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La renovación de la Corte Suprema es uno de los más eficaces intentos de restauración institucional del actual gobierno. La designación de Pablo Lanusse como interventor federal en Santiago del Estero fue otra medida orientada en el mismo sentido. La decisión del Supremo Tribunal contra la reforma constitucional impulsada por Lanusse (ver nota central) es un fuerte revés para la intervención. La paradoja es sólo aparente: la transparencia institucional no es una franquicia para el Gobierno. Mejora al sistema democrático pero puede derivar en costos inmediatos para el oficialismo. Si existiera una Corte adicta seguramente le hubiera ahorrado un mal trago a la Casa Rosada. Como no la hay, ayer la gente de Lanusse recibió un duro golpe.
La Corte, en su nueva integración, funciona como autónoma, sin esperar órdenes del Ejecutivo. Es una saludable novedad. Pero su fallo de ayer cayó como una bomba en Santiago del Estero. Ocurre que la reforma constitucional frenada por la Corte era la mejor baraja de la intervención para desbaratar el poder de los Juárez. La Constitución santiagueña tiene el sello de su inspirador, es taimada, concede demasiado poder al gobernador. La representación proporcional casi no existe, el Parlamento es colonizado por quien gana las elecciones.
Hay otras desmesuras. La Constitución permite designar a los llamados “comisionados municipales”, un engendro urdido por Juárez. Los designa el Ejecutivo provincial a dedo, sin que medien comicios. En Santiago del Estero, los 28 intendentes, electivos, sólo tienen poder sobre el ejido urbano de las ciudades y pueblos más grandes. Los 43 comisionados, digitados, administran los pueblos más pequeños y sus ejidos rurales. Los pueblos pequeños, el interior, las zonas rurales como suele ocurrir en tantas provincias argentinas, son la base política más sólida de su casta gobernante.
En la Casa Rosada ponderan que la ley de lemas, otra salvaguarda para el juarismo, puede ser derogada por ley, sin que la afecte el parate de la reforma constitucional. Algo es algo. Pero quizá no sea suficiente. El juarismo, mantenida su telaraña legal, queda más cerca de poder revalidarse en las elecciones por venir. Vale aclarar que la posibilidad de ese ominoso escenario no deriva exclusivamente de la decisión de la Corte Suprema. También de cierta inconsistencia en cómo se gestionó la decisión de nombrar a un funcionario ajeno a “la política” en general, y al PJ en especial. Designar a un outsider de la política fue un gesto generoso y hasta ejemplar. Hacerlo sustentable implicaba la necesidad de acompañarlo en la enmarañada tarea de construir, contrarreloj, una alternativa política en un territorio minado. Ni el gobierno nacional ni la intervención federal parecen haber estado a la altura del duro desafío.
Según reconocen altos funcionarios de la intervención, Lanusse (como era de esperarse) no tuvo la muñeca necesaria. Y sus laderos políticos, que debían granjearse su confianza y ser hábiles operadores, no terminan de conseguir ni lo uno ni lo otro. Demasiadas internas dividieron al entorno político de Lanusse quien, acaso, centró excesivamente su mira en las reformas institucionales, sin percatarse que ninguna de ellas perdurará si no la arraigan cambios políticos consagrados en las urnas.
En la Rosada se decía que, según encuestas oficiales, un 75 por ciento de los santiagueños se mostraba dispuesto a votar por la reforma constitucional. Sería una gran intención de participación en una provincia habituada a altos porcentajes de ausentismo electoral. Y nadie discute la buena imagen del interventor.
Pero, ahora sí paradojalmente, la intervención sufrió una derrota institucional, en la cancha de la Justicia donde Lanusse sí juega de local. Un traspié que complica la salida política. Y que pone de manifiesto las dificultades de la intervención que, más allá de lailuminación inicial, no las tuvo todas consigo y que corre el indeseable riesgo de ser un interregno entre dos gobiernos juaristas.