En las oficinas de la empresa aérea Southern Winds (SW) todo era tensión. Aunque parecía sereno, ayer por la tarde el vicepresidente, Enrique Montero, ni siquiera encontraba alivio en la vista al Río de la Plata desde el piso 26 de Suipacha y Santa Fe. Su nombre había estado sonando en las radios toda la mañana. “Esto es un ensañamiento, quieren que SW termine de volar”, expresó ante Página/12 con resignación. Este diario le preguntó quién pretende perjudicarlos. “Y... somos mal mirados porque no les gusta nuestro acuerdo con el Estado, y el plan de Aerolíneas Argentinas sería ponernos palos en la rueda”, respondió este veterano abogado. En diálogo con este diario, diferentes fuentes de SW también apuntaron a TAS, la compañía que controla los equipajes de sus vuelos.
El acuerdo al que se refiere Montero es el aporte de sus aviones para la estatal Lafsa, que reunió a los trabajadores de Dinar y LAPA. “El daño ya está hecho, y para esta empresa familiar que se hizo desde abajo, desde el interior, es muy difícil de remontar”, se lamentó Montero. “Sin embargo tenemos la tranquilidad de que nosotros somos los denunciantes en todo esto”, agregó el abogado de la compañía, Eamon Mullen.
En tal sentido, dos altos miembros de la empresa que pidieron mantenerse en el anonimato ofrecieron a Página/12 su versión de los hechos. Especulan con dos hipótesis: los tres empleados despedidos e imputados por la Justicia (Walter Beltrame, Fernando Arriete y Claudio Baudino) eran parte de la banda de narcos o fueron utilizados por ella.
¿Cómo se enteraron del caso? Flavio Cañoto, encargado de SW en España, fue quien avisó. Lo había convocado la policía española el 22 de septiembre, pero cuando llegó al aeropuerto las valijas ya habían sido abiertas. Por eso Christian Maggio, gerente general de SW, en principio creyó que era “un rumor más”. Le preguntó a Cañoto si había visto la droga, y la respuesta fue negativa. A partir de ese momento, empezaron una “informal y cautelosa” investigación interna, en la que Beltrame, Baudino y Arriete adujeron que las valijas que viajaron solas eran de “pasajeros frecuentes” que iban a “conseguir financiamiento para la empresa”.
En coincidencia con los investigadores judiciales, en SW relatan que las valijas hicieron el recorrido habitual. Por lo tanto, también se preguntan qué pasó con los controles que debía realizar TAS y la Fuerza Aérea. “Acá hubo un mecanismo aceitado para perjudicar a la empresa más débil”, afirmó una de las fuentes. Y no dudó en señalar que “hay responsabilidad del Estado en todo esto”. Según un “non paper” que manejan en SW, que contiene información de medios españoles, la empresa TAS (Top Air Security) intervino en el concurso de Aerolíneas Argentinas para “pagar piadosamente a los acreedores que denuncian irregularidades” y así “allanar el camino hacia la salida de su trámite concursal”. La lectura que hacen es que TAS está vinculada a Aerolíneas, que es el principal competidor de SW.
Montero prestó una declaración espontánea ante el juez Carlos Liporace y le dijo que “ignoraba lo de las valijas” cuando viajó aquel 16 de septiembre junto con el millonario e ilegal cargamento, en el mismo vuelo. Y cuando declaró en la fiscalía no lo mencionó “porque no se lo preguntaron”. Cuentan sus allegados que cuando sus secretarias le informaron que había compartido la aeronave con la cocaína, al vicepresidente de SW “le subió la presión”. ¿Por qué Montero iba a España? Debía renovar en forma personal un crédito por 130 mil euros que le había otorgado el Banco Popular Español. “No lo podía creer, pero es una lamentable coincidencia”, aducen las fuentes.
En SW señalan a la fiscal Gabriela Ruiz Morales como responsable de no haber pedido a tiempo los videos que registran las maniobras en el aeropuerto de Ezeiza. Respecto de los allanamientos que pidió Ruiz Morales, la empresa considera que “no eran necesarios” porque dicen haberle hecho llegar “toda la documentación que requirió”. Respecto de los viajes de valijas “sin pasajero”, SW aduce que fue una anomalía porque ellos tienen “normas muy claras en materia de equipajes”. Pero Página/12 pudo saber que en el expediente declararon dos empleados de la compañía que admitieron que “a veces” se permitían este tipo de envíos.