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Alfredo Ignacio Astiz no podrá seguir alojado entre sus ex camaradas. Así lo resolvió el juez federal de Bahía Blanca Luis Ramón Dardanelli Alsina, uno de los dos magistrados que entienden en las causas pendientes contra el ex secuestrador.
Dardanelli tiene a su cargo el expediente por el pedido de extradición presentado por el gobierno de Francia a raíz de la privación ilegal de la libertad y las torturas corporales contra las religiosas Léonie Duquet y Alice Domon, quienes nunca reaparecieron.
La Cour d’Assises de París condenó a Astiz por esos hechos a reclusión perpetua, el 16 de marzo de 1990.
Por los demás crímenes cometidos en la ESMA, Astiz está detenido a disposición del juez federal de la Capital Sergio Torres.
El cambio de alojamiento de Astiz fue impulsado por el fiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, quien invocó el principio de igualdad ante la ley para solicitar que Astiz fuera trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
Al recibir la requisitoria de Cañón, Dardanelli la remitió a Torres, quien dijo que lo había alojado en la Base Naval de Zárate para garantizar su integridad física y psíquica.
En enero de 1998 Astiz fue destituido, con “pérdida definitiva del grado militar y la baja de la Armada”, a solicitud del ex comandante en jefe Carlos Marrón y el Consejo de Almirantes.
En su resolución Dardanelli considera por un lado que Astiz es un ex militar y por otro “que las unidades militares no son, por su naturaleza, lugares destinados al alojamiento de detenidos, sino para el cumplimiento de las tareas específicas”, es decir “la defensa nacional”. En consecuencia, el juez bahiense dispuso que Astiz “habida cuenta de las medidas de seguridad a las que alude” Torres, sea alojado en una unidad de la Gendarmería Nacional, a elección de sus autoridades.
En los últimos 20 años la inteligencia naval reforzó el papel de Astiz como un símbolo de los mandos medios que en los años de plomo solo habrían cumplido órdenes, entre ellas las de secuestrar, torturar, robar y matar.
Lo hizo a tal punto que después de la destitución del ‘98 incluso enroló a Astiz como agente de su servicio de inteligencia. Página/12 lo descubrió y la Armada debió cambiar la decisión.
El estado militar, según la ley del personal militar que rige desde 1971, es “la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de las Fuerzas Armadas”.
Según el artículo 10 de la misma ley, el estado militar cesa por baja. Es decir que Astiz lo perdió.
Y una de las causas de baja, conforme al artículo 20, es “la destitución como pena principal o accesoria”.
En teoría, por eso, Astiz no tiene derecho al salario, el grado y la obra social, y cualquier beneficio sería una decisión administrativa ilegal.
En cuanto al alojamiento en una unidad militar, primaron dos criterios.
Uno fue el de la Justicia, usando el criterio de mayor seguridad.
Otro fue el del Ministerio de Defensa, que no recomendó ningún patrón de conducta especial ni puso reparos a que Astiz viviera en una base pese a que funcionarios del mismo ministerio mostraron su sorpresa por lo que definieron como un grado alto de solidaridad con Astiz dentro de los cuadros activos de la Marina.
La salida de Astiz de una base podría irritar a parte de esos cuadros. Pero sería coherente con una serie de hechos públicos producidos por la propia Armada durante este año. Una resolución notoria fue el documento emitido por el jefe del Estado Mayor, Jorge Godoy, de abandonar el endiosamiento del pasado de la Escuela de Mecánica de la Armada.
El 3 de marzo, en el homenaje a Guillermo Brown, Godoy dijo que la ESMA se había transformado en “un símbolo de barbarie e irracionalidad”.
“No se puede pensar en el porvenir, ni construir en el presente, permaneciendo prisionero del pasado”, dijo el jefe de la Marina. “La Armada debe, pues, proyectarse al futuro y trabajar con fervor en la consecución de sus metas, que son las del país”, dijo.
Godoy habló pocos días antes de que, el 24 de marzo, el presidente Néstor Kirchner anunciase la construcción de un museo en la ESMA. “Quiera Dios que efectivamente la cesión de este inmueble ayude al mejor entendimiento social, al pleno imperio de la Justicia y los derechos humanos”, dijo Godoy en la Plaza de Armas del Edificio Libertad, sede de la Marina.
Ese acto fue público. Pero Godoy lo completó con otro privado. Con discreción ordenó quitar del Edificio Libertad el retrato de Emilio Eduardo Massera, el jefe de la Armada a comienzos de la dictadura y en ese carácter impulsor y garante de la represión en la ESMA.
Así, Godoy evitó un desalojo políticamente violento de la Escuela de Mecánica y una escena como la que protagonizó su colega del Ejército, Roberto Bendini, cuando quitó del Colegio Militar los retratos de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone con Kirchner delante.