Aunque los Rodríguez Saá aparentemente no tienen respuestas a la pregunta “por qué nos atacan”, lo cierto es que son muchos los sectores puntanos que expresan peligro ante algunas medidas del gobierno provincial. Tal el caso de los empleados y los propietarios de la firma que explota las Salinas del Bebedero y que representa más del 40 por ciento del mercado nacional. Los trabajadores de la firma Dos Anclas, licenciataria del permiso minero, encabezaron el pasado jueves la marcha de la Multisectorial opositora al gobierno de San Luis con la consigna “hay que salvar la salina”. De qué y de quiénes hay que salvarla es una verdadera novela.
La construcción de un canal que llevará agua desde el río Desaguadero hasta la laguna del Bebedero amenaza con inundar las minas de sal y poner fin a una explotación de casi un siglo. De concretarse, esto tendría un tremendo impacto en el escenario económico nacional. En los planes oficiales el canal tiene un trazado de 23 kilómetros. Actualmente está seco y la construcción llegó a 6 kilómetros de la laguna en cuyas adyacencias se extrae la sal.
Dos Anclas explota las Salinas del Bebedero desde 1917 y tiene una participación en el mercado mayor al 40 por ciento. Es formadora de precios y abastece a otras industrias, entre ellas las del cuero y la alimentación. “No vamos a detener la construcción del canal”, ratificó la semana pasada el gobernador Alberto Rodríguez Saá a los propietarios de los derechos de explotación minera cuando éstos le pidieron paralizar las obras. La reunión entre los representantes de la empresa y los funcionarios del gobierno puntano se concretó antes de la marcha de la Multisectorial opositora que encabezaron precisamente los empleados de Dos Anclas. La empresa acercó a Rodríguez Saá un estudio propio que muestra que en caso de inundarse la región, lejos de superar la desertificación que se quiere dejar atrás, ésta se acentuará aún más.
A fines del año pasado, luego de que Rodríguez Saá sobrevolara en un helicóptero la Salinas del Bebedero, distintos funcionarios puntanos denunciaron un “taponamiento” en el río Bebedero que impide que el agua llegue hasta la laguna. En distintos artículos publicados en El Diario de La República, propiedad de los Rodríguez Saá, se anunció el comienzo de una investigación sobre ese “taponamiento”. Unas semanas después, la administración provincial comenzó a reivindicar “el restablecimiento del orden natural y ecológico” en la región.
Coincidentemente con las primeras notas periodísticas, la firma comercial que explota las minas de sal comenzó a recibir a varios inspectores provinciales. Sucesivamente fueron llegando inspecciones de Higiene, de Seguridad, de Trabajo, y también de Impositiva. Compañía Integradora de Buenos Aires, que tiene a su cargo la firma Dos Anclas, es una empresa que tiene 103 años de antigüedad. Nació en 1901. Simultáneamente explota las salinas de San Luis y otra en Macachín, La Pampa. Por un fenómeno natural, las minas pampeanas se inundaron hace trece años y en la actualidad allí se realiza una explotación menor. La salina puntana representa el 90 por ciento de lo que produce Dos Anclas S.A. Durante diez de los doce meses del año, la salina suele estar inundada con una capa de 10 cm de agua. Esto es lo que permite que se formen los cristales de sal que serán extraídos cuando el agua se retire.
Además de abastecer al mercado doméstico, la empresa abastece a varias industrias. De manera directa, Dos Anclas emplea en San Luis entre 170 y 300 personas. En los meses del año en los que les toca levantar la sal llegan a emplear a 500 personas. A esto hay que sumarle el personal de otras empresas vinculadas a la explotación, como los camioneros.
Luego del viaje en helicóptero de Rodríguez Saá, el gobierno comenzó la construcción del canal con el que piensa irrigar la laguna del Bebedero.El canal, que tiene un ancho que varía de tres a cinco metros, proviene del río Desaguadero. Si bien la administración puntana suele repetir que no desviará el curso de este río, lo cierto es que las obras encaradas disminuirán su caudal. Y el Desaguadero es un río jurisdiccional. Es decir que limita a la provincia de Mendoza, con San Luis, y con La Pampa, lo que más tarde o más temprano hace prever un conflicto interprovincial. Hasta el momento, ni los gobiernos de Mendoza ni de La Pampa se han definido sobre esta obra pública.
El gobierno puntano encargó un trabajo de “auditoría ambiental” a un grupo de especialistas. De él participaron dos ingenieros: Guillermo Aguado y José Xacur y un ecologista, Roberto Escany. En sus conclusiones aclararon que habían observado una fuerte desertificación en la zona y se lo atribuyeron a ese taponamiento del río. Incluso aseguraron que la eliminación de ese tapón reactivaría la diversidad biológica, en su flora y en su fauna. El ecologista incluso tuvo definiciones épicas cuando afirmó que “un gobierno debe defender con uñas y dientes el ambiente y los recursos para poder utilizarlos en beneficio de sus ciudadanos; y esta acción merece un rotundo elogio moral”.
Especialistas consultados por este diario, que prefirieron no dar a conocer su nombre, aseguraron que “esto no es real”. Afirman que naturalmente se trata de una zona árida y que si se la inunda se producirán contaminaciones y que incluso puede profundizarse la desertificación que hoy se observa. Es decir que se lograría el efecto inverso que se pretende alcanzar. Sostienen que el orden natural que reivindica el gobierno puntano se dio en la segunda mitad del siglo XIX y producto de condiciones naturales excepcionales. La construcción del canal actualmente está a la puerta de las salinas. Concretamente a 6 kilómetros de la laguna. Los especialistas consultados por este diario, luego de estudios químicos del agua, aseguran que aunque no se inunde la explotación, un mayor nivel del río podría inutilizar las minas por mucho tiempo.