Dos regalos ha recibido la compleja situación judicial de Raúl Moneta. El primero lo hizo la Sala I de la Cámara de Casación al abrirle el recurso de queja contra el sobreseimiento de su antiguo colaborador Jorge Macchi. El segundo provino del fuero de instrucción, donde pese al durísimo pronunciamiento previo de los camaristas Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone, el fiscal Justo Rovira desestimó la denuncia que involucra al abogado de Moneta, Alejandro Mitchell, y a los jueces Ismael Muratorio y Juan José Mahdjoubian en una maniobra de “forum shopping” y corrupción judicial. En ambos casos quedan en entredicho las decisiones de la Cámara del Crimen, una instancia que parece estar en la mira del ex banquero: tanto Radio 10 como Canal 9 han desatado en las últimas semanas una campaña de desprestigio que tiene como centro al camarista Mario Filozof.
Las causas que lo tienen como imputado o procesado no son motivo de desvelo para Moneta, consciente de que el frío glacial que sopla en despachos de los fueros federal y penal económico las mantiene convenientemente congeladas. En el fuero federal, la investigación por presunto vaciamiento, asociación ilícita y lavado de dinero en el caso de la caída de los bancos Mendoza y República dormita desde hace más de un año en las dependencias de la Sala I de la Cámara, integrada por Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. Todo se reduce a cómo gira la moneda en el aire: si le hubiera tocado la Sala II (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi) sería muy probable que Moneta se encontrara acompañando en prisión a Rubén Beraja y José Rohm, titulares de los bancos Mayo y General de Negocios y procesados por delitos similares. Como si el statu quo fuera poco, Moneta ha logrado que el Banco Central siga el consejo del director Ricardo Branda y no se presente como querellante en el expediente. En una somnolencia semejante a la del fuero federal está la denuncia por evasión tributaria formulada por la Ufitco ante el juez Marcelo Aguinsky. Moneta ni siquiera ha sido indagado por el magistrado –un menemista de pro–, pese a los abundantes y sólidos elementos suministrados por el organismo que controla los delitos fiscales.
Esa parálisis contrasta con los inesperados movimientos registrados en aquellos expedientes que Moneta impulsó contra ex socios y colaboradores que hoy ha convertido en enemigos irreconciliables. Moneta ha conseguido, por ejemplo, que los camaristas de Casación Juan C. Rodríguez Basavilbasso, Liliana Catucci y Alfredo Bisordi den luz verde a un recurso de queja contra el sobreseimiento de Jorge Macchi. Macchi fue desarrollista del Edificio República y reclamaba a Moneta honorarios por 3 millones de pesos. El abogado, socio y mano derecha del banquero, Alberto Petracchi, presentó contra Macchi una denuncia por extorsión. La denuncia ingresó por comisaría justo un día en que estaba de turno el juez de instrucción Ismael Muratorio. Muratorio procesó a Macchi, éste apeló, la Cámara del Crimen lo desprocesó. Ese juego, procesamiento, apelación y desprocesamiento, se repitió cuatro veces hasta que por fin el desarrollista fue sobreseído. La Cámara del Crimen denegó el recurso de queja interpuesto por Moneta contra esa decisión y los letrados del ex banquero se volvieron entonces hacia la Casación. Como anécdota puede recordarse que el presidente de la Cámara de Casación Wagner Gustavo Mitchell es el tío del actual abogado de Moneta, Alejandro Mitchell, un joven ambicioso y audaz.
En la Casación, el recurso tuvo un eco inesperado: luego de transcribir in extenso el texto de Moneta, el tribunal consideró que estaba “adecuadamente” fundado y lo concedió. Lo que Bisordi, Catucci y Rodríguez Basavilbasso consideraron fundado es el relato delirante de la supuesta conspiración organizada por Macchi con la ayuda de empresas de medios y periodistas “cuidadosamente seleccionados por su posición ideológica”. La lista de “afines” en lo ideológico provocaría hilaridad. Puede que la Cámara de Casación preste poca atención al mundo exterior. Más extraño es, no obstante, que no haya reparado en que el expediente era casi una réplica del que llevó a los camaristas del crimen Barbarosch y Bruzzone a anular lo actuado en la causa de Moneta contra Tom Hicks y solicitar la investigación de los jueces intervinientes y del abogado de la querella por considerar que estaban frente a un caso flagrante de “forum shopping”. Los participantes eran los mismos (Moneta y Muratorio) e idénticos fueron los procedimientos empleados (formular la denuncia ante la policía para garantizar que el turno correspondiera al juez amigo).
Los argumentos de Barbarosch y Bruzzone tampoco pesaron en el ánimo del fiscal Rovira, quien desestimó las denuncias de corrupción judicial presentadas contra el abogado Mitchell y los jueces Mahdjoubian y Muratorio. Rovira basó su argumentación en dictámenes de su superior, el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz. El dato no es menor: Sáenz se encontraba alineado con el ex procurador Nicolás Becerra (íntimo de Moneta, Daniel Vila y José Luis Manzano) y encolumnado con la magistratura menemista.