Un hombre fue procesado por robarse una bombita de luz en la Embajada de Estados Unidos. Otro fue denunciado por intentar pagar el boleto con una moneda de 50 centavos falsa. Un abogado aseguraba haber recibido un mensaje de Osama bin Laden y muy decidido hizo una presentación judicial. En la Justicia abundan historias de denuncias, procesos e incluso condenas por casos tanto o más insólitos como los citados más arriba. Con sólo decir que se abrió una causa por un hombre que pretendía que George Bush fuera citado a declarar en la Argentina como imputado por amparar el lavado de dinero del narcotráfico. La estructura legal actual crea un escenario propicio para los “denunciantes compulsivos”, como los llamanos los judiciales, ya que los jueces no pueden negarse a recibir ninguna denuncia. Días atrás, el caso contra un chico de cinco años, acusado de robar un muñeco de un compañerito, renovó el debate. En ocasiones, las causas logran continuar en la lenta marcha de la Justicia y su desarrollo insume mayores gastos que los generados por el propio delito.
Algunas de estas denuncias desopilantes, acusaciones insólitas y robos curiosos tuvieron su momento de gloria mediática, como la del sandwich de Galeano. Otras quedaron en silencio, como la del hombre que quiso llevarse un “souvenir” de la Embajada de Estados Unidos y terminó detenido. Todo empezó con el ya de por sí complicado trámite para obtener una visa en el edificio de la embajada en Palermo. Después de hacer la larga cola, cumplió con el papelerío. Antes de irse, hizo una parada en el baño. Nada que llamara la atención, excepto que el hombre fue sorprendido por los guardias de seguridad de la embajada, mientras desenroscaba un foco halógeno.
La embajada no quiso dejar pasar un delito en tierra propia y denunció al ladrón de bombitas ante la Justicia Federal, que procedió a detenerlo ese mismo día. El imputado se negó a declarar por recomendación de su defensor, por lo que nunca se conocieron detalles del motivo del hecho, ocurrido el 8 de octubre de 1999. El Juzgado 3, en su momento a cargo de Carlos Liporaci, procesó al muchacho por el delito de hurto, aunque se salvó de la condena al recibir en 2001 la concesión de la probation, un recurso mediante el cual el acusado no llega al juicio pero se compromete, a cambio, a realizar tareas comunitarias. De la visa, ni hablar.
Una de las denuncias más desopilantes y complicadas que llegaron a los corredores de Comodoro Py fue la efectuada por Bernardino Oyarzu, un comerciante de 67 años, quien aseguró que los juzgados federales sufrían “deficiencias en su seguridad”. Oyarzu, sospechador nato, aseguró que “el detector de metales es ineficaz” ya que el dispositivo no se había activado cuando él ingresó a los Tribunales. El comerciante había decidido testear el aparato y entró munido de lo que él consideraba artillería para poner a prueba el dispositivo: lupa, fotocopias, clip para papeles, pedazo de cristal de cuarzo y cuerda de algodón. Curiosamente, no llevó ningún pedazo del metal que se supone debe ser detectado... En su denuncia, el comerciante advertía que las hojas de papel que ingresan al edificio “pueden estar tratadas químicamente”.
Otro peligro, explicaba Oyarzu, son las infusiones que se beben en los Tribunales y las comidas del personal, que deberían ser analizadas en el Instituto Malbrán donde, además, habrá que “colocar una custodia”. El denunciante desconfiaba de kioscos y rotiserías de la zona, y proponía que “sería necesario que a todos los funcionarios que trabajan en este edificio se los proveyera de alimentos, que las bebidas no se compren en el comercio, sino que se encargue a los productores, a los que se les exigirán los análisis correspondientes”. El juez Claudio Bonadío, que tuvo que recibir la denuncia, finalmente la desestimó.
Los casos con tono insólito son innumerables, según reconocen las fuentes judiciales consultadas por Página/12. Los constitucionalistas entrevistados coinciden en que el problema se genera en que en la Argentina no existe el “derecho de oportunidad”, lo que no permite hacer una diferenciación previa de las denuncias antes de que llegue a manos del juez (ver aparte). En otros países, este derecho permite a los fiscales seleccionar previamente los casos que ameriten poner en funcionamiento el aparato judicial, ejerciendo un filtro. Según asegura un amplio número de constitucionalistas, la obligación que existe en la Argentina de instruir todas las denuncias fomenta la aparición de los “denunciantes compulsivos”.
Enrique Piragini, un abogado que lleva a cuestas un abultado número de denuncias, ganó fama días atrás cuando hizo una denuncia por presunto “abandono de persona” en perjuicio de Diego Maradona. Piragini pidió que se investigue si alguien de su entorno incurrió en ese delito en perjuicio del ex futbolista. El juez de instrucción Marcelo Alvero desestimó la denuncia por “ausencia de delito”. Piragini, asiduo caminante de los Tribunales, suele hacer sus denuncias en nombre de la ONG que preside, denominada “Argentina Recupera Idoneidad en Libertad” (Ariel), más comúnmente conocida como “Ariel somos todos”. El titular de Ariel se enorgullece al asegurar que, en poco más de un año, hizo “más de cien presentaciones”. Hasta él mismo reconoció a este diario que “a veces llaman la atención porque parecen tontas para la gente que no sabe”. Sus denuncias, además, no hacen discriminación de rubro: presentó escritos vinculados con ecología, salud y corrupción.
Daniel Sarwer, otro habitual denunciante de los tribunales federales, afirmó que el líder de la red terrorista Al Qaida, Osama bin Laden, le envió un correo electrónico en el que anunciaba una serie de ataques. Según su presentación, el supuesto Bin Laden se tomó el trabajo de escribir en un prolijo castellano sin artículos, para aparecer como extranjero. El mail se titula: “Osama atacará la Argentina, EE.UU. e Israel”. Insólitamente, el presunto Bin Laden daba muestras de conocer perfectamente al denunciante Sarwer: el título del mail continuaba con la contundente proclama de “Sarwer presidente musulmán”. Además, Bin le ofrecía a su candidato 1.700.000 euros para contratar un buen abogado que limpiara “el buen nombre y honor musulmán”. “Terminaremos con el infiel Bush, perro traidor”, detallaba el correo firmado por “Alá Osama”. Igual que en el caso del sospechador Oyarzu, Bonadío tuvo que recibir la denuncia pero decidió no poner en marcha la investigación.
Pocos podrían imaginan la presencia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Comodoro Py, mucho menos para declarar como acusado de “amparar el lavado de dinero del narcotráfico”. Esto es lo que pretendía Aldo Sergio Parodi al presentar su denuncia ante la Cámara Federal, que luego remitió la acusación al juez Bonadío. “Actualmente por Internet los mercaderes del narcotráfico y del terrorismo usan bancos de Estados Unidos para lavar dinero. Esa información la tiene Anne Patterson, embajadora de EE.UU. en Colombia”, citó en su denuncia Parodi, y propuso al magistrado que cite a Patterson como testigo en contra de su presidente. Finalmente, Bonadío zanjó por lo más sensato: Patterson no visitará la Argentina, por lo menos como imputada, mucho menos George W. La denuncia fue desestimada.
Existen causas que, pese al correr de los años, los empleados de la Justicia no olvidan. Una de ellas se refiere al detenido al que el juez Juan José Galeano denunció por haberse comido el sandwich de un empleado del juzgado, mientras esperaba a ser indagado (ver aparte). Otro caso que ganó popularidad tiene a los conquistadores de América como protagonistas. Una vez más, Piragini es el denunciante. El abogado realizó una presentación “contra el reino de España por su responsabilidad en la matanza de indígenas argentinos y el despojamiento de sus tierras tras el descubrimiento de América”. La denuncia penal, a cargo del juez federal Sergio Torres, se transformó brevemente en causa y hasta se habló de iniciar un juicio por la verdad por los hechos ocurridos a partir del siglo XVI. Aunque no falto de razón, son pocos los que imaginan a Juan Carlos de Borbón y a la reina Sofía ingresando a los Tribunales de Comodoro Py, por lo que el tema fue al archivo. Piragini también denunció,curiosamente ante el mismo Torres, a los habitantes de la Villa 31 por “daño ecológico”.
El de los conquistadores no fue la única causa histórica. El ex brigadier mayor de la Fuerza Aérea José María Insúa denunció meses atrás, ante el juez Jorge Luis Ballestero, el “Rodrigazo” del gobierno de Isabel Perón, y los australes de la administración de Raúl Alfonsín por contribuir con “la corrupción, los sobornos, las sistemáticas mentiras, el trato procaz y el incremento de la deuda externa”. El hombre, de 73 años, también incluía hechos más recientes y aunque alguna de las acusaciones puede generar consenso, llamativamente, no mencionó en sus denuncias a la dictadura.
En la lista de casos que mereció espacio en los diarios también figura la causa protagonizada por Ricardo Núñez, detenido por intentar pagar su boleto de tren con una moneda de 50 centavos falsa. En lo que representó una alerta para los modestos viajantes del ex ferrocarril Roca, el 23 de noviembre de 2001 el pasajero mantuvo una discusión con uno de los boleteros y, como consecuencia, los policías allí presentes lo detuvieron. El caso incluyó los testimonios del encargado de la boletería, de los policías que apresaron a Núñez y de los testigos del procedimiento. La Justicia federal intervino en el caso por el nada despreciable delito de “falsificación de moneda”. Fue el mismo Bonadío quien decidió finalmente la liberación de Núñez.
Hay causas que guardan cierta verosimilitud y pueden dar lugar a una investigación judicial, aunque con costados ya demasiado insólitos. Por ejemplo, la investigación sobre un grupo de personas denunciadas como falsificadores de papel higiénico. El tema despertó un inconveniente procesal sugerido por los propios sabuesos del caso: “¿Cómo se perita la calidad del material? –preguntaban y se preguntaban los investigadores–. ¿Qué maniobras tienen que realizar los peritos para demostrar que el papel es o no es falso?” El proceso iniciado a fines de 2000 por violación a la ley de marcas y patentes sigue en trámite actualmente en la órbita del Juzgado Federal Nº 3.
Hay un caso en el que la gravedad del delito se combina con lo patético. Es la denuncia penal de una mujer que se realizó una cirugía para agrandarse el busto a través de la obra social de la Policía Bonaerense, pero conviniendo con el médico hacer pasar la intervención como de várices. El caso, bautizado por Página/12 como el Lolagate, se desató cuando la mujer demandó al médico porque las várices (altas) le empezaron a traer serios problemas. En la investigación se descubrió que al menos medio centenar de mujeres policías se había implantado tan particulares várices.

Informe: Maricel Seeger.