La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario que presentó el represor Ricardo Miguel Cavallo, actualmente detenido en España, con el objetivo de ser juzgado en la Argentina. Si bien el máximo tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo del pedido del marino –quien durante la dictadura integró los grupos de tarea de la ESMA–, dispuso que la Cámara Nacional de Casación analice nuevamente su caso. La solicitud de Cavallo, fundada en el principio de territorialidad, había sido rechazada en esa instancia judicial.
A partir de la decisión de la Corte Suprema, Cavallo tiene una nueva chance de que se acepte su petición de ser juzgado en el país. Hoy en día el represor está detenido en la cárcel Soto del Real de Madrid. Allí lo confinó el juez español Baltasar Garzón después de procesarlo en la causa en la que investiga los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado cometidos en la Argentina durante la última dictadura militar.
Tiempo atrás, Cavallo solicitó ser juzgado en la Argentina con el argumento de que es eso lo que corresponde en función de los principios de territorialidad y del juez natural. El objetivo del represor, en verdad, no es otro que evadir la acción de Garzón.
Cavallo recurrió con un recurso extraordinario a la Corte Suprema después de que su planteo fuera rechazado por la Cámara Nacional de Casación. La Corte Suprema no se pronunció acerca de si el represor debe ser efectivamente juzgado en la Argentina o no, pero sí decidió devolver el expediente a la Casación para que revise su anterior resolución.
A favor del planteo de Cavallo se manifestaron los jueces Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Juan Carlos Maqueda. Lo que señalaron fue que la Cámara de Casación Penal omitió tratar aspectos decisivos para resolver la solicitud formulada por el represor.
Cavallo fue detenido el 24 de agosto de 2000, pero no en España sino en México. Su arresto se concretó en la ciudad de Cancún, donde fue identificado por víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura militar como uno de los torturadores que actuó en los grupos de tareas de la ESMA. Entonces, según quienes lo recuerdan de aquellos días, utilizaba los alias “Sérpico” o “Marcelo”.
La extradición de Cavallo a España tuvo lugar finalmente el año pasado, luego de un prolongado proceso durante el cual los abogados del represor trataron de evitar la concreción de esa medida. De hecho, el marino logró demorar aplazar por casi tres años su entrega al juez Garzón mediante la presentación de un amparo en el que planteó la inconstitucionalidad del tratado de extradición entre México y España.
Después de su traslado a Madrid, el juez Garzón dispuso su procesamiento y lo mantiene detenido. Los cargos que le imputa son 227 desapariciones forzosas y 110 secuestros.
El magistrado lo procesó a partir de declaraciones de las víctimas de la represión ilegal. Entre los testigos que aportaron a la causa, figura Emilio Dellasoppa, quien aseguró ante el juez Garzón que el represor actuaba en la ESMA como “dueño de la vida y de la muerte” de los detenidos y que “creía que no había límites para lo que hacía, que nunca tendría que responder ante nadie”.
También en un intento por eludir, o al menos complicar, el juicio en su contra en España, Cavallo apeló a su condición de militar y trató de involucrar al gobierno argentino, diciendo que debía pedir “instrucciones” sobre cuál tenía que ser su comportamiento. Sin embargo, de nada le sirvió.