Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

Asustados por la movilización del jueves por la noche, tanto diputados como senadores decidieron suspender sus acordadas vacaciones de Semana Santa. Así, el próximo miércoles ambas Cámaras se reunirán para debatir seis proyectos de ley relacionados con la seguridad. La mayoría de ellos incrementan penas, limitan el beneficio de la excarcelación. Uno prohíbe la venta de celulares usados. También se reprime el juego ilegal.
El fuerte reclamo por mayor seguridad permitió que recobraran protagonismo aquellos legisladores que bregan por la mano dura. Este es el caso de Carlos Ruckauf, quien está intentando –con el respaldo de su bloque– que la semana próxima se debata sin dictamen de comisión (un requisito indispensable para el tratamiento en el recinto) un proyecto suyo que impide la excarcelación de los responsables de violaciones seguidas de muerte. Para el ex canciller, estos reclusos “son enfermos irrecuperables”, tal como lo explicó en declaraciones periodísticas hace poco menos de un mes. El radicalismo, en tanto, anunció que sólo accederá al tratamiento de la iniciativa una vez que cumpla con los requisitos parlamentarios. Es poco probable que consigan imponer su punto de vista: la cantidad de legisladores que tiene el PJ le permite imponer sin muchos problemas la agenda de la sesión.
Tres son los proyectos que tiene planificado aprobar el titular de Diputados, Eduardo Camaño. El primero es el ya mencionado de Ru-
ckauf, los otros dos, que cuentan con la media sanción del Senado, se refieren a tenencia de armas y robo a mano armada.
u Tenencia de armas de fuego y explosivos. La iniciativa no sólo pena la portación ilegal de armamento, sino que avanza en la comisión de delitos con explosivos tradicionales, materiales radiactivos, sustancias nucleares, sus desechos, los isótopos radiactivos y materiales biológicamente peligrosos. Esto último, según los senadores, se fundamenta en el incremento de “acciones terroristas” en otros países y lo hacen en un intento “por prevenir y controlar tal tipo de fenómenos”.
Como tal, el proyecto prevé diferentes penas. Para los casos de uso de explosivos las penas de prisión varían entre 5 y 15 años. La simple tenencia sin autorización de estos materiales implicará una pena de entre 3 y 6 años.
La tenencia de armas de fuego de uso civil, sin autorización, se castigará con seis meses a dos años de prisión más una multa de 10.000 pesos. Si fueran armas de guerra, la pena será de tres a seis años. La portación sin autorización implica de uno a cuatro años y si se tratara de armas de guerra ascenderá de tres a ocho años de prisión. De cuatro a diez años de cárcel le cabrá al condenado por acopio de armas, piezas y municiones. Este proyecto no prevé la prohibición de la excarcelación, por lo que en Diputados ya está acordado incorporarla. Esto significa que el proyecto retornará al Senado. Ayer en la Cámara alta anunciaron que si así sucede, los senadores respaldarán la modificación el mismo miércoles.
u Robo a mano armada. Este proyecto cuenta con un solo artículo y en Diputados se descuenta que se aprobará sin más trámite. Prevé una reclusión de entre 5 y 15 años para aquellos que cometieran un robo con armas e infligieran lesiones a las víctimas. Indica que si el arma utilizada es de fuego las penas se incrementarán en un tercio tanto para el mínimo como para el máximo establecido. Ahora bien, también sanciona aquellos robos realizados con armas que no estén en condiciones de uso o que se traten de una imitación. En este caso las condenas oscilan entre 3 y 10 años.
u Casos de violación sin excarcelación. Este proyecto busca limitar lo que se conoce como “régimen de salidas anticipadas o transitorias”. Ruckauf busca impedir que todos aquellos que cometan delitos denominados “de sangre” no puedan gozar de este beneficio y en particular los casos de violaciones seguidas de muerte. El proyecto es respaldado por la diputada Mirta Rubini, aquella que su hijo defendió su casa de un escrache a tiros, provocando heridos durante la protesta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Desde el ARI sostienen que esta norma ya fue aplicada cuando Ruckauf fue gobernador y Jorge Casanovas su ministro de Justicia y que no tuvo los resultados anunciados.
Los senadores también debatirán tres proyectos de ley. Ayer el vicepresidente Scioli se encargó de enunciarlos junto al senador radical Jorge Agúndez, y el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, le aseguró a Página/12 que además de estos proyectos es preciso llevar adelante un proceso de “profunda depuración” de la Policía Bonaerense que se encuentra en una “crisis terminal”. Por si acaso, el rionegrino aclaró que “una fuerte política tendiente a combatir el delito organizado no se contradice con una política de defensa de los derechos humanos”.
u Prohibición de excarcelaciones. La iniciativa –que surge de una combinación de proyectos de Pichetto, Agúndez y Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Bussi– busca impedir que los detenidos gocen de la libertad condicional en caso de haber sido condenados por delitos considerados aberrantes, como es el caso de secuestro, violación y robo, en todos los casos que impliquen la muerte de la víctima. Este proyecto incorpora además un artículo donde se establece que a los condenados por estos delitos no se les podrá otorgar indulto, conmutación, rebaja o reducción de la pena.
u Control de venta de telefonía móvil. El proyecto lleva la firma de Pichetto. El rionegrino considera que “el delito organizado” se vale de la fácil adquisición de celulares. La intención, entonces, es limitar la venta de teléfonos celulares a las empresas autorizadas, prohibiéndose la venta minorista y temporaria. También busca prohibir la importación y venta de equipos usados o reciclados. Además, prevé la apertura de un registro de adquirentes y titulares de celulares, permitiendo una clara identificación al constar el nombre, documento y domicilio.
u Juego ilegal. Este será el último tema y busca la penalización del juego clandestino, considerado por los legisladores como una fuente de financiamiento para el delito organizado. No sólo prevé penas para los casos de apuestas, juegos de azar y aquellos que impliquen el uso de máquinas –que oscilan entre seis meses y cuatro años más una multa que va de 50.000 a medio millón de pesos–, sino que además una inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena. El proyecto lleva la firma de Agúndez pero nace de una iniciativa de Scioli durante su paso por Diputados.
Presionados por el clima generado por la gigantesca movilización del jueves, los legisladores oficialistas se disponen a aprobar ese paquete a toda velocidad.