Absurdos, patéticos o increíbles, lo cierto es que llegan a la Justicia Federal para poner en marcha la estructura judicial y con un resultado que, en la mayor parte de los casos, es absolutamente previsible: la desestimación. ¿Por qué un caso en el que un pasajero paga su boleto con una moneda de 50 centavos trucha es caratulado como “falsificación de moneda”, la misma figura delictiva establecida para hechos en los que se trata de cifras descomunales? Los expertos en Derecho Constitucional coinciden: en la Argentina, salvo en Mendoza, no existe el derecho de oportunidad, por el que los fiscales pueden seleccionar previamente los casos que ameriten la atención del engranaje judicial.
El abogado constitucionalista Alejandro Carrió sostuvo que “estos casos llegan y se llevan adelante porque el derecho argentino se guía por el principio de legalidad, por el que hay obligación de instruir toda denuncia. No se tiene el cuenta el tiempo que se pierde en muchos casos. Y, además, los fiscales tienen miedo de que les reclamen no haber motorizado un tema”. Carrió opinó que “debería establecerse una sanción para los que denuncian cualquier cosa. Y también debería haber un principio de oportunidad para causas menores, aunque eso requiera la designación de funcionarios muy serios”.
A tono con Carrió, el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Alberto Binder, manifestó a Página/12 que “nuestra justicia, y en especial la federal, está desorbitada. Nunca se genera una conciencia de la excepcionalidad y las instituciones judiciales no están orientadas a los resultados porque lo que rige es el trámite. Figura en igual medida el caso IBM Banco Nación, como el de pagar con una moneda trucha. No hay diversidad en la carga”.
Para Binder, “debería existir un principio de oportunidad, pero acompañado de un mecanismo que vuelva transparente el sistema, que responda a una política de legislación penal. No debe haber sólo un principio de oportunidad porque puede resultar reduccionista, sino que también tiene que haber un sistema de control de gestión en el plano legislativo y administrativo, y un sistema completo de estadísticas”.
El constitucionalista Andrés D’Alessio afirmó que “todos los sistemas judiciales seleccionan, incluso el nuestro, en el que las causas complicadas se van demorando, salvo en Mendoza, donde se estableció el principio de oportunidad”. De acuerdo con las estadísticas, en Argentina llegan a juicio un mínimo porcentaje de las causas. Y, según D’Alessio, “ahí se están yendo cosas importantes. Nadie se anima a decir que tal cosa no la investiga porque es una pavada. Esto ocurre porque no hay ninguna norma que lo ampare, como puede ser el principio de oportunidad”.
Por su parte, el constitucionalista Alberto García Lema propuso como alternativa la creación de “un fuero especial para atender asuntos menores o de menor incidencia económica”, aunque estimó que “siempre tiene que haber un organismo para atender cualquier denuncia porque podría transformarse en una causa. Así como ya existe la mediación, que ha descargado mucho a la Justicia, se podría establecer otra alternativa antes de que el caso llegue al juez”.
“Lo curioso es que frente a hechos de mucha gravedad, cuando hay maltrato o violaciones, muchas veces no se les toma la denuncia a las víctimas -concluyó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay–. No sería tan grave que se tomen en cuenta también las causas insólitas en un país donde la Justicia funciona como corresponde, porque hablaría, en todo caso, de un exceso de eficacia. Pero éste no es el caso de Argentina.”