Después de haber denunciado que no fueron cumplidas sus órdenes durante la ocupación de la comisaría 24ª de La Boca, la jueza María Angélica Crotto se declaró ayer incompetente en la causa sobre aquella protesta generada a raíz del asesinato del piquetero Martín Cisneros. El expediente volvió al juez federal Norberto Oyarbide, quien también rechazó intervenir. El Gobierno cuestionó duramente a la jueza y funcionarios que estuvieron en la seccional cuando ocurrió la toma negaron que allí hubieran llegado instrucciones de ella. “No le creo lo que está diciendo”, dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “Un juez que ordena detenciones, averigua qué pasó con sus directivas. Ella esperó una semana para denunciar y encima se declara incompetente. Si lo es ahora, lo era antes”, dijo el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli.
Según las primeras versiones posteriores a la protesta en la comisaría de La Boca, la jueza Crotto debía actuar tanto por el crimen de Cisneros como por la ocupación, pero no la encontraban. Eso es lo que la policía le habría informado a Oyarbide –según allegados a su juzgado– cuando lo llamaron a las dos de la mañana del 26 de junio pidiéndole que interviniera, algo que en ese momento hizo. Después giró la pesquisa del homicidio a un juez de menores, ya que además de Juan Carlos Duarte quedó detenido un chico de 17 años. Pero Oyarbide también se excusó para todo lo demás, aunque antes recomendó imputar una decena de delitos al líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D’Elía, que había encabezado la toma. La causa por ese episodio volvió al fuero penal ordinario, le tocó a Alberto Baños pero se la devolvió a Crotto, que la tuvo hasta ayer.
La jueza se desprendió de la investigación argumentando que algunos de los delitos involucrados son de competencia federal, como amenazas coactivas e incitación a la violencia colectiva, por comprometer a su entender la seguridad pública. Para Oyarbide, sin embargo, no existen pruebas sobre esas imputaciones y por lo tanto pedirá a la Cámara Federal que resuelva el conflicto de competencia.
La presentación que hizo la jueza el viernes, y que ahora le toca analizar al juez federal Jorge Urso, decía que ella había dispuesto desalojar a los piqueteros de la seccional 24a y detenerlos, pero nadie cumplió sus directivas ni le comunicaron nada. Al día siguiente, según su explicación, supo por los diarios que Oyarbide estaba a cargo del caso. El texto no acusaba a nadie en particular, pero parecía apuntar a policías y funcionarios por posibles “delitos de acción pública”. Urso, en principio, esperará a que el fiscal Luis Comparatore impulse la investigación. Ayer, además, recibió otra denuncia por el mismo asunto con acusaciones directas a Campagnoli, al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y al ministro de Justicia, Gustavo Beliz (ver aparte).
Desde el Gobierno, ayer emanó una frase de repudio tras otra hacia la jueza Crotto. Aníbal Fernández dijo que no le cree nada. “Si es cierto, es peor todavía. Si yo fuera juez, doy una instrucción específica y veo que no se le da cumplimiento me pongo la ropa que me tengo que poner, me planto en la puerta de la comisaría y hago un despelote”, gruñó. El ministro precisó que por el testimonio de su segundo, Rafael Folonier, “que estuvo tratando toda la noche de morigerar el conflicto” en la seccional y que no habían tenido noticias de indicaciones de la jueza.
Campagnoli agregó: “Cuesta creer que un magistrado que da una orden de ese tipo (detener manifestantes) se quede durmiendo y a la mañana siguiente se fije qué pasó. Y que después tarde casi una semana en decir que sus instrucciones no se cumplieron, para luego declararse incompetente, algo que debió hacer de entrada”, le dijo a Página/12. “Yo estaba en la comisaría en aquel momento. Ella no se comunicó conmigo y hasta donde sé con nadie del Gobierno. En la comisaría me decían que no la encontraban”, relató.
En tanto, no sólo la toma a la comisaría carece de juez. Tampoco está definido quién investiga la muerte de Cisneros. Hay dos jueces de menores, Enrique Velázquez y Adriana Leiras, tratando se sacarse el caso de encima.