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Los pedagogos suelen decir que los cambios en educación se miden en el mediano o largo plazo. Por eso, justamente, es tiempo de analizar qué pasó con la aplicación de la Ley Federal de Educación. Se está cumpliendo el décimo año de su irrupción en la escuela y los cambios registrados están lejos de ser halagüeños. La última estadística oficial da cuenta de que casi un millón de adolescentes están cursando el Polimodal, pero otros 660 mil siguen en el secundario. La convivencia de ambas estructuras es sólo una manifestación de los muchos problemas de una escuela donde pocos aprenden lo necesario. “Donde teníamos un sistema centralizado, rígido y homogeneizante no tenemos otro flexible, articulado y democratizado sino fragmentos del anterior que cristalizan y profundizan desigualdades y segmentaciones ya existentes”, explica un informe académico de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
La extensión de la obligatoriedad de siete a diez años, la actualización de los contenidos y el incremento de la inversión educativa para llevarla al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) fueron los puntos reivindicables de esa ley. La realidad tuvo poco que ver con los propósitos en la vorágine de una avanzada neoliberal que legitimó la polarización social. Los años de escolaridad aumentaron, pero en promedio sólo seis de cada diez jóvenes termina el secundario. Los planes de estudio cambiaron al ritmo de los criterios de cada provincia y recién en setiembre se supone que el Consejo Federal de Educación –el órgano que reúne a los ministros de todo el país– definirá los Núcleos de Contenidos Básicos para los primeros años de la Educación General Básica, en buen romance lo que tienen que saber los chicos de todo el país. Las partidas presupuestarias aumentaron, pero nunca llegaron a superar el 4 por ciento del PBI.
El trabajo elaborado por Silvia Andrea Vázquez y Stella Maldonado del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la Ctera explica que “el reemplazo de la vieja estructura del sistema por la actual y su implementación desarticulada en nombre del respeto al federalismo, fue el vehículo más poderoso para agudizar la fragmentación”. Entre las evidencias de esa dispersión detalla “la existencia de por lo menos, tres formas de establecer cuántos años abarca el tramo del sistema considerado educación básica: La antigua primaria de siete años: Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y escuelas normales en el interior de Santiago del Estero; una Educación General básica de nueve años: provincia de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán; una primaria o EGB de seis años: Córdoba y Entre Ríos”.
A partir de ese mosaico de aplicación, las investigadoras se preguntan “¿Qué tienen en común de ‘básico’ niveles educativos con tres años de diferencia entre ellos? ¿Ocurre en seis lo mismo que en nueve años? ¿Los bonaerenses necesitan tres años más que los entrerrianos o que los cordobeses para alcanzar la educación básica? Las estrategias dependieron de las circunstancias económicas y electorales por las que atravesaron los gobiernos de turno”. Si en la EGB los modelos son variados al momento de definir los últimos años del secundario, la aplicación se torna caótica. La diversidad de criterios tiene implicancias inauditas para el funcionamiento de un supuesto sistema educativo. Por ejemplo, en el caso de la EGB3 –equivalente al séptimo grado y los dos primeros años del nivel medio– en algunas provincias se definieron espacios curriculares por áreas y en otras por disciplinas. Un chico que se lleva Sociales en una provincia, en otras se puede llevar Matemática, Historia y Formación Etica Ciudadana, es decir en una no repite el año porque un área es equivalente a una materia y en otra sí repite, porque son tres materias y sólo pueden llevarse dos previas. “Para recuperar un sistema educativo nacional”, el principal gremio docente del país pide, entre otras cosas que:
- El gobierno nacional manifieste su voluntad política de reparar los daños ocasionados por la reforma neoliberal a través de una norma nacional que, en principio, detenga el proceso de implementación de la ley.
- Se establezcan acuerdos curriculares nacionales que fijen los contenidos de aquello que se entiende por educación básica.
- Se garantice la obligatoriedad.
- Se reunifiquen los distintos fragmentos educativos que atienden a la educación de adolescentes y jóvenes, refundando una escuela secundaria para todos con unidad pedagógica.
“Lo complejo del tema es que ni se puede volver atrás a un punto cero porque hay más de un millón de chicos dentro del Polimodal, y tampoco se puede avanzar produciendo tal diversificación de propuestas. Objetivamente, habría que cambiar la ley”, se sincera un funcionario de la cartera educativa, que prefiere el anonimato. Lo cierto es que nadie tiene la fórmula para otorgarle coherencia a una reforma que cristalizó –en el mejor de los casos– las diferencias socioeconómicas entre las provincias y al interior de cada jurisdicción y tampoco están dispuestos a pagar el costo político de rever las consecuencias de la ley. La decisión es emparchar mediante la definición de los conocimientos que deben aprender los chicos y, al mismo tiempo, sancionar una ley de educación técnica que permita el resurgimiento de una especialización sepultada por la ola neoliberal.