A la denuncia penal que hizo la jueza María Angélica Crotto diciendo que le impidieron actuar durante la ocupación de la comisaría de La Boca, ayer se sumó otra que formuló el abogado Juan Carlos Iglesias, que fue más lejos al individualizar a algunos funcionarios como posibles responsables. Ambas quedaron a cargo del juez Jorge Urso, que deberá establecer primero si la magistrada realmente impartió directivas para desalojar la protesta y, en ese caso, por qué la policía no cumplió y si algún funcionario del Gobierno tuvo algo que ver con eso. Las medidas iniciales seguramente serán impulsadas por el fiscal Luis Comparatore y en el juzgado parecen dispuestos a avanzar. Uno de los primeros pasos apuntaría a verificar la existencia de comunicaciones telefónicas de Crotto con la comisaría 24a, ya que ella no estuvo en el lugar. La presentación de Iglesias apunta directamente al ministro de Justicia Gustavo Beliz, al secretario de Seguridad Norberto Quantín y a su segundo, José María Campagnoli. Pidió que sean investigados por los posibles delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En distintas áreas de la Casa Rosada intentaban ayer minimizar las denuncias y criticaron a Crotto hasta el cansancio. “En cuanto a Iglesias –repetían– es un típico denunciante crónico.”