Tras dos días de polémica, el ministro de Planificación, Julio De Vido, desistió de la denuncia penal que había presentado contra Elisa Carrió. Anoche difundió su decisión a través de una carta que envió por correo electrónico a los directores de los diarios. En el texto, reconoció que el Presidente le había pedido que no siguiera adelante con la querella ante los estrados federales y que se limitara al fuero civil. “En el esfuerzo por no dejar lugar a dudas sobre mi vocación democrática, he de acceder al pedido del Presidente y limitaré mi petición judicial exclusivamente en lo civil”, aclaró. Cuando se enteró de la novedad, Carrió festejó con una ironía dedicada a De Vido. “Del único lugar del que no se vuelve es del ridículo. Voy a tener que devolver el camisón”, dijo a Página/12.
La carta del ministro llegó a las redacciones cerca de la hora de cierre. Empezaba con una presentación personal. “Soy Julio De Vido. Un ciudadano al que la educación pública le permitió ser arquitecto”, se describía. Luego recordaba las acusaciones de Carrió (“Me ha atribuido la condición de ‘cajero’ en una campaña política y vínculos con un hecho delictivo que tiene como actores principales a los miembros de lo que se denomina ‘la mafia de la pesca’”) y aseguraba que esas imputaciones eran “absolutamente falsas”. Tras mencionar los “numerosos artículos periodísticos” que se habían hecho eco de esos argumentos, De Vido explicaba por qué había recurrido a la Justicia.
El miércoles, el propio ministro había subido los escalones de Comodoro Py para ratificar en persona la querella contra Carrió. Con un escrito de 46 carillas, De Vido reclamó que se sumaran las penas de calumnias e injurias –por los que acusa a la líder del ARI–. El procedimiento está previsto en el Código Penal cuando se acusa de dos o más delitos. Basándose en ese recurso, De Vido reclamó una condena de 3 años y 6 meses de cárcel. “Entendí que sólo así podía verse salvada mi dignidad como persona y que quienes me conocen podían observar que no existía de mi parte una actitud que por pasiva podía ser interpretada como confirmadora de la injuria”, argumentaba ayer en la carta que envió a los diarios. Pero la posibilidad de que Carrió fuera presa generó una fuerte polémica.
Las críticas coincidían en que la querella de De Vido podía derivar en un silenciamiento de la oposición. Entretanto, en el juzgado de Canicoba Corral ya pensaban en los próximos pasos de la causa: había que convocar a las partes a una audiencia de conciliación, la que tenía asegurado el fracaso. Carrió había anticipado que no se retractaría de sus dichos. “Lo más sensato sería que De Vido se quedara con la causa civil y no siguiera con la penal”, proponían desde Comodoro Py. Por su lado, el Gobierno aclaraba que la presentación de De Vido era una “acción privada”. Pero no bajaban el tono del enfrentamiento con la ex diputada. “La señora Carrió tiene tanto odio interior que insulta a diestra y siniestra”, volvía a la carga el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Sin embargo, el Gobierno decía que había que evitar las agresiones personales. En ese momento, los dos adversarios se encontraban fuera de Buenos Aires: De Vido viajaba a El Calafate para participar de un encuentro de empresarios de telecomunicaciones mientras que Carrió estaba en Santa Fe, donde iba a dar una conferencia en la Universidad del Litoral. “Hoy Lilita no va a hablar”, aclaraban los colaboradores de la chaqueña. Todo cambió cerca de las nueve de la noche, cuando el ministro de Planificación anunció que desistiría de la causa penal.
No había dudas: la sorpresiva decisión respondía a una orden presidencial. De Vido lo admitió abiertamente. “El mismo presidente de la Nación, reconociendo el legítimo derecho de mi reclamo ante los estrados penales, me pidió que reflexione sobre la posibilidad de no seguir adelante con la causa. Me propuso, a cambio, que circunscriba mi acción a lo meramente civil. Entendió que de ese modo nadie podrá decir del gobierno nacional que busca encarcelar a los opositores”, expresaba en la carta. No era la primera vez que un funcionario desistía de una denuncia: un caso parecido sucedió con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien había imputado a un grupo piquetero de haberlo tenido secuestrado.
En su carta, el ministro reafirmó que pretende que la dirigente del ARI “asuma la responsabilidad que le cabe”. En el fuero civil, si Carrió llegara a perder una demanda por daños y perjuicios –derivada del delito de injurias– se le impondría una cifra en concepto de indemnización. Pero lo que más preocupó ayer en la Rosada, y también a De Vido, fue aclarar que no querían silenciar ni amordazar a la oposición. “De ningún modo nadie podrá decir del gobierno nacional que busca encarcelar a los opositores”, subrayó el ministro de Planificación en su comunicado. Anteayer, la noticia de la querella contra Carrió había llegado a las agencias internacionales.
A diferencia de los funcionarios oficiales, la reacción de Carrió fue eufórica. Según contaron sus allegados, lo primero que hizo cuando se enteró de la carta del ministro fue reírse. Luego dijo que devolvería el camisón celeste, con el que ya se imaginaba en prisión.