El Gobierno se mostró ayer “satisfecho” con el esquema de seguridad dispuesto para la marcha piquetera y reiteró que, pese al ostensible aumento de presencia policial en la calle, mantendrá su política de “diálogo” con los organizaciones de desocupados. “Es un éxito de la política de prevención y estamos contentos en ese sentido, más allá de los inconvenientes que una marcha produce y de que, obviamente, a ningún gobierno le gusta que protesten en su contra”, señaló a Página/12 el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.
El funcionario, quien suele oficiar de anfitrión cada vez que los piqueteros recalan en la Casa Rosada, siguió atentamente el desarrollo de la jornada de protesta. En rigor, no era una movilización más para nadie en el Gobierno. Y mucho menos para la flamante conducción del Ministerio de Seguridad y Justicia, integrada por Horacio Rosatti y Alberto Iribarne.
La dupla presentó en sociedad un nuevo esquema de seguridad, marcado por la superpoblación de policías en la calle. Por contraste, se buscó poner fin a aquella sensación de “ausencia estatal” que se instaló durante los episodios de la Legislatura porteña y que terminaron por eyectar de la Casa Rosada a Gustavo Beliz y Norberto Quantín.
La nueva demarcación de los límites que está dispuesto a tolerar el Gobierno trasciende las calles. Hay evidentes muestras de cansancio con las actitudes del Raúl Castells. Y al parecer al titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados ya no le tenderán más la alfombra para sentarse a negociar con la administración kirchnerista.
“Nosotros vamos a conversar con quienes estén dispuestos a dejar las calles por reivindicaciones sociales. No a los extorsionadores profesionales”, señaló un alto funcionario oficial. No mencionó entonces a Castells, aunque sí en su intervención inmediata. “Una vez salió de Desarrollo Social mostrando un cheque, otra logró un tractor para sus emprendimientos. Pero ya no volveremos a repetir esta historia.”
Fue sugestivo cómo esta prédica contra el líder del movimiento de desocupados emergió con toda crudeza de boca de Eduardo Duhalde. Es un “mamarracho que no tiene ninguna incidencia en el pensamiento de la gente”, evaluó el ex mandatario, quien esta semana alcanzó un nivel de sintonía con el Néstor Kirchner como no se percibía desde hace rato.
De todos modos, en el Gobierno no quieren generalizar y buscan tender un puente hacia el resto de las organizaciones piqueteras, con ofertas de planes sociales y promoción en el armado de cooperativas de trabajo. Se trata de un alternativa sobre la que viene trabajando denodadamente la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, a través del Plan Manos a la Obra.
La buena sintonía alcanzada con varios sectores de desocupados quedó en evidencia ayer durante la protesta. No estuvieron las organizaciones que se han ubicado muy cerca del Gobierno, como la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis D’Elía, que pasa sin preguntar al despacho de Kirchner, y Barrios de Pie, cuyo figura más emblemática, Jorge Ceballos, se convirtió en funcionario del Desarrollo Social.
Otros que pegaron el faltazo fueron el Movimiento de Trabajadores de Desocupados Evita y el Frente de Desocupados Eva Perón. Además, hubo una representación discreta de la CTA de Víctor De Gennaro, una central con varios dirigentes que comulgan con el Gobierno y cuya conducción será recibida hoy por el propio Kirchner en su despacho.
“Al margen de la discusión de los números, nosotros vemos que varió la capacidad de movilización de los piqueteros. Puede que hagan mucho ruido, pero son menos que antes”, evaluó ante este diario un funcionario con despacho en el primer piso de la Casa Rosada.
El mismo funcionario, al que Kirchner escucha con atención, no sólo minimizó el grado de adhesión de la protesta sino además su peso específico. “¿A cuántas personas afecta el código de conviviencia?”, se preguntó sobre uno de las quejas planteadas por los manifestantes. “Tiene ínfima implicancia al lado de las retenciones para controlar la suba de naftas, una medida que sí incidirá en forma directa sobre la vida cotidiana de la gente”, se respondió sobre el anuncio realizado ayer por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Con esta misma línea argumental, el Gobierno buscó desacreditar una especulación que se hizo carne entre los piqueteros: que el “giro táctico” de Kirchner hacia el peronismo clásico es en desmedro no sólo de la transversalidad sino también de los sectores más castigados de la sociedad.
En la Casa Rosada dicen que no menguarán las medidas de corte popular. Se mencionó que Kirchner analiza para el mediano plazo una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Otro de los cambios en estudio, que repercutiría directamente en el bolsillo de la gente, es un aumento del salario mínimo, vital y móvil.
Antes que este incremento fuera solicitado públicamente por la flamante CGT unificada, circularon algunas carpetas en la Casa Rosada estudiando esa posibilidad. El tema se retomó en la cumbre entre los muchachos sindicales y Kirchner y también en el encuentro que anteayer Susana Rueda, una de las integrantes de la conducción tripartita de la central obrera, mantuvo con el Presidente.