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El edificio de tres plantas se parece a una empresa pyme del conurbano. Una puerta grande de hierro, ventanales espejados y un frente gastado por el tiempo. Si no fuera por el cartel que dice “PAMI delegación San Martín” nadie pensaría que se trata de un organismo público. La sorpresa llega cuando se atraviesa la entrada principal y se ve a un policía federal que custodia las instalaciones. No es común que un agente federal controle un edificio oficial en la provincia de Buenos Aires: es una función exclusiva de la Bonaerense y su servicio de policía adicional. Pero la explicación surge de una simple asociación de palabras. Cuando se habla de San Martín –de la localidad, no el prócer– uno piensa en Chacarita. Y Chacarita, se sabe, es Luis Barrionuevo.
No es por casualidad que un agente federal hace guardia en la delegación San Martín –Unidad de Gestión Local (UGL) en la jerga del PAMI–. La decisión fue tomada por el nuevo director, Julio Urien, unas semanas después de asumir. La llegada de la policía federal respondía a un extraño robo en la agencia Villa Ballester, de donde se habían llevado equipos de computación con toda la información de sus discos duros. Urien, un ex marino que luego fue montonero, había llegado a la sede 8 del PAMI con unas veinticinco personas de su confianza, compañeros suyos desde los ‘70. El objetivo era demostrar en el lugar más difícil que se podía terminar con la corrupción que funciona dentro y en torno al PAMI.
No pasó mucho tiempo para que empezaran a notar cosas raras. Además del robo en Villa Ballester, advirtieron que fuera del horario de trabajo –el PAMI atiende de 7 a 14 pero suele haber gente hasta las 21– se organizaban reuniones con gente que no trabajaba allí. Como los custodios no hacían nada para evitarlo, Urien solicitó que la Federal se hiciera cargo de la seguridad en la sede central de San Martín y en las dependencias de Villa Ballester y Munro. Eran los primeros días de marzo –Urien y su gente habían asumido el 20 de febrero– y ya se habían producido enfrentamientos con funcionarios y empleados que trabajaban en San Martín desde hace años.
El primer choque serio fue con Juan Fernández, por entonces titular de la agencia Munro, sobrino de la diputada Graciela Camaño y miembro de la barra de Chacarita. Aunque su cargo oficial era jefe de la agencia Munro, Fernández visitaba con frecuencia la UGL de San Martín. Los empleados le temían y lo consideraban un “jefe de personal” ad hoc. No era el único pariente de la esposa de Barrionuevo que trabajaba en la sede central de San Martín: era el que tenía poder de mando sobre una de las delegaciones del PAMI con más afiliados del país. Con cabecera en San Martín, la delegación 8 tiene bajo su control a las agencias, prestadoras de servicios y médicos de cabecera de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tigre, San Isidro y Vicente López.
Desde la agencia de Munro, Fernández presidía al mismo tiempo la Asociación Funeraria, una prestadora de servicios que se encarga de los funerales de los jubilados de esa parte del conurbano. En esa prestadora, instalada en el propio PAMI, trabajaban personas que no pertenecían a la obra social. La relación de Fernández con los nuevos directores se complicó cuando una auditoría detectó que los afiliados que morían no eran dados de baja del padrón. La sospecha era que esa irregularidad permitía cobrar varias veces por un entierro –las prestadoras recibe 450 pesos por funeral– pero para detectar eso se necesitaría un programa informático que sistematice todos los datos. Mientras seguía la investigación, Urien pidió que Fernández fuera trasladado a otra regional del PAMI.
Tras el pase de Fernández –fue incorporado a la seccional Lanús– y la difusión pública de varias irregularidades descubiertas por su gestión, Urien y sus colaboradores comenzaron a recibir amenazas telefónicas. Habían detectado sobreprecios por un 50 por ciento en la compra de medicamentos, la ausencia de un registro de compras y proveedores y, entre otras cuestiones menores, un gasto excesivamente alto en fotocopias. Perouno de las irregularidades más graves era la facturación de servicios que no habían sido prestados: el caso más notorio correspondía a tres clínicas psiquiátricas que cobraban 300 mil pesos por mes por internaciones, cuando no tenían camas ni infraestructura para alojar internados.
Las clínicas del Coti
En San Martín todos están convencidos de que las clínicas bajo la lupa pertenecían a Enrique “Coti” Nosiglia, el ex ministro del Interior radical desde siempre vinculado al negocio de la salud privada. Los establecimientos eran conocidos por su nombre de fantasía –Clínica Santa Mónica, Clínica Little Jowy– pero ante el Estado estaban registradas como sociedades anónimas: Trafel S.A., Esfel S.A. y Terapia Norte S.A. Luego de una auditoría que incluyó también la visita de una médica psiquiatra del PAMI que supervisó sus instalaciones, la delegación del PAMI de San Martín decidió no dar conformidad al pago de las facturas que habían pasado los tres sanatorios. Al mismo tiempo, la interventora Ocaña iniciaba una causa penal.
La denuncia tramita en el Juzgado Federal número 12 de Comodoro Py, a cargo de Sergio Torres. Por ahora está en secreto de sumario, pero se sabe que ya han sido citadas a declarar varias personas. Mientras la Justicia iniciaba su investigación, los afectados por la decisión de no pagar comenzaban a mover sus fichas. Una de las primeras visitas fue la del presidente de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas, Ernesto Tapia, quien se presentó en la delegación San Martín para reclamar el pago de las facturas atrasadas. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar cartas documento de clínicas psiquiátricas de todo el país a la sede de avenida Ricardo Balbín.
Las clínicas reclamaban el pago de los servicios de atención ambulatoria, internación aguda e internación crónica. Pero en el PAMI San Martín les contestaron que no habían dado conformidad al pago –la decisión de pagar le corresponde a la sede central de Diagonal Sur y Perú- porque dos de esos establecimientos no tenían infraestructura mínima para recibir internaciones. La decisión de no pagar se mantuvo en el tiempo y sigue vigente, como también la causa penal contra las tres clínicas –a la que se sumó una demanda previa que había iniciado el abogado Ricardo Monner Sans–. Los representantes de las empresas de salud, a su vez, confían en que la interna del PAMI desgaste a Ocaña y que su alejamiento provoque el retiro de Urien y su tropa.
Pero el caso de las tres clínicas no fue la única irregularidad que se destapó en San Martín. Las extrañas tradiciones que parecían naturales en esa localidad del conurbano –asociada desde años al matrimonio Barrionuevo/Camaño– generó también algunos cortocircuitos con la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Los problemas comenzaron cuando un empleado del PAMI de apellido Coronel fue detenido en Catamarca tras la famosa quema de urnas que encabezara Barrionuevo. Coronel había viajado con varios vecinos de San Martín, hinchas de Chacarita, militantes del peronismo y también empleados de la obra social. Cuando se enteró del caso, Ocaña le inició un sumario al empleado. Al final fue despedido, por lo que UPCN comenzó una campaña por el “despido injusto”.
Funebreros, montoneros
La irrupción de Urien y su compañía tardó en ser aceptada por los funcionarios del PAMI San Martín que venían de gestiones anteriores. Por pedido de Urien, que conocía la experiencia de sus dos predecesores –que no habían durado mucho y se habían negado a firmar muchas resoluciones por desconfianza–, la nueva gestión comenzó con el reemplazo de varios cargos clave, como la gerencia de compras y el coordinador de Unidades de Gestión Prestacional (UGP), un puesto estratégico porque supervisa que las “gerenciadoras” cumplan los servicios para luego aconsejar el pago, o no, de sus facturas. Una de las primeras reacciones llegó a través deFernández, el ex jefe de la agencia Munro. En una reunión con Urien, le pronosticó una gestión efímera. “Este es el tiempo de ustedes. ¿Pero hasta cuándo se van a quedar? Eso nunca se sabe...”