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Por M. P.

Le decían “Cleme” y, de callado que era, para escuchar su voz tenían que hacerle preguntas. Sabían que era correntino y que no tenía familia en Buenos Aires. Sabían también que tenía dos pasatiempos favoritos: ir a las movilizaciones y jugar al truco en el Parque Sarmiento, los fines de semana. El médico que firmó el certificado de defunción –donde figuraba su nombre, Clementino Ruiz Díaz, y su edad, 81 años– era del Hospital Ramos Mejía. Allí murió el sábado 24 de abril, tras estar internado varios días. Había ingresado con un cuadro de hipertensión y un coágulo en el cerebro. En febrero, el Pami le había suspendido un subsidio social que cobraba y con el que pagaba medicamentos y el hotel donde vivía. La interventora del Pami, Graciela Ocaña, ordenó una investigación para aclarar el hecho.
Los amigos de Clementino cuentan que la suspensión del subsidio le causó depresión y mucha ansiedad. Eso derivó en la hipertensión que lo llevó al Hospital Ramos Mejía. Cuando lo internaron, los médicos aclararon que “no iba a durar mucho” y que “el cuadro era irreversible”. En el hospital lo acompañaban sus compañeros de la agrupación “8 de febrero” de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Era un grupo de jubilados y pensionados que marchaba muy seguido al Pami. Tras la suspensión del subsidio, la agrupación denunció por maltrato y discriminación a las responsables del área de prestación social del Pami nivel central: Adriana Lydia Maldonado, Cristina López Murillo y Ana Lopardo.
La denuncia llevaba la firma del abogado Luciano Etkin y de la titular de la agrupación, Alejandra Luján. Fue presentada al gerente de la delegación sexta de la obra social, Ernesto Bruni, el 20 de abril pasado. En el escrito se acusaba a Maldonado, López Murillo y Lopardo de “insensibilidad, maltratos y discriminación”. También se imputaba a dos trabajadoras sociales de la delegación sexta del Pami, Liliana Cabrera y Liliana Do Pico, al jefe de ambas, Juan Carlos Gastaldo, y al jefe del distrito 10 de la obra social, de apellido Pelman, de ser “directos responsables de la suspensión del pago del subsidio”.
La sospecha de los compañeros de Clementino es que esos funcionarios del Pami lo perjudicaron a propósito porque pertenecía a una agrupación de la CTA. “Somos perseguidos políticos”, asegura Luján, la coordinadora de la organización. Clementino vivía en la pieza de un hotelito en Alsina 1112. Cuando le suspendieron el subsidio, dejó de pagar el hotel y entró en un pozo depresivo. Bruni, el gerente del Pami que recibió la denuncia por “maltrato y discriminación”, dijo que él había mandado a la delegación sexta –en Bartolomé Mitre al 1300– la partida presupuestaria correspondiente al subsidio de Clementino mucho tiempo antes. Pero el subsidio nunca se pagó, a pesar de que el jubilado fue a reclamarlo varias veces pero, según sus amigos, “no le tomaban la documentación”.
El caso llegó a manos de dos funcionarios designados por Ocaña en la gerencia de sociales, Bárbara Espínola y Javier Goñie. Esa gerencia se encarga de autorizar los pedidos de subsidio. Muchos de los que piden subsidios son los que reciben la jubilación mínima. Tras la intervención de Espínola y Goñie, una funcionaria que trabajaba también en la gerencia de sociales -Maldonado, esposa del diputado Alberto Coto (PJ-Buenos Aires) y mencionada en la denuncia– dejó su cargo y pasó a otro puesto.
La semana pasada, el caso llegó a conocimiento directo de Ocaña. “Vamos a investigar el tema detalladamente”, aseguraron a Página/12 desde el entorno de la interventora. Los amigos de Clementino están preparando una demanda judicial por la muerte del jubilado. Sus compañeros de la agrupación “8 de febrero” creen que en el Pami 10 –en ese edificio queda la delegación sexta– hay una predisposición negativa contra ellos: el 4de mayo fueron hasta allí para presentar la documentación que exige el Pami para conceder subsidios. Como no les quisieron entregar los papeles, los jubilados intentaron quedarse en el lugar por la fuerza hasta que les solucionaran esos casos. “Entonces apareció un grupo de personas que respondían a las indicaciones del doctor Pelman (jefe del Pami 10) y comenzó a amedrentar a nuestros compañeros. Y una mujer se abalanzó sobre mí y me agredió”,contó Luján a este diario.