El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo es una institución con mucho nombre pero con una historia raquítica. Se creó en 1991, tuvo su primera reunión en 1993 y después no se supo más hasta ayer. El motivo es que durante largos años la discusión sobre todos esos temas, y en especial sobre el salario, fue prácticamente inexistente. El Gobierno decidió quebrar la inercia y eligió como instrumento el olvidado Consejo, que volverá a juntarse el próximo jueves 26, con la presencia de 16 representantes patronales y 16 sindicales, más tres altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Carlos Tomada, que oficiará como presidente, explicó anoche que los participantes se concentrarán en la definición del nuevo salario mínimo, mientras que el resto de las cuestiones salariales, tanto para el sector privado como para el público, quedarán para ser debatidas aparte, en paritarias diferenciadas por actividad. Si bien el incremento del mínimo surgirá de una negociación, el Gobierno se moverá para llevarlo de 350 a 400 pesos.
Néstor Kirchner optó por llamar al Consejo para evitar una confrontación con el empresariado, que estaba monolíticamente opuesto a un nuevo decreto para recomponer haberes. Desde la devaluación, tanto la administración Duhalde como la actual apelaron al decreto en cuatro oportunidades para subir los salarios de los trabajadores del sector privado en 250 pesos, 200 de los cuales fueron incorporados a los sueldos y 50 permanecen como no remunerativos. Los gobiernos se ampararon en las facultades obtenidas por la Ley de Emergencia Económica, cuya vigencia se prorrogó hasta fin de año, por lo que el Presidente no tenía obstáculos legales para firmar una suba una vez más.
Sin embargo, primó la idea –defendida por Roberto Lavagna– de que cada sector de la economía resuelva su situación por separado. “No es lo mismo la construcción que la industria textil, ni un banco que una terminal automotriz”, describió Tomada, para justificar por qué no habrá aumentos por decreto y, en lugar de ello, se promoverán las paritarias. Tanto el ministro de Trabajo como el de Economía dejaron en claro que el Consejo tratará exclusivamente las cuestiones para las que fue creado: “El empleo, la productividad y el salario mínimo”, recalcó Lavagna.
Tal como adelantó ayer Página/12, eso significa que los haberes de los empleados públicos seguirán sin cambios hasta nuevo aviso. El Gobierno tiene que conseguir primero un acuerdo con los gobernadores, quienes resistieron una mejora unilateral de la Nación para no verse forzados a seguirle los pasos. Muchas provincias, empezando por Buenos Aires, alegan no tener recursos para costear un aumento a sus agentes. Kirchner le hizo saber a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que tiene vocación de elevar los salarios públicos, pero le pidió paciencia mientras resuelve la cuestión con las provincias. En conclusión, la paritaria para ajustar los sueldos de los estatales por ahora no tiene fecha. Entre otras razones, el Presidente atendió el reclamo de los gobernadores porque no quiere reabrir la pelea con el peronismo.
El Gobierno irá a las reuniones del Consejo desde el próximo jueves con algunas ideas definidas. En primer lugar, pretende que el salario mínimo se mueva de 350 a 400 pesos. A cambio de no recurrir al decreto, Tomada ya consiguió el respaldo empresario a esa medida. Al ministro se le escapó ayer que el aumento regirá desde el 1º de septiembre. Luego se corrigió y dijo, con una sonrisa: “Si es que primero hay acuerdo entre las partes”. Otra sugerencia que partirá del Ejecutivo será la incorporación a los salarios de los trabajadores del sector privado de los 50 pesos actualmente no remunerativos. A los empresarios se les hará difícil rechazar el planteo. Su principal interés era que el Gobierno dejara de intervenir con decretos para mejorar haberes.
Como se explicó más arriba, de ahora en más los aumentos saldrán de paritarias por sector. La opción no parece muy atractiva para los trabajadores, cuya fuerza de negociación es baja, con un desempleo de casiel 20 por ciento. Sólo el 33 por ciento de la fuerza laboral del país está en el sector formal: 19 en la actividad privada y 14 en la pública. El 67 por ciento restante son desocupados, informales o cuentapropistas.
La representación en el Consejo traerá cola tanto por conflictos que surgirán entre los participantes sindicales como entre los empresarios. En el primer caso, porque el Gobierno decidió que se integren tanto dirigentes de la CGT como de la CTA. Tomada aclaró que la central sindical de Azopardo aportará más delegados por su mayor representatividad. Sin embargo, para la CGT eso no es suficiente. Enfrentada a la CTA, quiere hacer valer la ley que determina que sólo puede acudir al Consejo “la central sindical con personería gremial”. Es decir, la CGT. Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios aceptaron la orden de Kirchner de hacerle espacio a la CTA, pero le dejarían un solo lugar, casi de favor.
Por el lado de los empresarios, Lavagna informó que habrá cuatro del agro (uno por cada entidad nacional), tres del comercio (CAC, CAME y UDES), dos de las finanzas y cuatro de la industria. Sobre estos últimos, el ministro indicó que serían “dos de la UIA y dos de Industriales”. Industriales está encabezado por Techint y funciona como un virtual desprendimiento de la central fabril. El Gobierno admitió después que la UIA es la que tiene personería para formar parte del Consejo y, lo mismo que en el caso de la CTA, es intención del Ejecutivo que Industriales pueda participar.
Con esas invitaciones especiales, el poder político se está involucrando en internas de gremialistas y empresarios, mostrando preferencias. Otro ejemplo es “la decisión de Kirchner de que la UOM tenga una silla en el Consejo”, a pesar de que no integra el consejo directivo de la CGT. Así lo dijo anoche Naldo Brunelli, tras un encuentro de parte de la conducción del sindicato metalúrgico con el Presidente en Casa Rosada.
Finalmente, Lavagna señaló que se invitará a tres asociaciones multisectoriales: AEA (de las grandes empresas y los grupos económicos), CGE (pymes) y la flamante CEEN (con pymes y cooperativistas).