Un funcionario del Gobierno se afloja y hace memoria. No es un setentista nostálgico. Está convencido de que el mundo no hizo pausa para que la Argentina hoy, simplemente, toque play. Pero no puede escaparle a un dato de su propia vida: en los ’70 militaba en La Matanza.
–Me acuerdo de las fábricas que recorría. Indiel, Borgward, Volkswagen... En todas trabajaban por lo menos cuatro mil tipos. Y eran obreros que ganaban bien. Hoy estarían en dos mil pesos y algunos, los más especializados, todavía más.
El funcionario compara aquella situación con ésta y describe lo que pasa. Registra el hacinamiento, la falta de trabajo, la caída brutal de ingresos y expectativas en poco más de treinta años, la aparición de la miseria y la indigencia, la extinción del empleo industrial organizado, la pérdida del tejido social que se construía alrededor de esos miles de operarios asentados en lo que aún era el cinturón fabril del Gran Buenos Aires.
El tema es frecuente en las charlas que mantienen los funcionarios incluso más allá de los ámbitos formales de la gestión pública. Aparece en los antiguos militantes y en los abogados laboralistas que tenían relación con el mundo sindical.
Es difícil advertir, hablando con los principales funcionarios de la administración de Néstor Kirchner, la ilusión falsa de que aquel polo industrial de La Matanza volverá.
Sin embargo, esa tradición figura en el ADN de la generación que está gobernando la Argentina, y sin duda tendrá su peso en la acción política.
Con el lanzamiento del consejo salarial, el Gobierno apuesta a una política: afirmar al Presidente también como un interlocutor de los trabajadores en blanco y no solo de los excluidos o la clase media urbana que sintoniza con el Gobierno por la reconstrucción institucional del Estado o la recuperación de la autoridad política.
Según explican los funcionarios, otro objetivo es ensanchar la franja del empleo registrado.
Y está, claro, el aspecto más práctico. Por un lado, en su costado económico: la suba de salarios en condiciones de inflación controlada crea un efecto reactivador. Por otro lado, en su dimensión social y política: aun con la formidable presión en contra del ejército de desocupados, es previsible un crecimiento de la conflictividad de los trabajadores organizados. En este sentido, la apuesta oficial es anticiparse y contar ya con los canales de diálogo y negociación que serán necesarios en muy poco tiempo más.
Por lo que puede deducirse de varios diálogos al más alto nivel, el Gobierno no se ilusiona con un modelo parecido al Pacto Social de 1973, con José Ber Gelbard arbitrando desde el Ministerio de Economía, en nombre de Juan Perón, entre la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica.
Los actores de hoy son mucho más complejos y las representaciones se astillaron en estos treinta años. No hay una sola representación sindical como entonces, porque ni siquiera la CGT unificada de Hugo Moyano, José Luis Lingeri y Susana Rueda rinde cuenta de la crisis sindical derivada, a su vez, de la crisis del trabajo en blanco, y además está la realidad de la Central de Trabajadores Argentinos, que abarca desde gremios estatales hasta los desocupados con base territorial. Tampoco hay un solo interlocutor en los empresarios. Está la UIA, y están los representantes del sector rural, pero de aquí a la semana que viene el Gobierno terminará conectando al Consejo con una pata en la gran empresa nucleada en la Asociación de Empresarios Argentinos y otra en el sector de las pymes.
¿El Consejo del Salario significa que Moyano habrá asumido el control de Raúl Castells? Demasiado simple. Puede ser que el Gobierno le pida a Moyano que lo haga. O que no se lo pida pero lo vea bien. O que Moyano haga el gesto como una buena acción ante el Gobierno. O que aparezca almismo tiempo como el que controla y el que agranda su poder. Y cosas parecidas pueden decirse de Castells.
Y Moyano, ¿es realmente la contraparte excluyente del diálogo que quiere emprender el Gobierno o significa el intento, también por anticipado, de no dejar fuera del escenario a un dirigente que entendió y cultiva el poder de las comunicaciones, del transporte, de la distribución y del correo? Hasta el modelo económico que comenzó en el Rodrigazo de 1975, nadie podía concebir al movimiento sindical sin la Unión Obrera Metalúrgica como columna. La UOM encabezó en 1975 el proceso que terminó con Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía y José López Rega como consejero de Isabel Perón. Una gran manifestación de obreros industriales los tumbó. Pero el modelo de desregulación y apertura económica ya no cambiaría, y un año después la dictadura haría sistemáticamente lo que Rodrigo había intentado a su manera. Kirchner recibió a la UOM nada menos que ayer mismo, cuando sus ministros Roberto Lavagna y Carlos Tomada anunciaron la creación del Consejo.
¿Volvió la UOM de siempre? La movida de Kirchner no suena a viejazo sino a picardía: cuando todos los actores, Moyano incluido, parecían consagrados, apareció uno que no estaba en el libreto. Otro sí figuraba de antes. Es Gerardo Martínez, el secretario del gremio de la construcción, que según algunas opiniones oficiales es el más organizado y el que sí podría dar mayor contención a la iniciativa laboral de algunas agrupaciones piqueteras.
El Gobierno parece haberse decidido, también en el plano social, a reconocer el equilibrio inestable que inevitablemente depara la Argentina. Debe cortejar a Moyano y no ser rehén de su poder y sus relaciones empresarias en el ramo del transporte. Contener a los piqueteros y desprenderlos de Castells. Acercarse a los “gordos” y privilegiar dentro de ellos a Rueda, que en el imaginario oficial debería aparecer ante la opinión pública como una dirigente presentable. Una gorda más bien flaca. Acordar un fortalecimiento de las obras sociales y no erosionar la administración de Graciela Ocaña en el PAMI u oxigenar a Luis Barrionuevo, colado en la unificación de los transportistas a través de los marítimos. Adelantarse a la pelea por el salario, e incluso alentarla, pero frenar una dinámica de confrontación generalizada. Darle aire a Víctor De Gennaro y asegurar la representación de los estatales. Mirar con un ojo el trabajo en blanco y con otro el trabajo en negro, y atender las necesidades de los dos.
Pensar que una política para los trabajadores registrados suplantará a las otras políticas sociales suena absurdo. “En el país hay millones de hermanos que son discapacitados laborales y es probable que muchos de ellos nunca consigan un trabajo”, dice, casi bíblico, uno de los funcionarios que hablaron con Página/12 a condición de reservar su identidad. “Habrá que atenderlos siempre”, agrega mientras aclara que esa constatación no disculpa cualquier demora en la creación de nuevos empleos.
Acaso el Consejo también pueda servir como símbolo y no solo como previsión de un cuadro de conflicto social. Activar la discusión del salario sería, así, un modo de decir que, por una vez, la Argentina no solo necesita encontrar una solución. Precisa crearse un problema.