Quienes gustan de entender la protesta social como un gravísimo problema de tránsito habrán marcado el día de ayer con un círculo rojo. Porque desde las 10 de la mañana a las cinco de la tarde, múltiples marchas cruzaron el centro porteño. ¿Cómo saber cuántas? Distintos grupos de manifestantes, algunos organizados en largas y disciplinadas columnas, otros reunidos en pequeños contingentes que llevaron pancartas pintadas a mano, fueron desde Tribunales al Congreso y de allí a la Legislatura, avanzando con sus columnas en direcciones opuestas, cruzándose en el camino, afectando su propio desplazamiento. Para decirlo sin mucha vuelta, en las calles del centro ayer hasta a los piqueteros les costó caminar. La mayoría de los que marcharon fueron desocupados, pero también hubo sindicatos, estudiantes y militantes de partidos de izquierda. Tal como había anunciado el Gobierno, el operativo de prevención consistió en un despliegue de 1500 policías que custodiaron los edificios públicos sin llevar armas de fuego. En su carácter de primera protesta tras la asunción del nuevo equipo de seguridad, la jornada implicó un test que la Casa Rosada consideró aprobado: no hubo incidentes ni represión y el derecho a protestar fue salvaguardado de la misma manera que el orden público.
En los días previos se había alimentado el temor de que se repitieran los hechos violentos del 16 de julio, por lo que el foco de la atención estuvo colocado en el operativo y las características de la protesta. Sin embargo, para los dirigentes sociales tal preocupación era infundada: “Sabemos que no va a haber desbordes porque las organizaciones garantizamos que no ocurran; para nosotros es claro que los incidentes de la Legislatura fueron una operación”, definió Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. La preocupación central de la jornada, en cambio, fue hacerse oír en tres temas vinculados a la distribución del ingreso y las libertades democráticas.
En el Congreso, donde Diputados trató la Ley de Responsabilidad Fiscal, los piqueteros advirtieron sobre las consecuencias del proyecto exigido por el FMI. Las organizaciones sostienen que, de aprobarse la ley, ni el gobierno nacional ni los provinciales podrán aumentar las prestaciones sociales básicas en educación salud, seguridad y justicia, lo que promete un panorama negro para un país con más del 50 por ciento de sus habitantes bajo la línea de pobreza (ver página 5).
En la Legislatura reclamaron la libertad de los 15 detenidos por los incidentes del mes pasado y rechazaron la eventual sanción del nuevo Código de Convivencia. La evaluación del movimiento social es que el proyecto restringe los derechos de los ciudadanos y castiga los problemas nacidos de la pobreza, en lugar de solucionarlos. Para dar una idea: el despacho por mayoría aprobado por el macrismo, el Partido de la Ciudad y los lopezmurphystas prohíbe la venta ambulante y habilita a la policía para que les quite a los vendedores la mercadería y la ganancia que les encuentren en los bolsillos (artículo 46). Hay además un artículo contra los escraches (el 52), otro contra las protestas de los ahorristas (el 56), un tercero contra las manifestaciones que frenen remates de viviendas (el 108), otro que limita la oferta de sexo en la vía pública (el 89), dos que sancionan los cortes de calles y la más conocida propuesta de bajar la edad de imputabilidad.
El tercer punto de reclamo consistió en la absolución de los dirigentes universitarios Sergio Salgado y Martín Ogando, procesados por participar de una lucha estudiantil en 1999.
Desde la mañana temprano, los edificios públicos fueron rodeados por una fuerte custodia de policías sin armas de fuego. Los federales cumplieron la orden de usar sus placas identificatorias sobre el pecho. Los sitios considerados conflictivos, como la Legislatura, la Casa Rosada, Tribunales y el Congreso, fueron vallados una cuadra a la redonda, mientras que en los alrededores se apostaron tanques hidrantes y camiones de bomberos. En el interior de la Casa de Gobierno, el personal de mantenimiento desplegó las mangueras de incendio, en tanto los Granaderos permanecieron con uniformes de fajina en el escuadrón ubicado en el subsuelo.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, definió la postura oficial al comenzar el día: los manifestantes “van a tener que ir comprendiendo que manifestar es una cosa y que creer que la vida y los bienes de otra gente pueden estar en sus manos es una locura”, dijo en declaraciones radiales.
Los piqueteros iniciaron sus actividades cerca de las diez, con un acto en los Tribunales por Salgado y Ogando. El juicio contra los dos universitarios debía comenzar ayer pero fue suspendido en la víspera, una noticia que los militantes consideraron el primer éxito de la jornada.
En la plaza de Talcahuano y Libertad hubo agrupaciones de universitarios y secundarios. “Seamos culpables de apoyar las luchas obreras y populares” se leía en los carteles de la agrupación Praxis. Alejandra Carpinetti, estudiante, fue con sus compañeros del Carlos Pellegrini. “Nos preocupa el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 16 años”, dijo a Página/12.
A partir del mediodía comenzó el ir y venir de marchas. El Bloque Piquetero Nacional y los partidos de izquierda fueron de Tribunales al Congreso y de allí a la Legislatura. El Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones pasaron más temprano por el cuerpo legislativo, mientras la CCC y un sector del MTD Aníbal Verón hacían un acto en el Congreso. Al mismo tiempo que la CTA Capital concentraba en la avenida Belgrano para iniciar su periplo, el MUP y otro sector de la Aníbal Verón se juntaban en la 9 de Julio y la CTA nacional preparaba su acto contra la Ley de Responsabilidad fiscal. El Movimiento de Raúl Castells fue de Constitución a la Plaza de Mayo sin la presencia de su referente nacional, quien está en Entre Ríos, ni de su mujer, Nina Peloso, de viaje en Misiones. El resultado fue que por la Avenida de Mayo todo el tiempo se cruzaron columnas de manifestantes. Había buen clima entre la gente, que se aplaudió al cruzarse.
Si bien no coordinaron una marcha única, los dirigentes se mostraron conformes con haber coincidido en movilizarse todos un mismo día y tener los mismos puntos de reclamo. Para Néstor Pitrola, del Polo Obrero, el día fue “indicador de que hay un reagrupamiento del campo popular”. Beto Ibarra, del Movimiento Territorial de Liberación, consideró que la reunión de “miles de manifestantes de todas las corrientes de desocupados sin que se produzca ningún incidente da cuenta de que no somos nosotros los que queremos la violencia sino que el poder, de acuerdo a sus intereses, organizó los hechos de la Legislatura”.
“El primer round lo ganó la derecha, pero este lo ganamos nosotros: las modificaciones del Código de Convivencia se frenaron y el juicio a los dos estudiantes se postergó”, dijo Juan Cruz Daffunccio. La suerte de la ley de responsabilidad fiscal se sabría a la madrugada.