El régimen juarista de Santiago del Estero tiene las horas contadas. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, tiene en su escritorio el proyecto de intervención federal sobre la provincia. Con la decisión política tomada, ahora el peso de la intervención queda en manos del congreso: si hay un pedido expreso del gobierno, el proyecto podría tratarse el miércoles próximo en las cámaras. Los voceros del recalentado bloque del PJ consultados ayer por Página/12 dan por descartada el tratamiento en esos términos y la aprobación: “Nos alineamos con el gobierno”, dijeron. Kirchner estudia el nombre del interventor que aún no está decidido. Por el momento, los hombres cercanos al presidente le anticiparon a este diario sólo la nómina de los vedados: “Ni santiagueños, ni los funcionarios nacionales que tuvieron intervención directa en la provincia durante los últimos meses”. Mientras tanto, el caudillo Carlos Juárez construye su propia película: aún no cree en la intervención pero, por las dudas, ayer sacó a sus tropas para defenderse sobre la calle.
El anuncio de la intervención no sólo tomó por sorpresa a los santiagueños sino a quienes deberán decidirla en el Congreso. Ayer, durante toda la tarde, numerosas llamadas saturaron los teléfonos de los voceros de los sectores más duros del peronismo: quienes ahora tendrán en mano la decisión final sobre los Juárez.
Aunque anoche nadie descartaba un alineamiento con el Gobierno. Pero los pesos pesados del bloque de diputados peronistas controlados por Eduardo Camaño esperaban conocer las urgencias del Presidente. El proyecto de intervención podría pasar un largo período freezado en las comisiones o discutirse, evaluarse y aprobarse rápidamente durante la sesión ordinaria del miércoles próximo: “No tenemos ninguna señal clara del presidente sobre la urgencia”, le decía a Página/12 uno de los hombres del bloque. Y al mismo tiempo aclaraba: “Pero si hay señales de que la cosa es urgente, en esto todos acompañamos la decisión del Presidente”.
La urgencia no es un dato menor para los plazos políticos de Santiago. Si la decisión del Ejecutivo se mantiene tal como hasta ahora, Diputados y Senadores podrían resolver la intervención el mismo miércoles. Hay antecedentes de sobra que lo prueban. Uno de los ejemplos es la mismísima historia reciente de Santiago del Estero. Durante el último día de la crisis institucional que terminó con un estallido y la quema de la casa de gobierno de la provincia el 16 diciembre de 1993, el gobierno de Carlos Menem se tomó solo 24 horas para impulsar y sancionar la intervención. El sábado 18 de diciembre, el radical Juan Schiaretti tomaba la conducción del gobierno por un plazo que se extendió durante dos años.
Los plazos esta vez están medidos por otras crisis y otros tiempos políticos. No hay atisbos de estallido social inminente pero sí consenso entre la opinión pública y la oposición sobre las barbaridades del régimen. Las denuncias de irregularidades legislativas y jurídicas en la provincia y sobre la represión, torturas y hasta de la desaparición de personas durante la democracia, se desataron en marzo de 2003 por el llamado doble crimen de La Dársena. Durante meses, distintos sectores le reclamaron al gobierno nacional la intervención parcial a la provincia. Buena parte de esos reclamos entraron al Congreso en manos de diputados de la oposición. Recién ahora, en medio de una de las crisis internas más profundas del peronismo y a dos días del convulsionado cierre del Congreso partidario, el Presidente reflotó el tema Santiago para aplicar una medida que funcionarios del propio Gobierno consideraban “extrema” y un atentado contra la autonomía de las provincias.
“La decisión ya estaba tomada hace veinte días: lo anunciamos porque finalmente la información se filtró por algún lado”, le dijo a Página/12 uno de los hombres del presidente que pidió mantener su nombre en reserva. Durante el diálogo, negó todas las especulaciones políticas: rechazó que el proyecto sea resultado de la crisis partidaria o un mensaje dirigido alperonismo del interior del país abroquelado después del congreso del viernes pasado. La misma fuente descartó también que se trate de una estrategia del gobierno para rearticular al peronismo a través de la votación en la Cámara: “Si hay una estrategia de realineamiento interno —dijo– se está dando a través de las renuncias, y no con Juárez” (ver página 4).
Para el Gobierno “recién en este momento Santiago reúne las condiciones objetivas” que habilitan el pedido de intervención. Tal como dijo Página/12 en su edición de ayer, según el Ejecutivo el proyecto está sostenido básicamente en dos grandes capítulos de denuncias: los informes de la Secretaría de Derechos Humanos y de Justicia del Ministerio de Justicia y la red de espionaje ilegal montada por los Juárez y archivada en los 40 mil legajos que aparecieron en las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad o Side provincial el 5 de marzo. Las denuncias de la Iglesia Católica conocidas la semana pasada terminaron de dar los condimentos necesarios para asestar el golpe final contra Juárez: el obispo Juan Carlos Maccarone denunció persecuciones y seguimientos ilegales sobre el Obispado y sobre funcionarios de primera línea de la Iglesia nacional.
Con estos elementos, un reducido grupo de colaboradores del presidente preparó el proyecto que está a la firma de Kirchner. El proyecto contempla la intervención a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial por un período de 180 días, renovables. Durante ese lapso, la Nación designará a su interventor. El candidato aún no está definido. Y más aún: según uno de los hombres cercanos al presidente, “ni siquiera se barajó un nombre”. Aún así, descartaban sin nombrarlos a los hombres del ministerio de Justicia que trabajaron en la provincia: “Seguramente será alguien que haya estado ajeno a la investigación –explicó la fuente–: que no esté influido, para trabajar en libertad, porque todos están predispuestos en un sentido u otro”.
En Santiago anoche circulaban cuatro nombres: Arturo Lafalla, ex gobernador de Mendoza; el diputado nacional por Tucumán Ricardo Fallu, presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja; Hugo Perie, ex interventor de Corrientes, diputado por esa provincia y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y, finalmente, Rafael Foroniell, segundo en la Secretaría General de la Presidencia.
Además de las especulaciones políticas, la noticia de la intervención provocó efectos de alto impacto en Santiago. Carlos Juárez, recién asumido ministro de Economía, y su señora esposa, la todopoderosa gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés están dispuestos a plantarse con una resistencia en la casa de gobierno y alfiles políticos en la calle. “Se creen que lo de la intervención no es cierto”, le dijo a este diario uno de los diputados cercanos al puñado de fieles que aún permanecen entre los juaristas. “Piensan –continuó la fuente– que es una presión o un invento de los medios.” Una lectura clave para entender lo que sucedió anoche en la provincia y para anticipar cómo serán las próximas horas (ver aparte).