Cuando presidía la Corte, Julio Nazareno logró que una resolución interna convirtiera el patrimonio personal de los supremos en un secreto. Poco antes de que lo destituyeran, dejó la toga sin haber revelado jamás públicamente sus bienes y con una jubilación de 14 mil pesos bajo el brazo. Pero ahora, sorpresa, el juez federal Sergio Torres quiere conocer cuántas propiedades y dinero tiene, para constatar si se enriqueció en forma ilícita. La semana pasada envió oficios al máximo tribunal pidiendo que le remitieran las declaraciones juradas confidenciales del ex socio del estudio de los Menem, su legajo personal, qué montos cobró por desarraigo pese a vivir en Capital Federal y qué bienes –autos, por ejemplo– que estaban secuestrados en causas judiciales usó como si fueran suyos.
En la Corte, algunos funcionarios consultados por Página/12 dicen que no creen que Nazareno tenga, al menos a su nombre, más que el departamento de Recoleta donde vive, quizás alguna propiedad en La Rioja y una chacra con plantaciones de mandarinas en Chumbicha, Catamarca, que solía visitar los fines de semana. Pero nadie conoce su fortuna a ciencia cierta. Quizás el único que pudo haber visto sus declaraciones juradas es el administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, un viejo aliado suyo. Reyes es quien sigue aún custodiando ese tipo de documentación en el tribunal y es quien debe preparar los papeles y los datos solicitados por Torres.
En la Corte informaron a este diario que prevén contestar la semana próxima los oficios enviados por el juez. La investigación judicial intenta determinar cuál era el patrimonio de Nazareno cuando fue nombrado supremo en 1990 y qué tenía en su haber cuando renunció, el 27 de junio del año pasado, después de que la Comisión de Juicio Político de Diputados aprobara un dictamen acusatorio con miras a removerlo. Pero, como en toda causa sobre posible enriquecimiento ilícito, no basta saber qué bienes reconocidos tiene un funcionario –algo que también fue solicitado al Registro de la Propiedad Inmueble–, sino conocer sus operaciones y las de su entorno. Por eso Torres pidió informes a todas las compañías de tarjetas de crédito para determinar el monto de sus gastos, le requirió al Banco Central que detalle sus depósitos bancarios, los movimientos de cada cuenta y las posibles inversiones. Los mismos datos fueron solicitados respecto de su esposa y sus cuatro hijos.
Otro punto que se intentará establecer es si Nazareno cobró ilegalmente un plus salarial por desarraigo, que está previsto para los integrantes del Poder Judicial que viven a más de 70 kilómetros de su lugar de trabajo, además de recibir pasajes aéreos gratis para viajar a La Rioja. Según la denuncia que dio origen a la pesquisa judicial –presentada el año pasado por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo y luego impulsada por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado–, el ex cortesano cobraba unos 2200 pesos mensuales como si hubiera seguido viviendo en la provincia de Carlos Menem, donde en los años ’80 había sido juez del superior tribunal local. Los denunciantes, además, contabilizaron 104 tickets de avión a la provincia norteña. También pedían constatar si es delito que Nazareno usara para ir al campo o a jugar al golf, como reveló este diario, por lo menos un auto Renault Laguna que había sido secuestrado a una mujer imputada en una causa por narcotráfico. El juzgado no descarta que se haya apropiado o transferido a la Corte otros bienes incautados en procesos judiciales en trámite.
La figura de enriquecimiento ilícito prevé de dos a seis años de prisión para quienes no justifican satisfactoriamente, ante un requerimiento judicial, cómo aumentó su riqueza en los años en que ocuparon cargos públicos. Por ese delito María Julia Alsogaray fue condenada a tres años de prisión efectiva en un juicio oral que terminó en mayo. Por lo mismo,el ex ministro de Justicia menemista Raúl Granillo Ocampo fue procesado la semana pasada en primera instancia.
En el expediente contra Nazareno, un riojano de familia catamarqueña, el análisis de su evolución patrimonial aparece asociado a otras cuestiones que Torres desglosó en quince imputaciones. Al delito de enriquecimiento ilícito podrían sumarse otros como incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) y malversación de fondos, entre otros.
Hay un punto clave que el juez analiza: la Corte, presidida por Nazareno, se negó en el año 2000 mediante una acordada a aplicar la Ley de Etica Pública que obligó a todos los funcionarios a publicitar sus bienes. Amparó a los magistrados que no quisieran transparentar su capital y estableció un procedimiento de lo más engorroso para los ciudadanos que quisieran conocer sus declaraciones juradas que, así, siguen guardadas bajo siete llaves en la administración del Poder Judicial (ver aparte). Cuando la Comisión de Juicio Político le pidió a Nazareno la suya, él –con toda tranquilidad– se negó a entregarla. Lo mismo hicieron sus pares, con excepción de Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Adolfo Vázquez, ahora en el ojo de la tormenta y cerca de la destitución, fue y es uno de los más fervientes opositores a la publicidad patrimonial. Mucho tiempo antes, años, del atentado que denunció la semana pasada, decía que temía por sus seguridad si se sabía cuánta plata tenía.
Otro eje de la investigación apunta a dilucidar si el ex supremo riojano buscó beneficiar a determinadas personas o empresas a través de sus fallos. Al renunciar antes de que lo echaran, Nazareno salvó su jubilación, que cobra todos los meses y es de unos 14 mil pesos, pero tal vez no pueda evitar que los cargos que formuló la Comisión de Juicio Político en su contra tengan consecuencias penales. Entre los asuntos bajo sospecha que aparecen enumerados en el expediente de Torres figuran:
u Si Nazareno favoreció, forzando las leyes, a Menem, Emir Yoma y otros imputados al liberarlos en la causa sobre la venta ilegal de armas. Si hizo algo similar al autorizar a Raúl “Tato” Romero Feris a ser candidato a gobernador de Corrientes pese a que estaba preso. Si intentó salvar al banquero Raúl Moneta y, en otra causa, a la empresa Sevel Grupo Macri.
u Si extorsionó al Poder Legislativo, usando las causas del corralito, para que desistiera de iniciarle juicio político.
u Si maniobró para beneficiar a las compañías telefónicas al convalidar el aumento de tarifas con el rebalanceo. También se estudia el perjuicio al erario en la causa Meller, donde según la Sigen se obligó al Estado a pagar a esa empresa 29 millones de pesos ya cancelados.
Ahora el juzgado tendrá que esperar a recibir toda la información que pidió. Si lo cita a declarar para dar explicaciones, se verá si Nazareno sigue cultivando un estilo bromista y desafiante. Aquel con el que lanzó un “dejate de joder” al final de una rueda de prensa en la que contestó al llamado que había hecho Néstor Kirchner por cadena nacional instando al Congreso a echar a los supremos automáticos.