Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El grupo de tareas que operaba en Santa Fe en los años oscuros se hacía llamar “La patota”. Tuvieron que pasar casi treinta años para que un juez de la Nación, Reynaldo Rodríguez, decida procesar a siete represores de la dictadura, entre ellos a su propio antecesor en el cargo, Víctor Brusa, por “asociación ilícita”. “Un pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo”, afirmó en el fallo: el primero de este tenor en la provincia y el primero en el país que imputa a un ex juez federal como “partícipe necesario” de una banda represiva. Los otros procesados son el suboficial retirado del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Nicolás Correa (que integró el elenco de funcionarios del primer gobierno de Jorge Obeid); el ex jefe de un centro clandestino de detención y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino; dos ex oficiales de Inteligencia de la policía de Santa Fe: Héctor “Pollo” Colombini y Eduardo Ramos, y dos ex carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada: Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aebi. Rodríguez les imputó también otros supuestos delitos: privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, en concurso real con la asociación ilícita; decretó la prisión preventiva de todos ellos y les trabó un embargo sobre sus bienes por 5 millones 600 mil pesos, a razón de 800 mil pesos por cabeza.
La causa se inició en 2002 por una denuncia del ex fiscal federal y hoy camarista Eduardo Freiler poco después de que Fernando de la Rúa rechazara el pedido de extradición de Brusa y compañía a España, donde están acusados por “terrorismo, genocidio y torturas” ante el juez Baltasar Garzón.
Cuando el expediente llegó a Santa Fe, Rodríguez fue uno de los primeros jueces del país en declarar la “inconstitucionalidad, invalidez y nulidad” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la “imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”. A lo largo de dos años, acumuló pruebas –una por una–, hasta que a principios de febrero ordenó la detención e indagatorias de los siete imputados.
Ayer dictó los procesamientos en una resolución fundada de 33 fojas, en la que repasa los cargos que pesan sobre cada uno.
- Víctor Brusa. Lo acusan trece denunciantes de presionar y amenazarlos para que reconozcan declaraciones tomadas bajo torturas por “La patota”, en los centros clandestinos. En ese entonces, Brusa era empleado del Juzgado Federal de Santa Fe, a cargo del ex juez Fernando Mántaras, ya fallecido. Una de sus víctimas, Ana María Cámara, recordó su paso por la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde Brusa le exhibió las “declaraciones firmadas bajo tortura” e intentó que las firme. “Yo las desconocí y denuncié apremios ilegales, pero él se puso sumamente excitado, gritó: ‘Ese no es el trato que habíamos hecho’. Y comenzó a tirar patadas de karate que me llegaban a centímetros de la cara”, relató. Los golpes de karate son mencionados también por otras ex detenidas, entre ellas Anatilde Bugna. “El (Brusa) tenía en sus manos la declaración que me habían tomado en La Casita”, un centro clandestino de detención en Santo Tomé.
- Colombini. Ana María Cámara lo reconoce como uno de sus torturadores en La Casita. “Si hay algo que no está claro para nosotros te volvemos de nuevo a la parrilla. De vos depende que mañana te encuentren al costado de una ruta o que salgas caminando de aquí”, le dijo Colombini. Le apuntó un arma en la sien y gatilló, pero el proyectil no salió de la recámara.
- Perizzotti. Ex comisario de la policía, era el jefe de los carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), otro eslabón del circuito represivo de Santa Fe. Dependía del ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Sus víctimas denunciaron que estaba a cargo de los traslados a centros clandestinos.
- Correa. Lo acusan diez personas. En los ’70 operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122. Y en el primer gobierno de Jorge Obeid (1995/99) fue el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia. El fallo del juez Rodríguez confirma que las denunciantes identifican a Correa por su alias: “El tío”. Otro de los testigos, Eduardo Almada, reconoció a Correa como el “jefe del operativo” del grupo de tareas que lo detuvo “en forma ilegal y bajo amenazas de muerte”.
- Ramos. Varias mujeres lo identifican como uno de sus torturadores. “Puede sostenerse –dice el juez– que Ramos, junto con otras personas no individualizadas, participó presuntamente en sesiones de torturas.”
- Facino. Fue jefe de la comisaría 4ª y hoy preside la comuna de San José del Rincón. Lo acusan varios testigos. Eduardo Almada relató su caída el 27 de octubre de 1976 y su traslado, primero a La Casita y luego a la comisaría 4ª en diciembre de ese año, donde “es indagado bajo amenazas de muerte, mientras otros sujetos lo torturaban”.
- Aebi. Ex carcelera de la GIR y encargada de los traslados. Anatilde Bugna la identifica como una de las participantes de un simulacro de fusilamiento.