maricel Seeger.