San Luis tiene un punto en común con Santiago del Estero: el sometimiento que el poder político –en este caso de la familia Rodríguez Saá– ejerce sobre el Poder Judicial. Esto llevó a un grupo de senadores nacionales a presentar un proyecto de intervención de la Justicia puntana por considerar que “existe la amenaza cierta y concreta de una escalada de violencia urbana”.
Si bien es cierto que la suerte de esta iniciativa está atada a la decisión del gobierno central, también está relacionada con la habilidad que tenga el gobernador Alberto Rodríguez Saá para destrabar la crisis sin precedentes que vive su distrito. Hasta ahora, el mandatario provincial no mostró estar en condiciones de lograrlo.
El proyecto en cuestión lleva la firma de buena parte del bloque radical –el autor es el puntano Jorge Agúndez–, de la frepasista Diana Conti y del renovador salteño Ricardo Gómez Diez. En los fundamentos se detallan con meticulosidad los casos que demuestran la inexistencia de la división de poderes. Para los senadores, la situación en la provincia “se ha tornado extremadamente conflictiva y existe la amenaza cierta y concreta de una escalada de violencia urbana, jamás vista en San Luis”.
La historia reciente de la provincia –tal como relata el proyecto– está marcada por el absoluto control de la Corte local que comienza en 1990 cuando se abre la primera causa por enriquecimiento ilícito contra el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá. A partir de allí, se redujo e incrementó el número de miembros del superior tribunal, siempre según las necesidades de la coyuntura. Uno de los nombres que se repite en el proyecto es el de Carlos Sergnese, considerado como “un funcionario adicto” a la familia gobernante. Este ex senador y ex jefe de la Side durante la breve presidencia del Adolfo fue uno de los hombres que condujo el cambio en la Justicia puntana mientras actuó como presidente de la Corte de San Luis, del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, el mismo que destituyó a las magistradas Ana María Careaga, Adriana Gallo y Silvia Maluf de Christin.
Las dos primeras juezas fueron directamente echadas de su puesto luego de que firmaran en febrero de 1997 un pronunciamiento crítico sobre la situación de la Justicia puntana y que fue impulsada por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes. La denuncia no sólo terminó con la carrera de las magistradas sino que además, y por iniciativa de los Rodríguez Saá, en octubre de ese año se disolvieron por ley los colegios de abogados y procuradores. La adhesión al pronunciamiento fue considerada por la Corte local como “un acto de subversión”. En ese momento entre los integrantes del superior tribunal se destacaba, además del siempre presente Sergnese, Elvecia del Carmen Gatica, quien contaba –siempre según el proyecto de los senadores– como único antecedente el haber sido empleada de la Casa de la Provincia de San Luis en la Capital Federal.
La existencia de dos intendentes en la capital puntana, una polémica que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, también forma parte de los fundamentos del proyecto presentado. Los legisladores denuncian que en esta puja política el Poder Judicial “desplegó una actitud reprochable, teñida de parcialidad manifiesta, en favor de los intereses políticos del gobierno provincial”. Esto incluye la convocatoria a las elecciones municipales realizada por la Corte sanluiseña, un atributo vedado para esta instancia judicial, y que colocó a la adolfista María Angélica Torrontegui como la otra intendenta de la capital puntana frente al triunfante Daniel Pérsico.
El proyecto también incorpora una serie de hechos criminales producidos en San Luis y que “rozan” de alguna manera al poder político. Los legisladores mencionan, entre otros, el caso del entonces presidente del Concejo Deliberante de la capital puntana, Osvaldo Ochoa, fallecido el 1° de diciembre de 2003 en un dudoso accidente automovilístico. Cinco días más tarde, un patrullero atropelló a Ana María Siles, una estrecha colaboradora de Ochoa, quien mantenía un fuerte enfrentamiento con los Rodríguez Saá. Según entienden los senadores, todos estos casos describen “una violación sistemática por parte del poder provincial de derechos y garantías, afectando la vida republicana”. Habrá que ver ahora qué actitud toma el oficialismo de la Cámara alta.