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El Gobierno le anunció a la Corte Suprema que habilitará una partida presupuestaria especial para pagar un aumento de sueldos a sus empleados y a todos los jueces. Los magistrados ya habían recibido una suba salarial del 10 por ciento otorgada en noviembre por el Consejo de la Magistratura, pero no se conformaban con ese monto y querían un 30 por ciento que posiblemente recibirán, a menos que haya algún sorpresivo cambio de planes.
El administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, recibió la noticia el lunes a la noche: Jefatura de Gabinete le avisó que aprobaría una partida de 11 millones de pesos, según informaron allegados al máximo tribunal. Ese dinero está destinado a dar un reescalafonamiento al personal de la Corte más el 10 por ciento de aumento salarial y a completar el 30 por ciento de incremento en los haberes de los jueces, incluidos los propios supremos.
Hasta ayer a la tarde Reyes no había sido notificado de la habilitación oficial del dinero, pero esperaba poder liquidar los sueldos correspondientes a los funcionarios de la Corte antes de año nuevo. Para el resto de los magistrados con rango hasta juez de Casación, el pago deberá hacerlo la directora de administración del Consejo de la Magistratura, Cristina Akmentis. Aunque el plenario de consejeros nunca convalidó la suba dispuesta por la Corte –e incluso en algún momento la cuestionó– la administradora tendría el pedido expreso de Enrique Petracchi (que preside ambos organismos) y el guiño de varios consejeros para abonar apenas disponga de la plata.
El esquema dispuesto por Jefatura de Gabinete, en principio no incluye a los funcionarios del Poder Judicial con rango inferior a juez. Para ellos el Consejo concedió una rejerarquización y pagó un plus del diez por ciento, pero no lo hizo con una partida presupuestaria específica sino utilizando el superávit que percibe periódicamente de la recaudación fiscal. El problema es que no se sabe hasta cuándo seguirán recibiendo ese excedente. El Gobierno, días atrás, evaluó cortarlo y, además, a través del Ministerio de Economía denunció al cuerpo de consejeros ante la Justicia Federal por no haber utilizado fondos autorizados.