La economía crece a niveles chinos, pero ello tiene una influencia mínima sobre los salarios. La razón es que el empleo se genera principalmente en sectores de baja productividad en un contexto de desocupación, elevada informalidad y sobreocupación de los ocupados. Los tres factores se conjugan en la continuidad de la distribución regresiva del ingreso. Al actuar sólo sobre el trabajo formal, la política salarial del Gobierno “convalida y reproduce el impacto heterogéneo y desigual de la reactivación”. En consecuencia, “la recuperación de la economía se asienta sobre la sobreexplotación de la mano de obra”. Estas son algunas de las conclusiones de una reciente radiografía del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sobre las condiciones actuales del mercado laboral.
Para la teoría económica tradicional el nivel de salarios está determinado por la productividad del trabajo. La nueva estructura productiva post convertibilidad provocó que el grueso de la creación de empleo se produjera en sectores de baja productividad y bajos salarios, como por ejemplo la construcción y buena parte de la industria textil (los otros sectores favorecidos por el “modelo”, los vinculados con la exportación, se caracterizan por su alta concentración y su baja creación de empleos). Sin embargo, las particulares condiciones del mercado laboral provocaron una fuerte distorsión del resultado esperable según la teoría. Los bajos salarios en sectores de baja productividad fueron aún más bajos debido a la escasa capacidad de negociación de los trabajadores, situación a su vez derivada de la alta desocupación, que llegó al 19,7 por ciento (si se incluyen las tareas remuneradas con planes sociales) y el trabajo en negro, que alcanza al 45,4 por ciento de los trabajadores. Ambos factores permitieron también la sobreocupación de los ocupados, pues el 46 por ciento de los trabajadores padece jornadas laborales de 11 horas. En este contexto, “por cada 100 pesos que produce la economía argentina, el 30 por ciento más rico se apropia de 65 pesos y el 70 por ciento de la población restante debe arreglarse con apenas 35”.
La investigación del IDEF-CTA, que lleva la firma de su director, el economista y también diputado Claudio Lozano, sostiene entonces que el bajo impacto de la reactivación económica sobre el salario “es consecuencia de que la reactivación se basa en una mayor sobreexplotación de la fuerza laboral”. Esta afirmación se completa con los siguientes resultados:
u A fines de 2003 el promedio salarial de los trabajadores registrados era de 732,4 pesos y el de los no registrados de 303,8 pesos. El promedio conjunto de ambos universos ascendía, en todo el país, a 534,7 pesos. La comparación de estos valores con los de las canastas de bienes que determinan, para una familia tipo, las líneas de pobreza, 735,6 pesos, y de indigencia, 344,2 pesos, permite obtener importantes conclusiones. Primero: El ingreso promedio de los trabajadores en blanco, el sector que más se recuperó, apenas llega al umbral de pobreza. Segundo: el promedio de ingresos de los trabajadores en negro es un 12 por ciento inferior al valor de la canasta de indigencia (alimentaria). Tercero: Los ingresos promedio de los asalariados son un 27,3 por ciento menores que el nivel necesario para salir de la pobreza.
u A diciembre de 2003 el promedio de los salarios era un 17,6 por ciento inferior al de diciembre de 2001, pero este promedio oculta una gran dispersión. La menores pérdidas fueron para los trabajadores en blanco, que sólo disminuyeron sus ingresos en un 7,5 por ciento. Las podas mayores fueron para los empleados en negro, cuyas entradas cayeron el 28,7 por ciento. Según la investigación, esta dispersión adquiere mayor gravedad si se considera que “los trabajadores registrados representan apenas el 19 por ciento de la fuerza de trabajo”, aunque en rigor son el 54,6 por ciento de los asalariados.
u A fines de 2003 la caída salarial respecto de fines de 2001, si bien se había reducido de los pisos postcrisis, continuaba siendo del 12,8 por ciento para los trabajadores formales y del 40 por ciento para los informales. El promedio de caída se ubicó en 22,4 por ciento.
El trabajo del IDEF-CTA concluye que, al operar sólo sobre el universo de los trabajadores formales, la política salarial oficial “no puede hacer otra cosa que convalidar y reproducir el impacto heterogéneo y desigual de la reactivación sobre el mercado de trabajo”. En consecuencia, “tiene escaso valor para modificar la situación de ingresos que vive la sociedad”, al tiempo que carece de efectos redistributivos lo suficientemente importantes para modificar seriamente los actuales niveles de pobreza e indigencia.