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Si Carlos Menem modifica su estrategia judicial podría combinar placer con obligación. El juez federal Jorge Urso ratificó la audiencia del martes 13 para indagarlo en una causa por corrupción, por lo tanto el ex presidente, en teoría, ya no puede seguir eludiendo la citación. Y bien podría aprovechar el viaje para conocer a su flamante nieto, Luca. Por otra parte, los camaristas que definen su destino en otro expediente judicial, el explosivo caso de la venta de armas, fueron denunciados por la defensa del presunto traficante Diego Palleros. Los acusan de haber cedido a “presiones” para “volver a encarcelar a Menem”. Esa causa fue reactivada recientemente por la apelación del sobreseimiento de Menem que hizo la Aduana, como querellante.
El abogado Isaac Wieder denunció a los miembros de la sala B de la Cámara en lo Penal Económico por tentativa de prevaricato (fallar contra las leyes), porque, según afirma, preparan un fallo para volver a encarcelar al ex presidente en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El letrado, defensor del sindicado traficante de armamento Diego Palleros, sostuvo que los camaristas “están siendo objeto de presiones” y ya habrían firmado parte de una resolución que cambiará el curso de la investigación. Según Wieder, la “megacausa de las armas” sólo prosigue por fines políticos y “para entretenimiento del público”. La denuncia contra los camaristas Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli fue presentada ayer ante el juez federal Jorge Ballestero y señala que esos magistrados “verían con agrado revocar las resoluciones” dictadas en primera instancia por el juez en lo penal económico Julio Speroni”, es decir, el sobreseimiento de la mayoría de los imputados, incluido Menem.
Basado en notas periodísticas y en lo que es de “público conocimiento”, Wieder afirmó que pudo “saber que el deseo de la Cámara va mucho más allá y que por necesidades propias y ajenas, se retiraría de la causa al citado juez (Speroni)” para adjudicarla a otros “que podrían ser más permeables a intereses políticos de turno”. El abogado no dudó en justificar la venta de material bélico a Croacia y Ecuador al preguntarse “si un país tiene una fábrica de armas y desea exportar a quién se las va a vender, ¿a Suiza o se las tiene que vender a naciones que se encuentran en litigio?”. Y terminó asegurando que “jamás hubo contrabando”, porque en este delito el damnificado es el Estado y en los casos investigados fue una empresa de esta órbita, la Dirección de Fabricaciones Militares, “autorizada por ley”, la que intervino en las exportaciones de armamento. En esta parte, apeló al argumento ya esgrimido por la defensa de Menem: el Estado no puede contrabandearse a sí mismo.
La Aduana, a diferencia de lo actuado durante los anteriores gobiernos, apeló el sobreseimiento de Menem con argumentos contrarios al razonamiento de Wieder. Y además, vinculó la megacausa con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la cual se habrían eliminado pruebas del caso.
Pero el ex presidente por ahora permanece ajeno a estos dilemas, en su refugio trasandino. Aun así, en los próximos días será notificado del rechazo del juez Urso a su insistente petición para seguir postergando su indagatoria en la causa que investiga presuntos sobreprecios en la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Menem había alegado que su nuevo abogado requería de más tiempo para interiorizarse de la causa. Pero Urso entendió que los letrados ya han tenido tiempo más que suficiente para enterarse del contenido del expediente, y la citación quedó en firme para el mismo día en que empieza el juicio oral a María Julia Alsogaray, el martes 13 de este mes. La primera citación había sido el 27 de febrero, pero Menem, que virtualmente se autoexilió en Chile y ha tramitado allí la residencia, no concurrió y por eso el juez volvió acitarlo para el 25 de marzo. En esa oportunidad tampoco compareció y sus defensores alegaron que había errores en la cédula judicial, por lo que el magistrado volvió a convocarlo bajo apercibimiento de ordenar su captura internacional. Urso, que ahora ratifica la indagatoria para el 13, es el mismo juez que en 2001 mantuvo al riojano bajo arresto domiciliario durante cinco meses, por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.