El Gobierno destinará en los próximos doce meses siete mil millones de pesos al gasto social. Así lo anunció anoche la ministra Alicia Kirchner al hacer un balance del primer año de su gestión y dar una prospectiva para el año que vendrá. El presupuesto surge de sumar fondos de Desarrollo Social, Trabajo y Salud. En la Casa Rosada aseguraron que el paquete destinado a enfrentar los altos niveles de pobreza y desocupación no se verá afectado por el pago de la deuda externa, más allá del acuerdo al que se llegue con los bonistas.
Alicia Kirchner dio estas precisiones durante un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Flanqueada por el presidente Néstor Kirchner, difundió un informe titulado “Rendimos cuentas” (ver aparte) y definió el plan del Ejecutivo para una de las áreas sensibles del escenario político.
La primera definición gruesa es que los planes de empleo no se van a universalizar, como piden las organizaciones de desocupados. El Gobierno considera que los subsidios fomentan la pasividad de los beneficiarios, en lugar de ser un aliciente para reingresar al mundo del trabajo.
El segundo es que la política social buscará tener un enfoque “de mayor integralidad”. Durante el año pasado, el eje estuvo puesto en el impulso a los emprendimientos productivos (a través del programa Manos a la Obra) y en la asistencia alimentaria. Se trató de programas focalizados y de respuestas a problemas puntuales, como la carencia de ingresos o de comida.
La idea con la que trabajan ahora es crear un sistema para que quienes fueron expulsados de la economía formal tengan respaldo del Estado para acceder de manera simultánea a la educación, la salud, el trabajo y el crédito. El deterioro de la situación es de tal gravedad que sin apoyo en cada uno de estos aspectos, consideran en Desarrollo Social, cualquier recuperación es improbable.
La ministra anunció que para hacerlo están armando una Red Federal de Políticas Sociales. La intención es que la red coordine la acción de los distintos niveles de gobierno (incluidas las provincias y los municipios) con el aporte de las universidades, las organizaciones sociales y el sector privado. De los cuatro integrantes mencionados, el último está incluido más como una expresión de deseos que como una realidad, ya que hasta ahora las empresas no han mostrado gran interés en involucrarse en el problema.
De todas maneras, el espíritu del programa es tener ámbitos donde los distintos actores sociales coordinen sus acciones. Un ejemplo ideal sería un municipio donde el intendente resuelva junto a los desocupados, los comerciantes, los empresarios y los profesionales más capacitados cómo usar los fondos enviados por el Gobierno. Hay que decir que hacer funcionar esquemas de este tipo hasta ahora ha demostrado ser tremendamente complicado y que en general sus resultados reales han sido sostener circuitos con prácticas clientelistas, donde los punteros o los intendentes hacen pesar su poder. En Desarrollo Social admiten el problema, pero consideran que se debe insistir aumentando los niveles de participación.
Utilizando la Red Federal para distribuir y articular los recursos, se prevé la siguiente inversión:
- 4 mil millones para dar herramientas de trabajo: el grueso de este presupuesto es para mantener los subsidios de empleo (3 mil 727 millones para programas de ingreso). Pero se planea aumentar la cantidad de emprendimientos productivos, llevando su número de los 9 mil actuales a 25 mil. Otras partidas están destinadas a sostener los microcréditos de los bancos de los pobres y un fondo para 15 grandes empresas recuperadas.
- 280 millones para capacitación: tanto laboral como de agentes de salud, cuidadores domiciliarios y similares.
- 2 mil 876 millones para formar patrimonio: en este paquete se incluye la construcción de viviendas, de redes de agua y la regularización de escrituras. Una novedad es la creación de “recursos para la promoción” de 100 mil jóvenes, un viejo reclamo de las organizaciones.