El jueves pasado, la masiva movilización a Congreso marcó la irrupción activa de amplios sectores de la población en la lucha contra la inseguridad. Allí se planteó el impulso de una lista de medidas parlamentarias, pero quedó en el aire la posibilidad de continuar esa participación directa de los ciudadanos comunes en la disminución efectiva del delito. En realidad, en varios sectores del conurbano ya está en desarrollo otra movilización masiva por la seguridad. Los miles y miles de hombres y mujeres que la integran pertenecen a las “cuadras solidarias”, a los foros vecinales y otras formas de participación comunitaria auspiciadas por distintos municipios, con efectos mensurables en la disminución de los hechos criminales a partir de tres factores íntimamente relacionados: el control ciudadano de las fuerzas policiales, la readquisición comunitaria de los espacios urbanos y la solidaridad vecinal.
La articulación de estos tres factores –sumada, en otro nivel político, a la reformulación de las instituciones policiales– está también en la base de la prevención y desbaratamiento de secuestros seguidos de muerte como el de Axel Blumberg. Así lo comprobó Página/12 en diálogo con tres de los especialistas en seguridad –todos ellos universitarios y con formación internacional en el área– a cargo de sostener estas organizaciones comunitarias. Estas experiencias –que se desarrollan cada vez más desde hace unos seis años– se proyectan en una dimensión política que ayuda a reexaminar las formas de expresión de la solidaridad y de relación entre la sociedad civil y sus autoridades representativas, empezando por las comunales.
“Si una red como la que estamos desarrollando llegara a abarcar todo el territorio de una ciudad, el margen de impunidad necesario para los secuestros extorsivos caería verticalmente”, observó Alberto Esteban, secretario de Planificación de la municipalidad de San Fernando. La red a la que se refiere está compuesta por las 270 cuadras solidarias de esa localidad: “En ellas, los vecinos se han comprometido entre sí y con la comuna para combatir los delitos, especialmente los que puedan afectarlos directamente; se vinculan entre ellos por distintos medios, desde el teléfono hasta un simple silbato con el que se alertan ante cualquier movimiento sospechoso”.
“Donde esta experiencia arraiga mejor es en las zonas más humildes, donde los vecinos están más acostumbrados a compartir las realidades diarias –señaló Esteban–; en las zonas más pudientes, las solidaridades son menos fuertes, están acostumbrados a vivir puertas adentro y cuesta más organizarlos mientras no lleguen a ser ellos mismos víctimas de un delito.”
La municipalidad prevé elevar la cantidad de cuadras solidarias a 350 antes de fin de año, comprendiendo así a 16 mil de los 150 mil vecinos de San Fernando. “Pero lo más importante es que sean sustentables: los vecinos vacilan y se desaniman cuando la policía o la Justicia no cumplen su cometido: es importante acompañarlos en sus dudas, apoyarlos y explicarles que, si dejan de comprometerse, va a ser peor”, destacó el funcionario, quien se especializó en seguridad pública en la Universidad de Barcelona.
Ultimamente, “los vecinos de muchas cuadras solidarias se vienen comprometiendo más allá del tema de la seguridad, en cuestiones comunitarias: desde la recuperación del espacio público trazando una plaza que ellos mismos cuidarán, hasta la realización de talleres sobre los problemas de la minoridad, integrados con los foros de seguridad donde participan instituciones barriales”, agregó Esteban. El eje de esta acción comunitaria no es el mismo que animó a la movilización del jueves –por ejemplo, no impulsa mayores penas para los delitos cometidos sino que se organiza para evitar que se produzcan–; sin embargo, lejos de oponerse, “muchos vecinos de las cuadras solidarias participaron en la manifestación de Plaza Congreso, como parte de su disposición a involucrarse”, contó Esteban.
Guillermo de la Riva Carrasco es subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Almirante Brown, cuyo programa de “corredores solidarios” para las escuelas fue descripto en este diario el 23 de marzo. ¿Puede un programa municipal como éste tener que ver con delitos complejos como el secuestro extorsivo? Riva Carrasco cree que sí. “Supongamos que una persona secuestrada intenta escapar o grita pidiendo ayuda: el vecino que lo escuche, si está amparado y responsabilizado por estos programas, no vacilará en hacer la denuncia de la manera más adecuada. Y es altamente probable que la policía, sujeta al control impuesto por estos programas comunales, responda como debe hacerlo”, explicó el funcionario y señaló que “además, la participación comunitaria asegura que los vecinos denuncien movimientos sospechosos como los que suelen producirse en lugares donde se sostiene un secuestro”.
Carrasco agregó otro ejemplo que, justamente a propósito del secuestro extorsivo, muestra la diferencia entre la adecuada organización comunitaria y otras formas de supuesta prevención: “En Adrogué, el año pasado hubo una ola de secuestros que se produjeron, todos, en la zona donde había más garitas de vigilancia privada: no pudo probarse, pero hubo fuertes sospechas sobre su involucramiento. Es que la ‘seguridad’ es un gran negocio para algunos carroñeros. Siempre empieza por una ola de robos en un barrio y, enseguida, el ofrecimiento de una ‘empresa de seguridad’. El vecino compra, por miedo, y queda atado, porque la ‘empresa de seguridad’ conoce todos sus movimientos: solo, el vecino no puede zafar de esa situación, pero los vecinos juntos, sí”.
El ejemplo de esa “seguridad privada” puede inscribirse en la consideración crítica de distintas formas de organización vecinal contra el delito no articuladas con los municipios.
“Es cierto no siempre los municipios auspician programas solidarios y hay muchos casos donde los vecinos se organizan por sí mismos o sólo mediante entidades intermedias”, señaló Carrasco.
–Esto podría apuntar a una prevalencia de lo corporativo sobre las autoridades democráticamente constituidas –comentó Página/12.
–Puede ser –contestó Carrasco–. En todo caso, desde los municipios estamos claramente limitados por la ley: siempre fuimos muy cuidadosos en no alentar que los vecinos se armaran: no se trata de reemplazar a la policía sino de controlarla y fortalecerla. Cuando los vecinos se organizan por sí solos es más probable que no puedan encontrar los límites.
Un ejemplo de cómo estas acciones comunitarias pueden controlar a la vez que auxilian a la policía se encuentra en el municipio de Luján. Allí “hemos establecido el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, con participación de organizaciones no gubernamentales, del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante: cuenta con fondos propios gracias a una participación sobre impuestos de unos cuarenta centavos por contribuyente, que totaliza 27 mil pesos mensuales. Gracias a esto la policía pasó de tener un patrullero y medio funcionando a tener 31, con un sistema especial de comunicación que incluye teléfono y handy. El Consejo tiene una persona especialmente dedicada a controlar cuánto combustible gasta cada patrullero, cómo es mantenido y manejado. La policía no tiene ningún margen para ‘pasar la gorra’”, contó Gustavo Sica, subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Luján. Además, “creamos un centro de asistencia a la víctima, y conseguimos que el comisario sea de Luján; no queremos más comisarios del conurbano, y es muy distinto cuando el funcionario vive en el barrio y los vecinos pueden tocarle el timbre”.
Y los delitos bajaron. “Tomando el caso de los robos de autos, que son de denuncia obligatoria para cobrar el seguro, en un año cayeron más del 39 por ciento”, contó Sica, también titulado en el posgrado de la Universidad de Barcelona como experto en análisis de la seguridad pública. Según Sica, “el paso siguiente en el control comunitario se refiere a la Justicia: todavía no hay mecanismos que permitan influir para que, por ejemplo, los fiscales libren siempre a tiempo las órdenes de allanamiento. Esto a los vecinos también los preocupa”.