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El remate ya tiene fecha. El 23 de septiembre se liquidará el piso de Libertador y San Martín de Tours que pertenece al dictador Emilio Eduardo Massera y el hombre, que arrastra las secuelas del ataque cerebral que sufrió a fines de 2002, tendrá que ser movido a otro sitio para cumplir con su arresto domiciliario. Claro que las características del lujoso departamento no permitirán que se hable de un precio de saldo. La base propuesta por el martillero es de 300 mil dólares. Parte de la plata que se obtenga será para pagar la indemnización de Daniel Tarnopolsky por la desaparición de toda su familia, secuestrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Massera, aun en su precaria condición física, logró demorar la subasta durante tres años y medio. En diciembre de 2000 el juez Juan Gutiérrez Cabello decretó la quiebra del represor porque se había negado a pagarle a Tarnopolsky los 125 mil pesos que había dispuesto la Corte Suprema. Ese trámite implicaba la desafectación de todos los bienes del dictador. Sin embargo, el síndico encargado del caso se encontró con que la única pertenencia a nombre de Massera era el departamento del barrio de Palermo Chico. Ni la quinta de El Talar de Pacheco donde pasó parte de su arresto domiciliario antes de que se supiera que salía a caminar por fuera de los límites permitidos ni las acciones de las sociedades de las que sí forman parte sus hijos eran formalmente del Almirante Cero.
El remate del departamento se ordenó hace un año pero recién ahora se fijó la fecha para la medida. La semana próxima, seguramente, aparecerán en algunos diarios los avisos de la subasta. Después, se fijarán los días en los que los interesados podrán visitar el inmueble. A esta altura, lo único que podría impedir que el hecho se concrete es que el represor pague su deuda.
Según la tasación, el piso podría venderse entre 500 y 600 mil dólares, mucho más de lo que Massera está obligado a pagar. Si se tienen en cuenta el fallo de la Corte más los intereses, el dictador le debe a Tarnopolsky un poco más de 200 mil pesos. A esa suma hay que agregarle los honorarios del síndico, el martillero y los abogados de las partes. Aun así, el desembolso que tendría que hacer el Almirante Cero para evitarse la molestia del remate rondaría los cien mil dólares, si además se incluyen los 20 mil pesos que le reclama la AFIP por impuestos a las ganancias impagos. Evidentemente, el dictador pierde mucho más con la subasta que con el pago. Pero evidentemente también, no se trata de un pago cualquiera. Es, sobre todo, uno que Massera no quiere hacer.
“Este es el final de una etapa, de un juicio que comenzó hace 17 años y es una gran victoria que debo a la tenacidad y coraje de mi abogada. Es algo que se da dentro del contexto de todas las acciones que los familiares de desaparecidos, los ex detenidos y todos los amigos solidarios venimos haciendo desde el ‘76. Es un grano de arena también dentro de los acontecimientos nacionales como la recuperación de la ESMA como un espacio para la Memoria y los juicios en distintas partes del país. Esas son las cosas que te hacen reconciliar con la realidad, habiéndote sentido paria durante muchos años”, afirmó a Página/12 Tarnopolsky, quien donará el dinero que reciba de Massera a las Abuelas de Plaza de Mayo para que ayude en la búsqueda de los niños –ahora jóvenes– que siguen desaparecidos.
Tarnopolsky inició este juicio junto con su abogada Betina Stein después de que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida le impidieron encarcelar a los responsables de la desaparición de su familia. En septiembre de 1987 presentó una demanda por daños y perjuicios morales y financieros.
El 13 de julio de 1976 el hermano de Daniel, Sergio Tarnopolsky, que hacía la conscripción en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), le contó a su familia que había sido obligado a limpiar sangre en un sótano y que había encontrado documentos tirados en el piso. La noche siguiente llamó a su esposa, Laura De Luca, para avisarle que no iría a dormir porque lo habían acuartelado. El 15 secuestraron a Laura. Esa misma noche un Falcon verde estacionó en la puerta de la casa de la familia Tarnopolsky y un grupo de tareas se llevó a los padres, Hugo y Blanca. Daniel supone que su madre fue torturada para saber dónde estaba su hermana, ya que no demoraron en ir a buscarla a la casa de sus abuelos, donde había ido a dormir. El fue el único que se salvó. Pasó la noche en la casa de unos amigos cuya dirección sus padres desconocían. Toda la familia fue llevada a la ESMA. Daniel, entonces de 18 años, se fue a vivir a Chile, Israel y luego a Francia.
En 1994 el juez Oscar Garzón, con el fundamento de “la defensa del derecho a la vida” condenó a Massera, al ex comandante Armando Lambruschini y al Estado a pagar solidariamente (entre todos) un millón de pesos. La Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia pero perdonó a Lambruschini, condenó al Estado a aportar un millón de pesos y a Massera 125 mil. En 1999, la Corte confirmó esta decisión y el caso Tarnopolsky se convirtió en el primero en el que un represor de la última dictadura era obligado a pagar de su bolsillo una indemnización a una víctima.
La Corte, con los votos de Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor, reconoció el carácter permanente del delito de desaparición forzada, es decir, el hecho de que el crimen se sigue cometiendo hasta que no aparezca el cuerpo de la víctima. El tribunal destacó también que la figura de delito permanente “ha sido recogida recientemente en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas cuya ratificación fue autorizada por el Poder Ejecutivo nacional y goza actualmente de jerarquía constitucional”. Este expediente fue utilizado como jurisprudencia por el juez español Baltasar Garzón, quien embargó a los 98 procesados por genocidio, terrorismo y torturas en Madrid por más de 250 millones de euros.
Massera decidió ignorar el fallo de la Corte y se rehusó a pagarle a Tarnopolsky, por eso la Justicia le declaró la quiebra. Cuando la bandera de remate casi colgaba de su departamento argumentó que el piso de Libertador y San Martín de Tours era un bien de familia y por lo tanto no podía ser subastado. El 26 de junio del año pasado los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana Isabel Piaggi y Enrique Manuel Butty rechazaron el planteo porque el bien fue constituido como familiar después del hecho por el que tiene que responder, es decir, por la desaparición de la familia Tarnopolsky.
“El Estado pagó su parte pero Massera nunca quiso aceptar el dictamen de la Justicia. Sigue pensando que tiene la verdad y que todo esto es un complot de ‘la subversión internacional’. Son delincuentes, son asesinos y se siguen creyendo salvadores de la patria, pero no sé de qué patria. Creo que la cantidad de plata no le importa sino posicionarse ante los suyos y ante la historia como una víctima. Pero de estos individuos nada asombra, tienen un concepto un poco extraño del honor”, dijo Tarnopolsky.
Las propiedades del Almirante Cero y sus oscuras adquisiciones forman parte de la trama financiera del terrorismo de Estado de la que todavía hay mucho por descubrir. Fragmentos de estos hechos salieron a la luz por investigaciones periodísticas. En mayo de 1999, Página/12 reveló que la quinta donde Massera cumplía su arresto domiciliario por su responsabilidad en el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos fue adquirida en 1977 por un testaferro del marino, Roberto Castellanos. El hombre la compró en nombre de una sociedad a la que pertenecían la esposa, la nuera y uno de los hijos de Massera. Con los mismos escribanos, intermediarios y testaferros, el Almirante Cero se apropió de los terrenos mendocinos de Chacras de Coira, que pertenecían a los desaparecidos Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez.
Mientras el trámite judicial iniciado por Tarnopolsky se enmarañaba y desenmarañaba, Massera sufrió el derrame cerebral que casi lo mató. En la última visita que le hizo un empleado judicial –hace cinco meses– el dictador se movía con dificultad y hablaba de forma gutural, pero estaba consciente. Así que entiende que está preso, que en la ESMA habrá un Museo de la Memoria y que finalmente tendrá que responder, al menos materialmente, por el crimen de la familia Tarnopolsky.