Néstor Kirchner denunció ayer una campaña de desestabilización en contra del Gobierno, y si bien no precisó nombres, apuntó hacia los grupos económicos y de seguridad beneficiados o consentidos durante la década del ‘90. “Hay gente que opera con los viejos métodos para tratar de enfrentar al Gobierno con la sociedad y con la gente, para tratar de inviabilizar cualquier cambio. Están al acecho”, señaló el Presidente.
El detonante de la bronca presidencial fue, en esta oportunidad, el incendio en el centro de señalización y control de trenes de Constitución. Kirchner ya había denunciado que fue “intencional” y que respondía a la decisión del Gobierno de revisar la concesión de los servicios.
“No nos van a correr ni con un atentado, ni con amenazas, ni mucho menos”, subió la apuesta el Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada, adonde llegó para presentar junto a su hermana Alicia el balance de gestión del Ministerio de Desarrollo Social (ver página 11).
El tironeo con los trenes se remonta a la campaña presidencial. En esas álgidas jornadas, Kirchner hablaba de la posibilidad de rescindir las concesiones y reestatizar los servicios. Y ya generaba resistencia. “Somos el chivo expiatorio”, se quejaba, por ejemplo, el entonces titular de Metropolitano, Mario Montoto. La firma, que actualmente lidera Sergio Taselli, opera los ramales San Martín, Belgrano Sur y Roca. Este último ramal es el que registra mayores demoras, producto de lo que el propio Gobierno arriesgó ayer como “autoatentado”.
El tema motivó a la Secretaría de Transporte a insistir con la alternativa de quitarle la concesión a Metropolitano por incumplimiento de los contratos. Por eso, Kirchner imagina más sorpresas. “Hay gente que se mueve para que las actitudes, los privilegios, la concentración vuelvan. Van a pasar otras cosas, cada tanto se van a encontrar operaciones de todo tipo”, alertó.
En el paquete incluyó a las empresas de luz y de gas, con las que el Gobierno negoció el último mes para evitar una profundización de la crisis energética, en un conflicto que llegó a producir resquemores con Chile por la exportación del fluido. Entonces, Kirchner salvó el papel del Estado en desmedro de las privatizadas, a quienes cargó la culpa por la falta de inversiones. Más aún, en su gira por los Estados Unidos habló de “extorsión” y llegó a acusar a algunas firmas de estar “tapando los pozos”. Un día después depositó en Repsol-YPF gran parte de su furia. Por haber ganado 2600 millones de pesos y no haber reinvertido.
Afloró entonces el fantasma de los cortes programados de luz, una vieja postal de los tiempos de Raúl Alfonsín. El corolario de las negociaciones fue el sistema de “premios y castigos” que se puso en vigencia este lunes y que implica un incremento de tarifas únicamente en los hogares que consuman mayor energía que el año pasado.
“Nos encontramos de golpe con la política energética y estuvieron con el tema durante días. Gracias a Dios las lamparitas están prendidas”, ironizó Kirchner, sabiendo que si hay un lugar donde se cumple a rajatabla el plan de ahorro de energía oficial es en la propia Casa Rosada. Y no es un chiste: hay noches en que los pasillos y despachos del poder son verdaderas bocas de lobo.
El tercer blanco del Presidente fue “la mano de obra desplazada” de la Policía Federal. Hace menos de un mes el Gobierno realizó una de las mayores purgas de la fuerza, dejando a 107 oficiales jefes en la calle. Del descabezamiento únicamente se salvó el jefe de la fuerza, Eduardo Prados. Kirchner ya había dado un duro golpe cuando desplazó a Roberto Giacomino, sospechado de cometer actos de corrupción.
En la Casa Rosada están convencidos de la existencia de una red, en la que se entrelazan medios, grupos económicos y ex miembros de la Federal, que interactúan para dar la sensación de mayor inseguridad, algo que no reflejan las estadísticas. Saben que el tema sensibiliza a la sociedad, y en ese sentido el caso Blumberg es un excelente botón de muestra. Por eso, Kirchner está especialmente preocupado en que el tema quede lo suficientemente aclarado.
Claro que la sospecha de la puesta en marcha de una campaña de desestabilización no queda acotada a las privatizadas y a las fuerzas de seguridad. También incluye a militares retirados y miembros afines al circuito castrense, espantados con la política de derechos humanos del kirchnerismo. La reciente cena en el casino de oficiales del Regimiento de Patricios encendió la luz de alerta en la Rosada. No sólo por su modalidad de clandestina, sino también por los conspicuos comensales: Daniel Raimundes, un general retirado sacado del servicio activo por Kirchner, el operador radical Enrique Nosiglia, y el director de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. Durante la dictadura militar ese diario apostó fuertemente a la represión ejercida por Emilio Massera.
Al otro día, Kirchner leyó personalmente el listado con los nombres de los 70 invitados. Y salió de su boca la misma palabra que ayer: campaña de desestabilización.