EL PAíS
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Otras voces
- Gilbert Lewi, presidente de la DAIA: “Es un deber mantener viva la memoria. Quienes fueron instigadores, beneficiarios, partícipes y actores de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura no merecen ni olvido ni perdón. En este nuevo aniversario ratificamos nuestro repudio a toda forma de quebrantamiento de la ley y el avasallamiento de los derechos humanos y reafirmamos nuestro compromiso con la supremacía de la Constitución y la democracia. Rendimos homenaje a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y, tal como se denunciara ante la OEA, la Conadep y el juez Baltasar Garzón, subrayamos el especial ensañamiento a que fueron sometidos los detenidos judíos”.
- Remo Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires: “Se están cumpliendo objetivos y metas que han marcado los organismos de derechos humanos en más de 25 años de lucha y tenemos que dar un gesto importante para que esta transición hacia un nuevo modelo de país, en el orden ético y en el ejercicio de la justicia y la lucha contra la impunidad, se consolide acompañado por todos”.
- Comité Nacional de la Unión Cívica Radical: “Los hechos sucedidos desde 1976 hasta 1983 siguen en nuestra memoria con profundo dolor y marcan la historia de los argentinos como recuerdo de lo que no queremos volver a vivir. La pérdida de las garantías constitucionales fue uno de los más duros momentos que tuvo que soportar nuestro país, que se vio sometido a un régimen autoritario, que desconoció y violó inescrupulosamente los derechos humanos. Es indispensable recordar todo el doloroso pasado para no volver a equivocar el rumbo a seguir en estos tiempos difíciles, que representan un nuevo desafío para los argentinos. Por ello, en esta fecha, la UCR reafirma su compromiso en defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y las instituciones argentinas”.
- Luis Zamora, diputado de Autodeterminación y Libertad: “El obstáculo fundamental para que haya justicia son las instituciones, ya que tanto el gobierno de Kirchner como el Congreso y el Poder Judicial coinciden en buscar la condena de unos pocos para salvar a los miles y miles de los genocidas y represtigiar a las FF.AA. Pararon las extradiciones y han vuelto a mandar las causas a los laberintos del Poder Judicial. Casi treinta años después de cometidos los crímenes contra el pueblo el Congreso todavía discute si anular o no los indultos y la Corte Suprema dilata si anula o no las leyes de impunidad”.
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